Dos asociaciones de fiscales piden apartar a Dolores Delgado por «tráfico de favores»
Las organizaciones aseguran que su nombramiento incurre además en una «desviación de poder»
El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal de Memoria Democrática, Dolores Delgado. | Europa Press
La Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han formalizado los recursos que habían anunciado ante el Tribunal Supremo (TS) para anular el nombramiento de la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos al considerar que es fruto de un «tráfico de favores» entre ambos y de una «desviación de poder» por parte de su sucesor en el cargo, Álvaro García Ortiz.
La AF, asociación mayoritaria de la carrera fiscal, reclama en su escrito –al que ha tenido acceso Europa Press– que se retrotraigan las actuaciones al momento anterior al que el fiscal general del Estado propuso a Delgado para el cargo; ello «a fin de que emita una nueva propuesta». Como consecuencia de la nulidad, también solicita que se declare la nulidad de todos los actos realizados por Delgado en el ejercicio de sus funciones como fiscal de Memoria Democrática.
La asociación defiende que cuando se acordó el nombramiento el fiscal general estaba en «situación de interinidad» por la convocatoria de elecciones generales, lo que –a su juicio– lleva a entender que «debería excluirse de sus facultades la propuesta del nombramiento de nuevos fiscales de sala».
«Si el CGPJ en funciones no puede proponer el nombramiento de magistrados del TS porque su mandato está expirado, el fiscal general del Estado que ya conoce que se han disuelto las Cortes, se han convocado elecciones, y, por tanto, parece encontrarse en una suerte de interinidad, tampoco puede proponer el nombramiento de fiscales de sala del Tribunal Supremo, condicionando los nombramientos futuros», alega la AF.
Para la asociación, «estos nombramientos precipitados» efectuados por García Ortiz «parecen pretender asegurar la posición de los fiscales afines». Así las cosas, considera que el nombramiento de Delgado es «nulo de pleno Derecho» por «falta de competencia» y «desviación de poder».
«Lo que sucedió fue arbitrario, un peligroso acercamiento a la desviación de poder; esencialmente, un descrédito institucional contrario a garantías constitucionales básicas, a las leyes, a los principios generales y a valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico», añade la AF.
APIF denuncia irregularidades
Por su parte, la demanda de la APIF –a la que también ha tenido acceso Europa Press– sostiene que el proceso que concluyó con la designación de Delgado para este cargo el pasado 13 de junio estuvo plagado de «importantes irregularidades» que «revisten una gravedad suficiente para dar lugar a su anulación».
Para la APIF, la primera irregularidad fue adelantar del 19 al 8 de junio el Pleno del Consejo Fiscal para asignar la plaza. A su juicio, García Ortiz «tenía prisa» por nombrar a Delgado, «su anterior jefa», «mentora» y «amiga», debido al adelanto electoral al 23 de julio, una cita con las urnas «que podría haber frustrado sus intenciones» si hubiera propiciado cambios en la Fiscalía General del Estado (FGE) y en el Consejo Fiscal.
La segunda irregularidad, sostiene APIF, pasaría por la negativa de García Ortiz a abstenerse del debate y la designación del candidato para este cargo, dada su «muy estrecha» relación de amistad con la candidata, «que pudiera afectar a la apariencia de imparcialidad que debe tener al realizar la propuesta en cuestión».
En este sentido, la APIF recuerda que cuando Delgado era fiscal general nombró a García Ortiz jefe de la Secretaría Técnica, «promoviéndole así a la primera categoría de la carrera fiscal, lo que le convirtió en el fiscal de sala más joven del escalafón».
«Por otra parte, parece más que razonable pensar que su nombramiento como FGE (después de la dimisión anticipada de Delgado) se debió básicamente a los buenos oficios de su antecesora», añade.
La APIF aprecia en todo ello «un indebido tráfico de favores» entre Delgado y García Ortiz, «que éste tendría de alguna forma que devolver», «lo que ya sería bastante grave y ciertamente no favorece precisamente la imagen institucional de la FGE».
La AF coincide y apunta que tanto García Ortiz como la teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez Conde, y la fiscal inspectora, María Antonia Sanz Gaite, deberían haberse abstenido también porque «ambas» fueron nombradas por Delgado para sus respectivos cargos.
La incompatibilidad de Delgado
La APIF también observa una «desviación de poder» por la forma en la que se desarrolló el Pleno del Consejo Fiscal del 8 de junio. Según cuenta, los seis vocales electivos de la AF y el de la APIF, Salvador Viada, advirtieron a García Ortiz de que Delgado incurría en una causa de incompatibilidad, pidiéndole resolver esto antes de continuar con la adjudicación de la plaza, pero lo rechazó y la propuso para el cargo.
Esa incompatibilidad se basaría en que la pareja de Delgado, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, preside una fundación dedicada a la defensa de los Derechos Humanos (FIGBAR), misma materia a la que ella se dedicaría.
«En este punto, al no atenderse su solicitud, los vocales de AF y de APIF manifestaron (…) que no iban ni a debatir ni a emitir informe alguno sobre el puesto de fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, puesto que todo era un montaje y se les estaba privando de su competencia para pronunciarse sobre la existencia de una causa de incompatibilidad», expone APIF.
Y, continúa, como «no querían participar en esta tramoya», no emitieron su voto en contra ni se abstuvieron sino que no participaron del debate sobre esa plaza, aunque físicamente permanecieran allí para deliberar sobre las otras que se iban a proponer en ese mismo Pleno.
La AF también recalca esta incompatibilidad de Delgado en su recurso dado que, a su juicio, su situación debería impulsar la incoación de un expediente gubernativo por la Inspección Fiscal para estudio y deliberación.
Sobre este extremo, la asociación mayoritaria insiste en que «lo que resulta más importante» es que la actuación de Garzón y su fundación «no se limita a la promoción de la defensa de la persecución de los delitos durante la Guerra Civil y el Régimen del General Franco, sino que se concreta en la presentación de acciones legales que van a terminar en la Sala competencia de la fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática» que ahora dirige Delgado.
Funcionamiento «caudillista»
La APIF aduce que el Pleno no quedó válidamente constituido en lo tocante al puesto de fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos porque para ello deben estar presentes «al menos ocho de sus miembros, de los cuales seis deben de ser vocales electivos», y en este caso solo quedaron cinco vocales, de ellos solo dos electivos, los de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
Con todo, APIF cree que «cabe invocar la existencia de desviación de poder en la actuación y finalmente en la propuesta del FGE al Ministerio de Justicia» para nombrar a Delgado.
Lo enmarca además en «el funcionamiento ‘caudillista’ de la FGE, en la etapa anterior y en la actual, que se ha denunciado en muchas ocasiones por parte de organizaciones corporativas y de la sociedad civil se pone de relieve con especial intensidad».
Al margen, la AF afea también que García Ortiz haya acordado el nombramiento sin precisar los motivos por los que Delgado era la candidata idónea. «Esta falta absoluta de motivación es incompatible con el control judicial de los actos discrecionales», apunta, al tiempo que incide en que «la discrecionalidad no es arbitrariedad, por cuanto lo discrecional debe ser motivado».
Cabe recordar que, aparte de AF y APIF, también ha recurrido este nombramiento ante el Supremo el fiscal antidroga Luis Ibáñez, que aspiraba al cargo que finalmente se otorgó Delgado.
