Vocales del CGPJ dicen que la remodelación de Guilarte amenaza la validez de sus decisiones
Sostienen que la reordenación de dos comisiones propuesta por el nuevo presidente pone en riesgo su viabilidad
Fachada del CGPJ.
Cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -tanto conservadores como progresistas- han denunciado en un voto particular que la reordenación de las comisiones Permanente y Disciplinaria llevada a cabo por el nuevo presidente interino, Vicente Guilarte, es «manifiestamente contraria a Derecho», por lo que han advertido de que podría afectar a la validez de las decisiones que adopten.
En un voto particular, al que ha tenido acceso Europa Press, los vocales progresistas Álvaro Cuesta y Clara Martínez de Careaga y los conservadores Juan Martínez Mora, Juan Manuel Fernández y Nuria Díaz Abad se desmarcan del acuerdo adoptado en el Pleno extraordinario del pasado martes, que sirvió para reorganizar todas las comisiones del CGPJ -las ya citadas más la de Asuntos Económicos- tras la entronización de Guilarte como nuevo presidente interino el 20 de julio.
Los firmantes denuncian, en concreto, «el trasvase de miembros» de la Comisión Disciplinaria a la Permanente -órgano ejecutivo del CGPJ-. Y ello porque, según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la primera funciona como un «tribunal» con un mandato de cinco años, mientras que la segunda debe renovarse anualmente para que todos los vocales puedan pasar por ella, si bien exceptúa expresamente a los integrantes de la Disciplinaria.
En este sentido, recuerdan una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) en diciembre de 2016, la cual «reconoce que la integración de un miembro de la Comisión Disciplinaria en la Comisión Permanente resulta cuando menos dudosa».
Por ello, estos cinco vocales votaron en contra del acuerdo del pasado martes, al considerar que «es manifiestamente contrario a Derecho, lo que puede afectar a la validez de todos los acuerdos que en el futuro adopten tanto la Comisión Permanente como la Comisión Disciplinaria».
Sin «transparencia»
Además, reprochan a Guilarte que no haya respetado «la claridad y transparencia debidas» al no haber incluido la remodelación de las comisiones como «punto expreso» del orden del día, aportando los documentos necesarios para que el conjunto del Pleno pudiera estudiar el asunto con antelación, como es costumbre.
«Nada de esto ocurrió», afean. «Los vocales que firmamos este voto particular ni siquiera fuimos consultados previamente sobre nuestro parecer o preferencias, como se hizo en ocasiones anteriores», lamentan.
«Es más», añaden que «en el transcurso del Pleno hubo vocales que, no teniendo limitación legal para participar en otras comisiones, expresaron su deseo de que se les adscribiera a otra de las comisiones distinta de aquélla a la que habían sido asignados, sin que esta cuestión se sometiera a debate alguno, omitiendo diálogo e imponiendo la propuesta».
También señalan que «esta nueva composición de las comisiones legales resulta cuando menos sorpresiva» porque cuando el anterior presidente suplente, Rafael Mozo, llegó al cargo, el pasado 13 de octubre, el Pleno decidió no tocar ninguna comisión salvo la de Asuntos Económicos, para incluir en ella al siguiente vocal del turno judicial de mayor edad.
A su juicio, «la claridad y transparencia debidas exigían haber incluido en el orden del día como punto específico el relativo a dejar sin efecto dicho acuerdo», el del 13 de octubre de 2022, y, al no hacerlo, recriminan que se hizo «inoperante la debida colegialidad, que es la esencia de este órgano constitucional».
La extravagancia de Guilarte
Por último, llaman la atención sobre «la extravagante disociación» que se ha hecho «entre la figura del presidente suplente y la de miembro de la Comisión Permanente», por cuanto el primero siempre encabeza dicha comisión.
A este respecto, explican que la nueva composición de las comisiones surtirá efectos a partir del 1 de agosto, mientras que la participación de Guilarte en la Permanente no lo hará hasta el 1 de septiembre.
Cabe recordar que la Comisión Permanente es el órgano que adopta las decisiones del día a día en el CGPJ, de ahí que la ley que rige al actual Consejo exija una «dedicación exclusiva» y lo compense con un salario bruto anual de unos 125.000 euros.
Los firmantes de este voto particular son los mismos -salvo la vocal progresista Pilar Sepúlveda- que la semana pasada forzaron que el Pleno dejara negro sobre blanco que quien ejerza la Presidencia interina debe tener esa misma «dedicación exclusiva» para provocar que Guilarte renunciara a sus trabajos como profesor y abogado, después de que un sector del CGPJ planteara la posibilidad de que siguiera compatibilizando actividades.
Además, cuatro de ellos -Cuesta, Martínez Moya, Fernández y Díaz- se han visto afectados por la remodelación de la Comisión Permanente. Guilarte les ha sacado para incluir a las progresistas Roser Bach y Mar Cabrejas y a las conservadoras Carmen Llombart y Ángeles Carmona, manteniendo únicamente a Sepúlveda y José Antonio Ballestero de la anterior Permanente.
