Los minoritarios del 'caso Popular' denuncian «presiones» al juez para favorecer a Saracho
Tras el limbo estival, el juez Calama tendrá que dilucidar varias incógnitas en una causa cuya instrucción acabó en abril
Una sucursal del Banco Popular, adquirido por Santander en 2017. | Europa Press
Tras vivir su particular limbo estival, el caso Popular se adentra en su fase final. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama deberá resolver en este inicio de curso varias incógnitas que siguen en el aire, a pesar de haber transcurrido ya cuatro meses desde que finalizó la última prorroga de instrucción de la causa. Un periodo de tiempo en el que ninguna de las acusaciones o las defensas han solicitado ampliar la investigación judicial, abierta desde hace casi seis años para intentar esclarecer responsabilidades por la resolución del Banco Popular en junio de 2017 y su posterior venta al Santander a cambio de un euro a pesar de contar con un patrimonio de 11.000 millones en activos
El juez no ha dictado aún un auto de transformación o procesamiento para cerrar definitivamente un caso que ha llegado a su recta final sin una línea clara de investigación que permita aventurar cuál será el futuro de los principales imputados. Entre otros, los expresidentes de la entidad Ángel Ron y Emilio Saracho y la auditora PwC. La situación de espera se prolonga desde finales de abril y está empezando a generar inquietud entre las partes. Algunas informaciones publicadas desde entonces en los medios de comunicación han desatado múltiples rumores y han provocado la queja de una las principales acusaciones del caso, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec).
La plataforma que realizó la primera denuncia para pedir la apertura de una investigación penal sobre la caída del Banco Popular remitió antes de las vacaciones estivales un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 4 en el que se denuncian supuestas presiones mediáticas para favorecer presuntamente al que fuese el último presidente de la entidad entre diciembre de 2016 y junio de 2017, según documentos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
En concreto, la Aemec se refiere a un artículo publicado a principios de junio por un diario digital en el que se aseguraba que «el juez cerrará la instrucción del caso Banco Popular antes de fin de mes y exonerará a Saracho». En la misma información se aseguraba que el magistrado José Luis Calama no plantearía acusación alguna contra el último presidente del Popular al «no haber encontrado ningún indicio en la operativa» por la que figura aún como investigado en la causa. Por el contrario, la misma noticia afirmaba que sí se mantendrían como imputados al anterior responsable de la entidad, Ángel Ron, y parte de su cúpula directiva. Dos meses después de la publicación de aquella información, aún no se ha cerrado oficialmente la instrucción y Saracho sigue figurando entre los investigados por el juez.
«Ataque a la independencia del juez»
«Nosotros percibimos que tales afirmaciones publicadas», señala la Aemec en su escrito a Calama, «pretenden presionar a su señoría, al juez, para que siga el camino que ellos le quieren trazar, por muy inviable que nos parezca semejante pretensión». «Claro que no nos preocupa la repercusión que ello vaya a tener en el juez, pero sí y mucho la intención con la que se hace. Porque creemos que publicaciones de esta naturaleza lleva consigo un ataque a la independencia del juez, ¡con la gravedad que ello entraña!», añade la asociación que defiende de los inversores minoritarios del Banco Popular que perdieron sus acciones por la resolución de la entidad en 2017.
La noticia a la que alude el escrito de la Aemec no es la única información que se ha publicado en los medios durante el verano apuntando a una posible exoneración de Saracho cuando el juez cierre de forma oficial la instrucción. En esas informaciones, así como en el propio escrito presentado por la organización que defiende los intereses de los accionistas minoritarios afectados por la desaparición del Popular, se vuelve a poner de manifiesto una de las principales incógnitas que el juez Calama deberá resolver antes de dar carpetazo a la causa: la dicotomía entre Ron y Saracho.
‘Caso Popular’: dicotomía Ron- Saracho
Las dos principales líneas de investigación exploradas durante la instrucción de la causa, iniciada por el juez Fernando Andreu en 2017 y continuada después por José Luis Calama, se han centrado en esclarecer las presuntas responsabilidades penales de los dos últimos presidentes del Banco Popular. Por un lado, la posible manipulación contable por parte de Ron y su equipo para camuflar pérdidas en las cuentas de la entidad antes de la ampliación de capital llevada a cabo en el año 2016.
En paralelo, la investigación judicial ha tratado de esclarecer lo ocurrido durante la etapa de Saracho al frente de la entidad: 108 días durante los cuales, y en palabras escritas por el propio magistrado José Luis Calama en un auto de 2021,«el Banco Popular colapsó tras sufrir un súbito shock de liquidez que conllevó a que con fecha de 6 de junio de 2017 el Banco Central Europeo transmitiera a la Junta Única de Resolución (JUR) la inviabilidad de la entidad». En ese auto, el propio juez Calama dijo que no procedía el archivo de las actuaciones solicitado por Emilio Saracho al entender que aún debían practicarse nuevas diligencias para determinar si durante su etapa como presidente de la entidad se podría haber incurrido en un delito de administración desleal o de manipulación del mercado.
Esta línea de investigación quedó paralizada a finales de 2021, tras tomar declaración a una serie de funcionarios de organismos reguladores españoles y europeos. Aunque el juez nunca ha dado por cerrada la investigación sobre la etapa Saracho, los últimos meses de pesquisas se centraron en los informes ampliatorios solicitados por el juez al Banco de España para intentar esclarecer si durante la presidencia de Ron (dejó el cargo a finales de 2016) se alteraron las cuentas de la entidad para ocultar pérdidas. Sin embargo, los peritos del organismo regulador llegaron a trasladar al juez que era imposible hacer con carácter retroactivo los cálculos que solicitaba el juez y mantuvieron sus primeras conclusiones respecto a que el banco era solvente cuando Saracho asumió las riendas de la entidad. Según los inspectores del Banco de España, el Popular tenía entonces una crisis de liquidez, pero no de solvencia.
Del Valle y Pwc se alinean con Ron
A este argumento se aferran las defensas de Ron y otros imputados para intentar dirigir las miradas del juez de nuevo hacia la etapa Saracho. Durante los últimos cuatro meses, tanto Ángel Ron como PwC, además de dos de socios auditores de esta firma y el que fuese máximo accionista del Popular, el magnate mexicano Antonio del Valle, han solicitado al juez el sobreseimiento de las actuaciones respecto a ellos. Lo han hecho respaldando las cuentas presentadas durante la etapa de Ron y apuntando a Saracho como principal responsable de las irregularidades que llevaron a la resolución de la entidad y su posterior venta al Banco Santander.
El último presidente de la entidad, por su parte, también ha pedido el archivo de las actuaciones en su contra al entender que la instrucción no ha permitido acreditar indicio algunos sobre los hechos que se le imputan. Ante esta dicotomía entre Saracho y Ron, la última prórroga de la instrucción del caso Popular concluyó hace ya cuatro meses sin que el juez haya hecho movimiento alguno desde entonces y sin que haya una línea clara de acusación que permita pronosticar qué imputados se sentarán finalmente en el banquillo de los acusados.
