El espaldarazo del Banco de España a Ron redirige el 'caso Popular' hacia la etapa Saracho
Un informe remitido al juez Pedraz avala la gestión del Banco Popular en los tres años previos a la resolución de la entidad
El expresidente del Banco Popular, Ángel Ron (d), a las puertas de la Audiencia Nacional. | Europa Press
No solo considera un éxito y un acierto la ampliación de capital de 2012 del Banco Popular. En su último informe remitido a la Audiencia Nacional, el Banco de España también ha dado un contundente respaldo a la gestión de varios de los principales imputados en las dos causas que se instruyen en la Audiencia Nacional sobre la caída del Banco Popular: el expresidente Ángel Ron, su exvicepresidente Roberto Higuera, la compañía Price Waterhouse Coopers (PwC) y el que fuese socio auditor de esta última, José María Sanz Olmeda.
Este espaldarazo viene recogido con detalle en el reciente informe que el Banco de España ha enviado al juez Santiago Pedraz, que investiga las presuntas irregularidades en la ampliación de capital del año 2012. Un extenso documento de 210 páginas donde los peritos del regulador financiero no se limitan solo a definir como un «éxito» y un «acierto» aquella operación por importe de 2.500 millones de euros, tal y como adelantó THE OBJECTIVE.
Además, el informe de los inspectores del Banco de España también respalda muchos de los principales argumentos jurídicos que Ángel Ron y PwC han defendido durante la instrucción del otro caso Popular que se investiga en la Audiencia Nacional. El Juzgado Central de Instrucción número 4, cuyo titular es actualmente José Luis Calama, investiga desde hace casi seis años la ampliación de capital del año 2016 y la crisis que llevó a la resolución del Banco Popular en junio 2017, ya con Emilio Saracho como presidente.
Caso Popular: Ron vs Saracho
La última prórroga de la causa instruida por el juez Calama, originalmente conocida como caso Popular, expiró en abril. La investigación está agotada. No obstante, el magistrado aún debe decidir entre las dos principales líneas de investigación que se han explorado durante la instrucción del caso Popular: Ron o Saracho. Y es que en esa otra causa que instruye el juez Calama, además de Ron y PwC -como ocurre en la investigación de Pedraz-, también figuran como imputados el expresidente Emilio Saracho, varios de sus exdirectivos y, entre otros antiguos responsables del Popular, el exaccionista mayoritario Antonio del Valle.
En un reciente escrito remitido a Calama, el magnate mexicano y exaccionista de referencia del Popular se alineó con la estrategia de defensa en la que coinciden desde hace varios meses Ron, sus exconsejeros, así como PwC y sus socios auditores investigados. Apuntan a que la gestión del banco era solvente cuando, a finales de 2016, Ángel Ron dejó la presidencia de la entidad y Saracho asumió las riendas.
El auto de transformación o procesamiento de ese magistrado se producirá después de haberse conocido el contundente respaldo del Banco de España, en la causa que instruye Pedraz, a la gestión realizada por la cúpula directiva de Ron entre 2012 y 2015 en el Popular, con la supervisión de PwC. Esto podría redirigir las conclusiones finales del juez Calama hacia otros de los principales implicados en uno de los mayores misterios de la historia reciente de la banca en España. La caída del Banco Popular, con un patrimonio en activos valorado en más de 11.000 millones de euros, y su posterior venta a cambio de tan solo un euro al Banco Santander.
La etapa Saracho
Los abogados del último presidente del Popular han defendido en todo momento la gestión de la entidad durante los 107 días en que Saracho estuvo al mando, así como la decisión aprobada por el Consejo de Administración de comunicar la resolución del banco a las autoridades europeas en junio de 2017. Esta línea de investigación sobre la etapa Saracho se encuentra paralizada desde 2021. Los dos últimos años han transcurrido sin diligencias al respecto, a pesar de que el juez Calama ha rechazado en varias ocasiones desimputar a Saracho.
En paralelo, y como segunda línea principal de investigación, el magistrado ha encargado varios informes periciales ampliatorios al Banco de España para intentar acreditar una posible manipulación contable durante la etapa de Ron. Alguno de esos informes apuntaba a la posible falsedad contable en la tasación de inmuebles y otras operaciones contables. Pero en sus propias conclusiones, los peritos del Banco de España denominaron como «suposiciones teóricas» sus cálculos.
Los inspectores del organismo regulador consultados por Calama, por el contrario, ratificaron con contundencia lo que ya habían concluido varios años antes en su primer informe sobre el caso Popular: en el momento en que se anunció la ampliación de capital de 2016, aún con Ángel Ron de presidente, la entidad no atravesaba por problemas de liquidez y en ningún caso era insolvente.
Avala la gestión de 2012 a 2015
En su último informe aportado en la causa que investiga el juez Pedraz, sobre la ampliación de capital del 2012, el Banco de España ha rellenado buena parte del hueco temporal (2012-2015) que separa las dos causas abiertas en la Audiencia Nacional sobre la caída en desgracia del Banco Popular. Las conclusiones del Banco de España son un contundente aval a la ampliación de capital de 2012, pero también un rotundo espaldarazo a la gestión del Consejo de Administración, entonces presidido por Ángel Ron, durante los tres años siguientes.
«En general, acudir a la ampliación de capital fue una buena inversión, tal y como lo demuestra la cotización de la acción, con revalorizaciones importantes en casi los tres años posteriores a la ampliación de capital, en gran parte fruto de la mejor situación financiera del banco tras las medidas de capital y saneamiento adoptadas», señalan los peritos del Banco de España en el informe remitido al juez Pedraz.
Un periodo de tiempo en el que, según estos peritos, se cumplieron las recomendaciones efectuadas por las autoridades comunitarias tras los test de estrés a la banca, y se adoptaron medidas que contribuyeron al «saneamiento» del Banco Popular, permitiendo que la entidad pudiera sobrevivir sin tener que ser intervenido ni recibir ayudas públicas durante los tres años siguientes.
En esta ocasión, y a diferencia de los informes ampliatorios enviados al magistrado Calama, los inspectores del Banco de España no dejan lugar a duda de sus conclusiones en su último informe. No hablan de suposiciones teóricas, sino de hechos objetivos. Respaldan la ampliación de 2012 poniendo como ejemplo la revalorización de la acción durante casi tres años. Defienden que la operación «fue en gran parte fruto de la mejor situación financiera del banco tras las medidas de capital y saneamiento adoptadas» por los responsables del banco, que entonces eran el presidente Ron, su cúpula y la auditora PwC.
Ampliación de 2012
«A este éxito contribuyó decisivamente el que la inmensa mayoría de los miembros del Consejo de Administración invirtieran su dinero, suscribiendo entre todos ellos el 20% de la ampliación», indican los peritos del Banco de España en el informe enviado a Pedraz. «¿Quién invierte 500 millones de euros en algo sabiendo que va a perder su dinero?», señalaría Ángel Ron durante su declaración como imputado ante el juez que investiga la ampliación de 2012.
El Banco de España recuerda que una de las condiciones para la aprobación del folleto fue que los consejeros adquiriesen al menos el 20% del nuevo capital de la ampliación. Y añaden los inspectores en el informe, que la operación «sin duda» contribuyó «a que se lograran en gran medida los objetivos previstos con la ampliación».
«La evolución del valor de la acción en bolsa en los meses posteriores muestra que, en general, los inversores consideraron la operación muy beneficiosa, produciéndose desde muy pronto revalorizaciones relevantes de la acción, incluso por encima de la media del mercado», concluyen los peritos del Banco de España en un informe que podría ser decisivo en la causa que investiga Pedraz. Y que rellena también algunas lagunas en el caso Popular sobre el que Calama tendrá que decidir próximamente a quién procesar y por qué delitos concretos.
