El Ministerio de Justicia destina 20.000 euros a contratar masajes para sus empleados
El departamento de Llop prevé 1.400 sesiones para «aliviar las tensiones musculares asociadas a posturas forzadas»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Los empleados del Ministerio de Justicia están de enhorabuena. El departamento que dirige Pilar Llop ha destinado 19.600 euros para contratar «un servicio de fisioterapia y rehabilitación que alivie las tensiones musculares asociadas a posturas forzadas». El contrato, de un año de duración, fue adjudicado el pasado 6 de octubre a la empresa Congar Rehabilitación y prevé un máximo de 1.400 sesiones de masajes para sus trabajadores, aunque solo para aquellos que operan en Madrid.
El pliego de condiciones, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, indica que el servicio estará disponible bajo cita previa de lunes a viernes todos los meses del año, excepto agosto. Se podrán beneficiar aquellos empleados públicos del Ministerio de Justicia que, «sin estar de baja laboral así lo necesiten por padecer patologías agudas derivadas de su actividad laboral, o que, habiendo sido tratados por el Servicio de Salud, les haya sido prescrito tratamiento rehabilitador».
El tratamiento puede variar a criterio del fisioterapeuta dependiendo de la dolencia del trabajador. El profesional tendrá libertad para incluir una diversidad de métodos, como ejercicios, estiramientos, tracción, estimulación eléctrica y uso de distintos aparatos y masajes. Estarán enfocados a patologías de origen laboral, como reumatismos, fracturas, esguince, enfermedades degenerativas, lesiones deportivas y recuperaciones tras cirugías.
Justicia vigila la salud
«Toda la gama de prestaciones ofertadas por la empresa adjudicataria estará diseñada específicamente para ajustarse a sesiones de 30 minutos con el fin de que se adapten a la apretada agenda de nuestros trabajadores brindando resultados rápidos y efectivos». La memoria justificativa, firmada por el subdirector general de Recursos Humanos del departamento de Llop, recomienda la contratación del servicio por «la insuficiencia de medios personales propios» para ejecutarlo.
Justicia lo pone en marcha dentro de sus funciones «en prevención de riesgos laborales y en vigilancia de la salud», según la memoria. Lo hace conforme a las recomendaciones que realiza el Real Decreto 488/97, que establece las disposiciones mínimas para trabajos con equipos que incluyen pantallas de visualización. El objetivo es potenciar la salud y bienestar de los trabajadores para conseguir «una mayor productividad junto a un menor absentismo laboral».
El departamento que dirige Llop cuenta con 1.864 empleados públicos, según datos del último Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones públicas, publicado en julio del año pasado. Podrán beneficiarse del servicio de rehabilitación los trabajadores de la Administración General del Estado que tienen Madrid como base de operaciones. Una situación que podría generar críticas en las oficinas provinciales del Ministerio de Justicia, pero también en otros Cuerpos.
El pliego de condiciones indica que la adjudicataria debe contar con una estructura organizativa propia que le permita «disponer de los medios humanos con la capacidad requerida» y «del material necesario para la actividad». Además, asignará un coordinador como único interlocutor entre los responsables del Área de Vigilancia de Salud de Justicia y asignar a un profesional en fisioterapia con al menos dos años de experiencia durante cada día lectivo del contrato.
Exento de IVA
Las aspirantes tenían que contar con un centro asistencial en la capital, requisito que cumple Congar Rehabilitación, una de las seis empresas que se presentaron a la licitación. Se lleva el gato al agua por 19.600 euros, una cifra notablemente inferior a los 35.000 euros que presupuestó la Administración como base de licitación, aunque llegó a estimar que el contrato podría alcanzar los 42.000.
El importe de adjudicación, eso sí, está exento de IVA. El artículo 20 de la ley contempla una serie de exenciones por razones de interés general. Dentro de esas actividades se encuentra la asistencia sanitaria. Se considera como tal los servicios de diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades, donde se incluiría la fisioterapia.
El Ministerio de Justicia no es la primera institución pública que contrata este tipo de servicios. Como adelantó este diario, el Instituto Cervantes destinó más de 40.000 euros desde 2015 para abonar un servicio de fisioterapia a sus 300 empleados de las sedes de Madrid y Alcalá de Henares. En este caso, consistía en dos sesiones al año por trabajador, con independencia de si lo necesitaba o no por prescripción médica. En abril, el Gobierno avaló el aumento del número de sesiones y, por tanto, de la cuantía.
