Llarena pregunta a Puigdemont si ha pedido al TJUE que le devuelva la inmunidad
El juez otorga 10 días al expresidente catalán y a Antoni Comín para que justifiquen la presentación del recurso
El juez Pablo Llarena llama a filas a Carles Puigdemont y Antoni Comín. El instructor del procés ha dictado este martes una providencia en la que concede un plazo de 10 días a ambos procesados para que justifiquen la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Les insta a explicar si han solicitado que se les devuelva la inmunidad parlamentaria. El expresidente catalán recurrió el viernes, aunque no solicitó medidas cautelares. Las fuentes consultadas precisan que puede hacerlo hasta que la justicia comunitaria resuelva.
Llarena toma esta decisión una vez que ha finalizado el plazo para interponer recurso de casación contra la sentencia adoptada el 5 de julio de 2023 por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que ratificó la decisión del Parlamento Europeo de conceder el suplicatorio contra Puigdemont y Comín. Ambos dirigentes y Clara Ponsatí fueron elegidos parlamentarios en las elecciones europeas celebradas en 2019.
El TGUE dictaminó que los trámites que se llevaron a cabo para conceder el suplicatorio a la Eurocámara con el fin de que el Supremo pudiera abrir una causa penal por sedición a Puigdemont fueron correctos. Con esa decisión, el TGUE allanó el camino para que el ahora eurodiputado de Junts sea juzgado por la justicia española después de huir a Bélgica en 2017 tras la declaración unilateral de independencia.
Los argumentos de Puigdemont
En una providencia del pasado 27 de julio, el instructor del procés acordó tener por presentadas las peticiones de la Fiscalía y de la acusación particular para que se reactivasen las euroórdenes y órdenes internacionales de detención contra Puigdemont y Comín, pero estableció que resolvería sobre las mismas cuando el TJUE se pronunciase sobre eventuales medidas cautelares que ambos procesados pudiesen presentar contra la decisión que adoptó el TGUE en julio.
Puigdemont presentó a última hora del viernes, apurando al máximo el plazo, un recurso ante el TJUE contra la citada decisión del TGUE. Este tribunal echó por tierra todos los motivos formulados por los eurodiputados. En particular, sus alegaciones sobre que el Parlamento Europeo no tuvo en cuenta que el proceso judicial se puso en marcha con la intención de dañar la actividad de sus miembros.
Llarena dejó sin efecto las euroórdenes de detención el pasado enero a la espera de que se resolviera la cuestión de la inmunidad. Las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE sostienen que el TJUE podría fallar a mediados de octubre, en un momento clave para España, cuya gobernabilidad depende del apoyo del partido de Puigdemont a la investidura de Pedro Sánchez.
El expresidente catalán ya fue detenido en Alemania, Bélgica e Italia, pero las autoridades locales rechazaron su entrega a España hasta que no exista una resolución firme de la justicia comunitaria. En España, el Tribunal Constitucional revisará en pleno en las próximas semanas la decisión de la Sección de Vacaciones de no admitir a trámite el recurso de Puigdemont contra la última orden de detención dictada por el Tribunal Supremo.
Dicha Sala, formada por una exigua minoría de magistrados, rechazó a principios de septiembre la petición de Puigdemont para evitar la última orden de detención dictada por Llarena. Desestimó la petición por dos votos a uno (que emitió un voto particular) al considerar que no aportaban indicios de una vulneración de derechos. La Fiscalía recurrió el procedimiento aludiendo a que la Sección no tenía entre sus limitadas competencias la de emitir una resolución que entrara a fondo en el recurso.