Los abogados de los Charlines afean al fiscal usar 'Fariña' para obtener una pena alta
«¿Tienen la culpa de que se haya hecho una serie sobre ellos? ¿o que se hable de ellos?» se ha preguntado la letrada
El libro 'Fariña'.
Los abogados de tres miembros del clan de los Charlines han pedido su absolución y han arremetido contra el fiscal por basar su acusación de blanqueo en sospechas policiales y no tener pruebas de que los fondos invertidos o en cuentas en Suiza procederían del narcotráfico.
Le han reprochado además el uso que ha hecho de la serie y el libro de Fariña, en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional a diez miembros y presuntos testaferros de este clan, para justificar en «la trascendencia social» de esta familia su petición de penas máximas por el delito de blanqueo: de cinco y seis años de cárcel.
«¿Tienen la culpa de que se haya hecho una serie sobre ellos? ¿o que se hable de ellos?» se ha preguntado la abogada Bárbara Royo, que defiende a Josefa Charlín Pomares, hija del difunto patriarca del clan, Manuel Charlín Gama, y que ha sido la primera en exponer su informe definitivo después de que ayer lo hiciera el fiscal antidroga Luis Uriarte, que consideró demostrado el blanqueo y la procedencia del narcotráfico de los fondos investigados.
Según la letrada, lo que pretende la Fiscalía al esgrimir ese motivo es «poder anunciar que ha conseguido penas máximas para la familia de Fariña» y lo considera «suficiente para pedir que suba el suelo legal».
En cuanto a las pruebas, la abogada ha incidido en que se basan en meras sospechas policiales sin contrastar y ha afirmado que en el jucio «ni de lejos se ha probado el delito de blanqueo» ni la procedencia de los fondos del narcotráfico, y ha acusado al fiscal en este punto de apoyarse en datos «inveraces».
«El fiscal olvidó decir» en su informe que Josefa y otros miembros de los Charlines (en total 25 acusados) fueron absueltos en 2006 por la Audiencia Nacional por «unos hechos de narcotráfico», el transporte a España de 3.000 kilos de cocaína entre 1989 y 1991.
Años antes, en 2003, ha seguido recordando la letrada, Josefa y otros familiares fueron condenados por blanqueo y después de esa fecha a ella no se le ha condenado por narcotráfico, por lo que entiende que no se la puede acusar de un delito de blanqueo sin haber delito previo y si es por conexidad con hechos anteriores prevalecería el principio de non bis in ídem (no condenar dos veces por la misma causa).
También ha combatido la acusación de ocultación de los fondos de los que disponía su patrocinada en Suiza y ha observado que la cuenta estaba a su nombre, con lo que no se estaba ocultando nada, además de que tener cuentas en el extranjero «no es ilegal per se«.
A su juicio, «no existe en la causa un solo dato de un acto de ocultación que constituya un delito de blanqueo» y por eso, ha dicho, «el fiscal hace malabares» y apunta a que no declaró ese dinero, cuando a su clienta no se le acusa de delitos fiscales sino de blanqueo.
Además ha cuestionado cómo iba a declarar esos fondos cuando en 2012 se hizo obligatorio por ley si le fueron intervenidos y bloqueados en 2008.
Tras su intervención ha sido el turno de la defensa de Teresa Charlín Pomares y su hija Natalia Somoza Charlín (hija y nieta del patriarca), que se ha quejado también del «batiburrillo» de datos en que sustenta la causa y ha lamentado que no reclamara un informe a Hacienda para conocer la procedencia de los fondos utilizados en las inversiones investigadas sospechosas de blanqueo, como la compra de una depuradora de marisco en Pontevedra y de una fábrica de tratamiento de productos del mar en China.
El juicio continuará el 7 y el 8 de noviembre con el resto de las defensas que quedan por informar y se espera que pueda quedar en esos dos días visto sentencia.
