El Gobierno aprueba la subida salarial de los letrados de Justicia con tres meses de demora

Los letrados de la Administración de Justicia verán cómo sus nóminas aumentan en 450 euros a partir del próximo mes. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los acuerdos para hacer efectiva la subida salarial pactada con estos trabajadores hace siete meses y que debió entrar en vigor en julio. La medida también favorecerá a jueces y fiscales, que en mayo acordaron con el Gobierno mejorar su retribución para evitar la huelga.

«Con tres meses de retraso se empieza a dar cumplimiento, si bien parcialmente, al acuerdo que puso fin a más de dos meses de huelga indefinida. Quedan aún por cumplir el resto de medidas que se recogieron en dicho acuerdo y que exigimos se hagan efectivas sin dilación», ha solicitado este martes los sindicados de los letrados de Justicia en un comunicado al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Entre esas medidas se encuentra la aprobación de un nuevo Estatuto Orgánico del Cuerpo de Letrados que, entre otras cuestiones, «elimine la cuarta categoría», establezca el régimen de los encargados del Registro civil, regule el régimen de libranzas y garantice la efectividad de la audiencia a las asociaciones. También piden que se apruebe el decreto regulador del régimen de sustituciones (tras cuatro años de haberse suspendido el anterior) o el desarrollo del actual sistema retribuciones variables.

Las demandas al Gobierno

«Hemos dado luz verde al acuerdo de actualización salarial de los jueces y fiscales; y a lo que afecta a los letrados de Justicia, incrementos retributivos que cumplen con los acuerdos que se alcanzaron este mismo año», ha precisado la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Montero ha explicado que la subida se aplicará de forma progresiva con diferentes hitos a finales de este año y a mediados del año que viene para completar el acuerdo retributivo a partir del 1 de julio de 2024. Además, ha apuntado que en el caso de los letrados de Justicia ese incremento de se suma a «otras medidas de mejora de sus condiciones salariales y retributivas que se aprobaron también en acuerdos del Consejo de Ministros anteriormente».

Tras las elecciones generales del 23-J, los letrados de la Justicia presentaron una demanda contra el Gobierno en el Tribunal Supremo para exigirle que cumpliera el acuerdo firmado el pasado 28 de marzo. Ese día, los letrados y el Ministerio de Justicia firmaron un texto que incluía una subida salarial de hasta 450 euros brutos mensuales. De esa forma se ponía fin a una huelga que se había alargado durante dos meses.

La disputa comenzó a finales de enero, cuando los trabajadores públicos solicitaron mejoras salariales para compensar la carga de trabajo que dicen haber asumido en los últimos años. El límite para ejecutarlo el pacto finalizaba en julio, aunque el acuerdo tenía carácter retroactivo desde principios de año.

Nueva amenaza de huelga

El último Consejo de Ministros celebrado antes de los comicios no aprobó el incremento retributivo acordado con los letrados de la Justicia, lo que llevó a los funcionarios a anunciar nuevas medidas de presión y activar la vía judicial. El Gobierno se excusó en que estaba en funciones para demorar la aprobación del aumento retributivo. Los letrados de la Justicia amenazaron entonces con nuevas medidas de presión y las organizaciones de jueces y fiscales volvieron a agitar el fantasma de la huelga.

El Ministerio de Justicia, que dirige Pilar Llop, ya avisó a mediados de septiembre a los operadores jurídicos de que los acuerdos firmados tenían efectos retroactivos y que no corrían ningún peligro. Tras resolverse en conflicto con jueces, fiscales y letrados, queda pendiente el que mantienen abierto los funcionarios de la Administración de Justicia, que suspendieron la huelga por las elecciones del 23-J.