La Justicia europea retira la inmunidad a Puigdemont y da luz verde a su entrega
El TGUE falla a favor del levantamiento de la inmunidad de la Eurocámara y el suplicatorio de Llarena
Carles Puigdemont.
El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha resuelto a favor del levantamiento de la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí por parte del Parlamento Europeo tras un recurso del expresidente catalán, que cuestionaban que dicha decisión fuera ajustada a derecho. La petición de retirada de la inmunidad fue a propuesta del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para poder reclamar la entrega a España una vez los tres dirigentes de Junts ya habían sido elegidos diputados de la Cámara comunitaria tras las elecciones europeas de 2019.
El tribunal europeo también ha dictaminado que fueron correctos los trámites que se llevaron a cabo para conceder el suplicatorio a la Eurocámara con el fin de que el Supremo pudiera abrir una causa penal por sedición a Puigdemont. Con esta decisión, el TGUE allana el camino para que el ahora eurodiputado de Junts sea juzgado por la justicia española después de huir a Bélgica en 2017 tras la declaración unilateral de independencia.
El tribunal ha desestimado «todos los motivos» alegados por la defensa de los tres eurodiputados, «en particular sus alegaciones según las cuales el Parlamento incurrió en error al concluir que el referido proceso judicial no se incoó con la intención de dañar la actividad de los diputados». Avala así el proceso de suplicatorio con el que la Eurocámara levantó la inmunidad a Puigdemont y los exconsellers.
Recurso ante el TJUE
La defensa de Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín alegó «persecución por motivos políticos» para instar a la Justicia europea a mantener su inmunidad, y durante el juicio sostuvo que el Parlamento Europeo no motivó de forma «suficiente y adecuada» la retirada de esta condición de la que gozan todos los diputados electos.
Con todo, el próximo paso de los abogados de los tres eurodiputados de Junts será recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y confían en que todavía queda un largo recorrido antes de que Puigdemont pise suelo español. A este respecto, Puigdemont ya ha expresado que «hoy no termina nada».
Por contra, el juez del Tribunal Supremo deberá reactivar las órdenes europeas de detención contra los tres eurodiputados para que sean entregados a España y puedan ser juzgados. Desde el Alto Tribunal consideran que la justicia belga no podrá volver a negarse a su entrega tras el levantamiento de la inmunidad y el aval al suplicatorio por parte del TGUE, ya que arrojan claridad a este mecanismo de cooperación mutua entre Estados.
Derogación de la sedición
La supresión del delito de sedición del Código Penal por parte del Gobierno de Pedro Sánchez aporta mayor complejidad al caso judicial que se dirime en Luxemburgo. Según ya avanzó la defensa de los independentistas, capitaneada por Gonzalo Boye, en caso de llegar al escenario actual reclamarían la necesidad de tramitar un nuevo suplicatorio ante la Eurocámara para juzgar a los tres eurodiputados por los delitos de desobediencia y malversación agravada (que son los delitos que ahora se le imputan tras la derogación de la sedición).
No obstante, el Supremo considera que el suplicatorio concedido sigue vigente porque la malversación estaba recogida en concurso medial y la desobediencia integrada en el delito de sedición como algunos de los actos perpetrados.
El precedente de Lluís Puig
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló contra Bélgica en el caso del exconsejero fugado Lluís Puig (que no es eurodiputado) cuando dictaminó «una autoridad judicial de ejecución no puede negarse, en principio, a ejecutar una orden de detención europea basándose en la falta de competencia del órgano jurisdiccional que habrá de enjuiciar a la persona buscada en el Estado miembro emisor».
Este tribunal de segunda instancia resolvía así a las cuestiones prejudiciales formuladas por el juez Pablo Llarena. El Tribunal Supremo se esperó en aquel momento al dictamen del TGUE para reactivar todas las euroórdenes.
