Todos contra Saracho: el mexicano Del Valle se alinea con Ron y PwC al final del 'caso Popular'

Tres contra uno. Esa es la actual correlación de fuerzas entre los principales imputados en la Audiencia Nacional por la caída del Banco Popular. El empresario mexicano Antonio del Valle, quien fuese el máximo accionista de la entidad, ha presentado un escrito en el que pide el sobreseimiento de la causa y donde señala a la etapa del último presidente del banco, Emilio Saracho, como principal responsable de las irregularidades que llevaron a la resolución del Popular y su posterior venta al Banco Santander a cambio de un euro, a pesar de contar con un patrimonio de casi 11.000 millones de euros en activos.

Del Valle, a quien se investiga por una presunta campaña para hacer caer en picado el precio de las acciones del banco, se alinea así en su estrategia final de defensa a la auditora PwC y al también expresidente del Banco Popular Ángel Ron, imputados por su presunta responsabilidad en la caída de la cuarta mayor entidad financiera de España en junio de 2017. A la espera de que el juez José Luis Calama dicte un auto poniendo fin a la investigación judicial y ordenando la apertura de juicio, tras haberse cumplido a finales de abril la última prórroga de una instrucción que se ha prolongado durante casi seis años, todos ellos han apuntado a Saracho como presunto responsable de la crisis de liquidez que llevó a la resolución del banco.

En su escrito, remitido a la Audiencia Nacional el pasado lunes y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Del Valle dice que las cuentas del Popular durante la presidencia de Ron reflejaban la imagen fiel del estado del banco y apunta a que la declaración de inviabilidad de la entidad se produjo el 6 de junio de 2017 de una forma «anómala», no consentida por el Consejo de Administración de la entidad y de forma inducida por Saracho en una reunión urgente del Consejo de la que ni siquiera existen actas que corroboren al detalle lo discutido y aprobado por los consejeros.

La resolución del Popular

«Los consejeros de Banco Popular declararon, por tanto, la inviabilidad del Banco sin que previamente, por parte de los asesores asistentes al Consejo de 6 de junio de 2017, se les explicaran las verdaderas consecuencias que dicha declaración de inviabilidad implicaba. No fueron conscientes, porque no se les explicó, de que el envío de la carta al BCE declarando el likely to fail implicaba estar autorizando la resolución de Banco Popular», indica en su escrito Del Valle, quien llegó a controlar un 25% de las acciones de la entidad en el año 2013.

El empresario mexicano apunta directamente a las irregularidades denunciadas durante la instrucción por varios de los consejeros que participaron en la reunión extraordinaria del 6 de junio de 2017, en la que se acordó la declaración de inviabilidad del Banco a pesar de contar con un patrimonio de 11.000 euros en activos. Una reunión que a la postre acabó provocando la disolución de la entidad y su posterior venta al Santander, a cambio de un euro, a instancias del Gobierno de Mariano Rajoy y de las autoridades europeas.

Por el contrario, y en línea con lo que han alegado Ron y PwC desde hace meses, Del Valle entiende que la investigación judicial ha corroborado que la entidad cumplió con la normativa contable y no tenía ningún problema de liquidez hasta la llegada de Saracho a la presidencia del Popular, en diciembre de 2016. «De lo instruido resulta que la entidad cumplió siempre las ratios regulatorios de capital y liquidez, no existiendo incumplimiento de ningún tipo. Las cuentas anuales de 2015, últimas publicadas antes de la ampliación de capital, y las cuentas anuales de 2016, expresaron la imagen fiel de la entidad», afirma el empresario mexicano.

Avala la ampliación de 2016

Del Valle subraya en este sentido, además, la legalidad de la ampliación de capital llevada a cabo por el Banco Popular durante el año 2016. En la misma, suscribió junto al resto de inversores mexicanos a los que representaba un total de 100 millones de euros en nuevas acciones de la entidad, de los cuales 32 millones fueron invertidos en nombre de la propia familia Del Valle, una de las más poderosas de México. «De no haber confiado en la información facilitada, no hubiera invertido su dinero, ni recomendado al resto de inversores mexicanos que invirtieran el suyo», señalan sus abogados en su escrito al juez Calama.

El empresario mexicano insiste en que se archiven las actuaciones en su contra debido a que nunca tuvo poderes ejecutivos para participar en la toma de decisiones de la entidad, ya que solo formó parte de ella como accionista de referencia y consejero externo. Además insiste en que, desde esa posición alertó, reiteradamente de sus preocupaciones en cuanto al rumbo del banco y las filtraciones a la prensa. También subraya que las ampliaciones de capital que se investigan en la causa tuvieron el aval de los organismos reguladores, además de bancos de inversión y firmas auditoras encargadas de supervisar esas operaciones.

Ya en abril del pasado año, y por primera vez, Del Valle apoyó una batería de diligencias solicitadas por Ángel Ron para esclarecer las presuntas irregularidades detectadas en el Consejo de Administración del 6 de junio de 2017, en el que se aprobó la resolución del Banco Popular. Pedían investigar las actas de manifestaciones entregadas ante notario por seis exconsejeros que participaron en aquella reunión urgente, así como una serie de correos electrónicos intercambiados entre responsables de la entidad presidida entonces por Saracho y asesores legales externos, pertenecientes al despacho Uría Menéndez, bufete que también representaba al Banco Santander.

Los e-mails del ‘caso Popular’

Según la versión de Ron, esos documentos acreditarían que al menos desde el 1 de junio de 2017, y presuntamente a espaldas de varios consejeros de la entidad, «ya se estaba preparando el posible escenario de una resolución, elaborando una ‘concreta propuesta de actuación’ y una ‘Nota’ sobre el concepto de inviabilidad». Aludían a un acta de manifestaciones que el fallecido exconsejero del Banco Popular Jaime Ruiz Sacristán entregó ante notario el 3 de agosto de 2017 y en el que «se exponen las presuntas irregularidades de la reunión convocada por el señor Saracho el 6 de junio de 2017, y celebrada el mismo día, por la que se les ‘requirió’ de forma ‘urgente’ para aprobar la declaración de inviabilidad de la entidad financiera».

En el acta entregada ante notario, Ruiz Sacristán manifestó que en la citada reunión del Consejo «únicamente se discutió acerca de los problemas de liquidez por los que estaba atravesando el Banco con motivo de la retirada masiva de depósitos en las semanas anteriores». «Dicha iliquidez (sic) estaba generando una situación potencial de riesgo de que el día 7 de junio de 2017 y siguientes el Banco no pudiera hacer frente a sus principales obligaciones y se explicó que era necesaria la intervención del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco Español para tratar de frenar la fuga masiva de depósitos», indicaba Sacristán en el acta denunciada ante notario.

Entre otras cuestiones, los correos electrónicos que Ron pedía investigar al juzgado revelaban que «no fue hasta el 28 de junio cuando a los consejeros se les remitió un acta parcial (no completa) de la reunión del Consejo de Administración del Banco celebrada el 6 de junio». Además, no se habría identificado a los letrados del despacho Uría Menéndez que estuvieron presentes en la reunión junto a Saracho y que leyeron -pero no dieron por escrito- un borrador «previamente confeccionado» de la carta que se enviaría al BCE indicando que la entidad estaba en una situación que se concretaba en la expresión inglesa «likely to fail».

Portazo de la Audiencia Nacional

A la citada reunión extraordinaria del Consejo de Administración del Banco Popular, algunos de los consejeros acudieron presencialmente mientras que otros, entre ellos Ruiz Sacristán, asistieron por teléfono. Durante esa reunión estuvieron presentes dos letrados del despacho Uría Menéndez que dieron lectura a una carta que iba a ser enviada al BCE para declarar la inviabilidad o iliquidez del banco. Sin embargo, tanto Calama como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazaron admitir las diligencias solicitadas por Ron y Del Valle el pasado año. Unas pesquisas con las que intentaban demostrar que la resolución del banco pudo evitarse bajo la presidencia de Emilio Saracho, quien sucedió a Ángel Ron en el cargo a finales de 2016.

El juez instructor, que hizo suya la posición de la Fiscalía al respecto, señalaba en su auto de marzo de 2022 que la finalidad de las diligencias propuestas por el abogado de Ron no eran de utilidad ni necesarias por no formar parte del objeto de la investigación. Esto último, a pesar de que en otro auto del 8 de abril de 2021 el propio juez Calama dijo que no procedía al archivo de las actuaciones solicitado por Emilio Saracho al entender que aún debían practicarse nuevas diligencias para determinar si durante la «etapa Saracho» se podría haber incurrido en un delito de administración desleal o de manipulación del mercado.

El juez alegaba entonces que aún era necesario tomar declaración a varios testigos para esclarecer si se habían cometido o no irregularidades durante la etapa en la que el expresidente del Banco Popular estuvo al frente de la entidad. Fueron 108 días durante los cuales, y en palabras del propio magistrado José Luis Calama,«el Banco Popular colapsó tras sufrir un súbito ‘shock’ de liquidez que conllevó a que con fecha de 6 de junio de 2017 el Banco Central Europeo transmitiera a la Junta Única de Resolución (JUR) la inviabilidad de la entidad».