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La Guardia Civil registra la Federación Española de Fútbol por orden del juez del 'caso Negreira'

Los agentes se han personado este jueves en las dependencias del Comité Técnico de Árbitros

La Guardia Civil registra la Federación Española de Fútbol por orden del juez del ‘caso Negreira’

Sede de la Real Federación Española de Fútbol. | Alberto Ortega (Europa Press)

La Guardia Civil está practicando este jueves una entrada y registro en las dependencias del Comité Técnico de Árbitros en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por orden del juez de Barcelona que investiga los pagos realizados por el FC Barcelona, han informado a Europa Press fuentes judiciales.

La diligencia se está llevando a cabo en la investigación del juez Joaquín Aguirre y participan agentes del Grupo de Delitos Económicos de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Zona de Cataluña. Fuentes de la investigación han informado a EFE de que efectivos del Grupo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Unidad de Policía Judicial de Barcelona se han personado en torno a las 9:00 horas en la sede de la federación en busca de documentos en las oficinas del Comité Técnico de Árbitros.

En concreto, se busca documentación sobre la causa en la que figuran como imputados los expresidentes del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell. No se prevé detenciones, según añaden fuentes policiales.

El pasado día 5 el juez de Barcelona que investiga el caso Negreira determinó que si bien no se encontraban indicios de que el FC Barcelona comprara árbitros con el «tradicional método de pago» para un partido concreto, apuntaba una «forma novedosa de posible retribución ilegítima» mediante una «posible corrupción sistémica» al calificar y designar colegiados.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona reconoce que, por el momento, no se ha podido averiguar el destino dado por el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enriquez Negreira y su hijo a los cerca de siete millones de euros que les pagó el FC Barcelona entre los años 2001 y 2018.

El juez considera que en este caso se da una «forma novedosa de posible retribución ilegítima a árbitros de fútbol», en un contexto de «posible corrupción sistémica en el seno del CTA» en la época en que Negreira era vicepresidente de este organismo y el FC Barcelona le pagó unos siete millones de euros, según el club azulgrana para que elaborara informes sobre árbitros y arbitrajes.

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