Bartomeu defiende que no hubo cohecho del Barça porque la RFEF es una entidad privada
El expresidente del FC Barcelona presenta un recurso de apelación contra el último auto del caso Negreira
Josep Maria Bartomeu en un acto cuando era presidente del FC Barcelona. | Zuma Press
Josep Maria Bartomeu ha recurrido la última decisión del juez del caso Negreira. El magistrado imputó la semana pasada a todos los investigados un delito de cohecho, independiente al de corrupción deportiva que ya se investigaba. El expresidente del FC Barcelona ha presentado este martes un recurso en el que asegura que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Comité Técnico de Árbitros (CTA) son entidades privadas que no forman parte del sector público y que, por tanto, no pudo existir dicho delito.
En el recurso de apelación, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Bartomeu, que presidió la entidad entre 2014 y 2020, atribuye ese cambio de postura del instructor al «nulo resultado de la investigación». En su opinión, el juez no ha podido demostrar que el Barça pagara 7,5 millones de euros a José María Enríquez Negreira para beneficiarse de los arbitrajes durante los años en los que actuaba como número dos del CTA.
La defensa del expresidente culé, ejercida por el abogado José María Fuster-Fabra, sostiene que el juez no ha podido probar «que algún árbitro fue influenciado» por Negreira «siguiendo un plan urdido por él mismo y el FC Barcelona». Esa acusación, insiste, solo se sostiene sobre la base de que el vicepresidente del CTA entre 1994 y 2018, año en el que cesaron los pagos, era un funcionario público que recibía dinero de un particular.
Los pagos del Barça
Una hipótesis a la que, asegura Bartomeu, se llega «sin más prueba que la que ambas partes han reconocido: asesoramiento que prestaba un árbitro jubilado». El texto, de 15 páginas, insiste en que la naturaleza jurídica de la RFEF y del CTA es privada, por lo que no se le pueden aplicar las leyes administrativas del sector público. Eso supondría dejar sin efecto el delito de cohecho que el juez le imputó a Bartomeu, al expresidente Sandro Rosell y al FC Barcelona en su auto del 27 de septiembre.
El recurso presentado por Bartomeu sostiene que si Negreira era funcionario público aunque no percibiese remuneración alguna por su cargo en el CTA, «con más motivo lo habría sido» el expresidente de la RFEF Luis Rubiales, a quién no pudieron cesarle «ni la Administración ni el Consejo Superior de Deportes ni el Ministerio de Deportes» por su imputación por agresión sexual y coacciones por el polémico beso a Jenni Hermoso.
«No hay ni puede haber objeto del proceso pues la realidad de una relación contractual entre el FC Barcelona y las empresas de Enríquez Negreira es lo único que subsiste desde el primer momento», destaca el escrito presentado por Bartomeu. El recurso afirma que la imputación por cohecho, delito que se «carece de significación para el derecho penal».
La defensa de Bartomeu considera que, para que exista esa conducta penal, es obligatorio que las «dádivas, presentes o retribuciones de cualquier naturaleza» sean solicitadas o recibidas por un empleado público a cambio de la «realización de un acto en el ejercicio de su cargo». En el sumario, subraya, no aparece ningún indicio de que Negreira adulterara las competiciones en benefició del Barça durante el periodo bajo sospecha, que va desde 2001 a 2018.
«Corrupción sistémica»
En opinión del exdirigente azulgrana, Negreira «carecía totalmente de poder para realizar ninguno de los actos que se le atribuían», por lo que «su influencia en la designación de árbitros o cualquiera otra era inexistente». El documento explica que el presidente Joan Laporta ya declaró que los pagos al ex número dos del CTA se habían efectuado «como prestación a la elaboración de unos informes referentes a las actuaciones arbitrales (…) que atañían al FC Barcelona».
En un auto publicado en agosto, el juez que instruye el caso, Joaquín Aguirre, sostuvo que los pagos del Barça a Negreira destaparon la existencia de «una corrupción sistémica» en el estamento arbitral que pretendía favorecer al equipo azulgrana. En su opinión, el Real Madrid y «cualquier otro equipo de Primera División» podían considerarse víctimas de la supuesta trama.
El magistrado consideró necesario abrir una pieza separada para investigar los pagos del club azulgrana a Negreira y a su hijo. Considera que el número dos de los árbitros pudo influir en los resultados deportivos, ya que era el encargado de «clasificar técnicamente a los árbitros a tenor de las correspondientes evaluaciones y proponer al presidente de la RFEF los ascensos y descensos» de los colegiados.
Bartomeu replica al juez que «no hay un solo dato objetivo» que acredite que los pagos del Barça a Negreira acarreasen «una desigualdad en el trato» de los colegiados en la competición y, mucho menos, que la entidad azulgrana haya salido beneficiada, por lo que niega la «corrupción sistémica» que advirtió el magistrado en agosto. La reciente atribución del delito de cohecho se suma a las acusaciones por blanqueo de capitales, falsedad documental y administración desleal.
