El TJUE falla a favor de Llarena y en contra de Bélgica por denegar la entrega de Lluís Puig

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto este martes las cuestiones prejudiciales formuladas por el juez Pablo Llarena con un fallo favorable a los intereses de España y en contra de Bélgica por no entregar al exconsejero de Cultura Lluís Puig procesado en rebeldía por su participación en el procés independentista y tras la solicitud de una Orden de Entrega Europea -euroorden- por parte de la Justicia española.

La Justicia comunitaria, con el ponente Lars Bay Larsen al frente, considera que el juez belga no puede negar las competencias del Supremo como autoridad para emitir euroórdenes contra los políticos independentistas fugados de la justicia.

«El TJUE declara que una autoridad judicial de ejecución no puede negarse, en principio, a ejecutar una orden de detención europea basándose en la falta de competencia del órgano jurisdiccional que habrá de enjuiciar a la persona buscada en el Estado miembro emisor», reza el órgano.

Abre la puerta al regreso de Puigdemont

En la misma línea, afirma que la justicia de Bélgica debió demostrar -y no lo hizo- que los políticos independentistas no recibirían un juicio justo en España, como afirma la defensa de los independentistas. «Los principios de confianza y de reconocimiento mutuos entre los estados miembros constituyen la piedra angular del sistema de cooperación judicial de la euroorden».

Esta resolución tiene también implicaciones para Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, dado que están pendientes que el Tribunal General de la Unión Europea resuelve sobre si gozan de inmunidad parlamentaria tras ser elegidos como eurodiputados de Junts per Catalunya. La sentencia se espera para esta primavera.

Siete cuestiones prejudiciales

El TJUE ha respondido a las siete preguntas del magistrado instructor de la causa del procés que envió el pasado 9 de marzo de 2021. Una vez el Parlamento Europeo retiró la inmunidad a los tres eurodiputados y después de que la justicia belga denegara la entrega de Lluís Puig por considerar que el Tribunal Supremo no era el órgano competente para juzgar al exconsejero catalán de Cultura.

En sus preguntas, Llarena pedía al tribunal europeo esclarecer si un estado como Bélgica podía cuestionar la competencia del Supremo para solicitar las euroórdenes; en qué supuestos de riesgo de vulneración de derechos fundamentales se puede congelar este mecanismo de confianza mutua entre Estados miembros; si el informe del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU es una prueba válida tumbar una euroorden, y si podía volver a enviar una euroorden contra una persona que, como es el caso de Lluís Puig, tiene una sentencia en firme contra la misma por parte de Bélgica.

Respalda el criterio del abogado general de la UE

El abogado general de la UE, Richard de la Tour, realizó un informe favorable al Estado español donde sostenía que Bélgica no debería haber negado la extradición de Puig. Según el letrado, Bélgica debería haber demostrado «deficiencias sistémicas» del poder judicial español para tomar la decisión que tomó, y tampoco podía determinar si el Supremo era o no el tribunal competente para juzgar a Puig. Además, dejaba claro que el ordenamiento jurídico española dispone de mecanismos para que Puig pueda resolver su situación.

El criterio del abogado general suele coincidir en su gran mayoría con el fallo del TJUE. Las partes del litigio son, además del Estado español y los fiscales del Supremo, Vox, el reino de Bélgica y la Comisión Europea. Además de Lluís Puig, también están personados Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Anna Gabriel y Marta Rovira.

Puig estrena abogado

Como informó THE OBJECTIVE, Lluís Puig decidió prescindir de los servicios de Gonzalo Boye. La defensa ahora corre en manos de Miquel Sàmper, exconsejero de Interior. El nuevo letrado envió un recurso al Supremo para que se le retire del delito de malversación tras la modificación del Código Penal realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Si Serret y Gabriel recurrieron al abogado vasco Íñigo Iruín, próximo a EH Bildu, para negociar con garantías sus respectivos regresos a España, la nueva defensa de Puig también busca un acercamiento con el Supremo para que caiga la malversación y puede volver con las mismas garantías de no pisar la cárcel.