Jucil eleva al Supremo una demanda por el traspaso de Tráfico al Gobierno de Navarra
La asociación de la Guardia Civil considera que «ni se ha modificado el régimen foral ni se comunicó a los agentes»
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha elevado al Tribunal Supremo una demanda por el traspaso de Tráfico a Navarra al considerar que «ni se ha modificado el régimen foral ni se comunicó a los guardias civiles». Según indica en un comunicado, impugna el paso de esta competencia del Estado al Gobierno de Navarra porque se ha llevado a cabo mediante una norma «con insuficiencia de rango», según recoge EFE.
El procedimiento judicial que se inició contra el Gobierno de España y en el que se ha personado como codemandado el Gobierno de Navarra, impugna el traspaso de competencias realizado sobre la base de la insuficiencia de rango de la norma en la que se basa.
Jucil argumenta que de forma previa a este traspaso debería haberse modificado el Estatuto de Autonomía de Navarra, la ley orgánica denominada Ley de Amejoramiento del Fuero.
La asociación considera además que la decisión afecta a la vida de muchas personas, en concreto a los integrantes de la Agrupación de Tráfico que desarrollan su labor en la Comunidad Foral,» muchos de ellos navarros o radicados allí desde hace muchos años y que se encuentran en la encrucijada de tener que elegir otros destinos en diferentes puntos de España, lo que supone importantes cambios tanto para ellos como para sus familias».
Al respecto apunta que al tratarse de una disposición que afecta de manera clara al colectivo de guardias civiles destinados en Navarra en vacantes de tráfico y a quienes puedan estar interesados en estarlo, «debería haber sido remitido previamente a las asociaciones profesionales y al Consejo de la Guardia Civil, tal y como establece la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de noviembre».
Jucil considera que, a pesar de la complejidad técnica de esta demanda ante el máximo tribunal de Justicia en España, resulta «imprescindible» para la defensa de la permanencia de la Guardia Civil en las carreteras de Navarra y si se decide que no sea así, que se haga «mediante el cumplimiento estricto de los procedimientos legalmente establecidos».