La Asociación de Fiscales critica el «silencio» de su jefe tras pedir Puigdemont impunidad judicial
Reprochan a García Ortiz que este miércoles firmara dos decretos sobre otros asuntos, pero que no dijera nada sobre el expresident
Una pancarta con la foto del expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont. | EP
La Asociación de Fiscales (AF) censuró este jueves que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, guarde «silencio» tras reclamar el expresidente catalán Carles Puigdemont que la Justicia «dé un paso atrás» en todas las causas abiertas contra él y el independentismo catalán.
La Comisión Ejecutiva de la AF valoraba así la rueda de prensa dada este martes por Puigdemont en Bruselas, en las que dijo que para apoyar la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, debe aprobarse una amnistía y decaer todas las acciones judiciales abiertas contra el secesionismo catalán.
A este respecto, estos fiscales se quejaron de que, «trascurridas más de veinticuatro horas desde que tal exhortación llegara desde Bruselas, el fiscal general del Estado nada ha tenido por oportuno decir».
Reprochan a García Ortiz que este miércoles firmara dos decretos sobre otros asuntos y los mandara a las Fiscalías territoriales, pero que no dijera nada sobre Puigdemont. «El silencio ante la gravedad de lo pedido (por el expresidente catalán) no es una opción válida para quien ostenta la dirección del Ministerio Fiscal», apuntan.
Sánchez lo «alimenta»
La AF hace esta crítica al fiscal general después de asegurar que las palabras de Puigdemont sobre la impunidad judicial «poco pueden sorprender», ya que este exmandatario autonómico y otros dirigentes públicos parecen justificar la «politización de la Justicia».
Para estos fiscales, politizar la acción de los tribunales es una «herramienta puesta al servicio de quienes no creen en la separación de poderes ni en el respeto a las instituciones constitucionales». Añaden que también se aprovechan «quienes desdeñan las esenciales funciones que las mismas desarrollan en el mantenimiento del Estado de derecho por cuanto se oponen a sus particulares intereses y que, lejos de estar amparados por el ordenamiento jurídico, lo contravienen en forma de delito primero y de fraude de ley después».
Al mismo tiempo, estos funcionarios consideran que la demanda de Puigdemont de impunidad judicial viene reforzada por la declaración que en su momento hizo Sánchez de que la Fiscalía «depende» del Gobierno. Para la AF, hacer este tipo de reflexiones «alimenta» que haya quien pida no rendir cuenta ante los tribunales.
