Los funcionarios de Justicia recurrirán la subida salarial de los letrados aprobada por Llop
Los sindicatos acusan al Gobierno de incumplir el Estatuto del Empleado Público al saltarse la negociación colectiva
Funcionarios de Justicia protestan a finales de mayo ante la sede del ministerio. | Carlos Luján (Europa Press)
Los funcionarios de Justicia moverán ficha. UGT y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han anunciado que recurrirán la subida salarial de 450 euros al mes de los letrados de la Administración de Justicia aprobada este martes en el Consejo de Ministros. El aumento es fruto de un acuerdo firmado entre estos trabajadores y el departamento de Pilar Llop a finales de marzo, pero los sindicatos consideran que vulnera el derecho fundamental de negociación colectiva. Acusan al Gobierno saltarse el Estatuto Básico del Empleado Público.
CSIF considera que «el acuerdo previo a la subida no pasó por la preceptiva mesa de negociación», sino que se pactó con las asociaciones de los letrados de Justicia. A su juicio, esto «vulnera gravemente la ley de libertad sindical y el derecho de negociación colectiva», que recoge el artículo 36 del Estatuto Básico del Empleado Público.
El sindicato ya adelantó en mayo que recurriría el acuerdo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Ahora, tras conocer la decisión del Consejo de Ministros, ha elevado su protesta al Ministerio de Justicia. El departamento que dirige Llop les ha planteado retomar las negociaciones en cuanto haya un nuevo Gobierno.
Retomar las movilizaciones
«De no ser así, se volverán a retomar las movilizaciones», advierte Javier Jordán, portavoz de CSIF. El dirigente sindical explica a THE OBJECTIVE que los servicios jurídicos de su organización ya están trabajando en el recurso. No obstante, hay que esperar a que el aumento retributivo aparezca publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para ver quién lo firma, vital para acertar con la instancia ante la que se debe interponer la querella, que podría llegar al Tribunal Supremo.
Antonio Lozano, de UGT, también anuncia que su sindicato va a demandar el acuerdo por vulnerar los derechos fundamentales. En su opinión, las partes implicadas en el acuerdo de marzo se saltaron un paso fundamental, el de la mesa de negociación. «El Gobierno obvió algo tan importante como la negociación colectiva. Tiene que pasar por la mesa delegada», critica el dirigente sindical. CCOO, en cambio, prefiere esperar antes de dar el paso.
«Nos parece muy aventurado recurrir algo que aún no ha salido publicado en el BOE. Cuando lo haga, nuestros servicios jurídicos lo estudiarán», reconoce Luis Calero, portavoz de CCOO. Donde sí coinciden los sindicatos es en exigir que negocie una mejora «para toda la plantilla». El departamento de Llop plantea negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto una vez que se constituya el nuevo Gobierno. De no ser así, las organizaciones volverán a los paros.
Ya lo advirtieron en julio, cuando decidieron suspender la huelga por la inminencia de las elecciones generales. Los sindicatos reiteraron su intención en la apertura del año judicial a principios de septiembre, cuando pidieron al Gobierno acabar con «el clasismo» tras el desprecio mostrado «hacia el 93% de la oficina y los miles de funcionarios de Justicia que secundaron las movilizaciones».
Evitar la huelga
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los acuerdos para hacer efectiva la subida salarial de 450 euros pactada con los letrados de la Justicia hace siete meses, que debió entrar en vigor en julio. La medida también favorecerá a jueces y fiscales, que en mayo acordaron con el Gobierno mejorar su retribución para evitar la huelga. Los primeros se quejan de que aún debe darse cumplimiento a otros aspectos del pacto, como la aprobación de un nuevo Estatuto Orgánico del Cuerpo de Letrados.
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la subida se aplicará de forma progresiva con diferentes hitos a finales de este año y a mediados del año que viene para completar el acuerdo retributivo a partir del 1 de julio de 2024.
Las asociaciones judiciales y fiscales se han congratulado por la decisión. No obstante, reconocen que faltan por materializarse otras medidas de «capital importancia» incluidas en el acuerdo que alcanzaron con el Ministerio de Justicia el pasado 23 de mayo. Entre ellas destacan el incremento de plazas de jueces y fiscales en las próximas convocatorias y la creación de grupos de trabajo preparatorios para la próxima mesa de negociación, prevista para mayo del año que viene.
