El dueño de la discoteca que ardió en Murcia tiene pendientes varios procesos por usura
Juan Inglés Rojo, que estuvo en prisión provisional, está acusado de un delito continuado de estafa
El empresario Juan Inglés Rojo en las puertas del juzgado en 2018. | The Objective
Francisco García necesitaba dinero para comprar un audífono. Un viejo amigo, Juan Inglés Rojo, le explicó que podía conseguirlo fácilmente a través de un préstamo. Para activarlo le pidió la escritura de su casa, que estuvo a punto de perder por las condiciones leoninas del contrato. Lo evitó un juez. No es el único caso. De hecho, el dueño de una de las discotecas que ardió el pasado domingo en Murcia, donde murieron 13 personas, tiene aún varios procesos judiciales pendientes por estafa y usura.
Los procedimientos en trámite, por vía civil, siguen su curso en distintos juzgados de Murcia. En las próximas semanas, Inglés tendrá que someterse a un nuevo juicio acusado de delitos de estafa, apropiación indebida y usura, según han confirmado fuentes judiciales a THE OBJECTIVE. Algunos de esos procesos derivan de causas que comenzaron hace casi dos décadas.
El propietario de Teatre ya se ha enfrentado a algunos con anterioridad. Incluso llegó a pasar un breve periodo en prisión provisional, según publicó La Opinión de Murcia. Inglés fue acusado hace una década de delitos de escrituras falsas, estafa y apropiación indebida por sus labores en Omarcux, una empresa de préstamos con la que colaboraba. No obstante, fue absuelto en septiembre de 2018.
Captar inversores
Las fuentes consultadas explican que su función en esa sociedad era captar inversores. Al parecer, actuaba como una especie de testaferro. Inglés gestiona en la actualidad una veintena de sociedades, entre ellas Teatre Murcia, una de las salas afectadas por el incendio donde murieron 13 personas hace una semana. El local carecía de licencia y tenía una orden de cierre del Ayuntamiento desde enero de 2022. Un juez ya ha abierto diligencias para investigar lo sucedido.
El proceso requerirá tiempo, por lo que el empresario tendrá que enfrentarse antes al menos a tres causas judiciales que arrastra desde sus tiempos en Omarcux. La empresa ahora se llama Iniciativa Única 62 SL, aunque no existe ni rastro de Inglés. La Fiscalía le acusa de un delito continuado de falsedad documental y otro de estafa en un caso que se remonta a 2007. Pide para él seis años de prisión por haber engañado a seis inversores con una cantidad cercana a los 400.000 euros mediante préstamos «casi leoninos».
Uno de los afectados es Fernando Martínez, que entregó a Inglés 26.760 euros para prestarlos a José Martínez Roda. El primero recibió un pagaré falso supuestamente firmado por el segundo, por importe de 29.733 euros y garantizado con una hipoteca inexistente (de la que le dio una copia falsificada) que gravaba una vivienda en la localidad murciana de Cabezo de Torres. Acusa a Inglés de apropiarse del dinero entregado.
En otras ocasiones, el acusado entregaba el dinero a auténticos prestatarios que firmaban el pagaré y la garantía hipotecaria. Después del impago, el propio Inglés, tras pedir el documento original al inversor, ejecutaba el efecto, pero mediante un testaferro. Ejecutada la hipoteca, el propietario de Teatre Murcia no reintegraba el dinero al inversor, que seguía esperando en vano la devolución.
Gente sencilla y desinformada
Inglés también se verá las caras en otros dos procesos con Pedro Capote, abogado de varias víctimas que ya ha conseguido dejar sin efecto algunos de los procesos. Un portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Murcia afirma que algunos casos «flagrantes» como el de Francisco García se consiguieron parar, pero que las desventuras del propietario de Teatre han supuesto que otros estafados pierdan su casa.
Las fuentes consultadas explican que Inglés contactaba con gente sencilla y desinformada para ofrecerles ayuda o remunerar de forma generosa sus ahorros de toda la vida. Les prometía unos intereses superiores a los que el banco les pagaría. El inversor aceptaba y les entregaba sus ahorros recibiendo un «pagaré». Si no cumplían su parte, lo cual resultaba complicado, reclama la deuda por vía judicial.
El préstamo era «casi leonino», tanto por el rédito como por las condiciones de su concesión, el plazo breve de devolución y la abismal diferencia entre el importe del préstamo y el valor del bien inmueble que lo garantizaba. Normalmente no se podía pagar, por lo que se echaba mano de la garantía hipotecaria que contenía.
