Varias regiones maniobran para mantener el teletrabajo que quiere suprimir Justicia
Valencia y Aragón continuarán con el trabajo remoto mientras que Madrid y Andalucía preguntan a sus servicios jurídicos
Trabajadores de la Administración de Justicia protestan frente al ministerio en junio. | Diego Radamés (Europa Press)
Los funcionarios del Ministerio de Justicia están en pie de guerra desde que el departamento que dirige Pilar Llop decretó el fin del teletrabajo. Entre sus aliados, algunas de las 12 comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias del desempeño en tribunales y juzgados, que dudan de que esa decisión sea de aplicación nacional. La Comunidad Valenciana y Aragón mantendrán el trabajo remoto y otras regiones, como Madrid y Andalucía, han derivado la cuestión a sus servicios jurídicos con la intención de prorrogarlo. Galicia, Cantabria y País Vasco acatarán la decisión.
La circular, emitida el viernes poco antes del cierre de la jornada laboral, especifica que deben acudir a su centro de trabajo «el 100% de los efectivos del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y de los Cuerpos de Funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia».
El Consejo de Ministros declaró el pasado 4 de julio el fin de la crisis sanitaria y permitió retornar a la situación anterior a la covid. La circular, firmada por Manuel Olmedo, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, sostiene que, pese al cese de las medidas, «se está constatando la existencia de diferencias en su mantenimiento en los distintos ámbitos territoriales».
Nueva guerra con Justicia
La decisión ha soliviantado a los funcionarios. Los sindicatos afirman que la decisión les ha pillado por sorpresa y la critican porque supone «un paso atrás». Han pedido a Llop que regule de forma «urgente» el trabajo remoto, algo que, aseguran, llevan exigiendo dos años sin éxito.
«En este tiempo se ha estado haciendo de manera discrecional, sin ninguna regulación», reconoce Luis Calero, portavoz de CCOO. La publicación de la circular de Justicia ha indignado a los funcionarios, pero también ha abierto una grieta con diferentes regiones, que rechazan suprimir el teletrabajo. Algunas de ellas sostienen que puede suponer una injerencia competencial a pesar de que los trabajadores de juzgados y tribunales dependan del departamento de Llop.
La Comunidad Valenciana, dirigida por PP y Vox, ha sido la más beligerante. En una nota informativa firmada por su directora general de Justicia, Cristina Gil, ha anunciado que mantendrá el trabajo remoto. «Ante el contenido de la circular, procede señalar que en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana y en el de sus competencias, sí se mantendrá el teletrabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia», reza la misiva a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Basa su decisión en la instrucción dictada por la Dirección General de Modernización y Relaciones de la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana el 25 de octubre de 2021, «que a fecha de hoy sigue vigente». Aragón también ha decidido prorrogar el teletrabajo pese a la circular del departamento de Llop. No obstante, un portavoz del Gobierno regional evita entrar en detalles del asunto.
Competencias transferidas
Otras regiones, como la Comunidad de Madrid y Andalucía, han derivado la cuestión a sus servicios jurídicos para estudiar si la decisión de mantener o suprimir el teletrabajo depende de Justicia o requiere una resolución propia. Son 12 las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias, todas excepto Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Extremadura y Baleares.
Madrid ha convocado a los sindicatos a una reunión el próximo jueves para tratar la circular de Justicia. El encuentro tendrá carácter informativo, a lo que algunas organizaciones como CCOO han respondido pidiendo que se mantenga el trabajo remoto «de forma transitoria» mientras se negocia su regulación para «consolidar este avance importantísimo y garantizar el acceso a esta modalidad a todos los trabajadores en condiciones de igualdad».
El artículo 47 bis del Estatuto Básico del Empleado Público contempla la posibilidad de teletrabajar «siempre que las necesidades del servicio lo permitan (…) mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación». Eso sí, la fórmula debe ser autorizada expresamente y compatible con la modalidad presencial. La normativa exige que sea objeto de negociación colectiva, como ha ocurrido en Justicia, aunque por el momento no existe desarrollo reglamentario.
Los representantes de los trabajadores llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Justicia en marzo de 2021 para continuar con el trabajo remoto, pero el asunto no se ha regulado desde entonces. Algunas comunidades autónomas sostienen que la decisión les corresponde a ellas. Otras, en cambio, han decidido acatar la circular del pasado viernes, entre ellas Galicia, País Vasco y Cantabria.
«Agravio suplementario»
El Gobierno gallego afirma que el trabajo en las oficinas judiciales compete al departamento que dirige Llop, por lo que no les queda más remedio que asumir la decisión. «Las medidas de esta circular son de aplicación a todos los funcionarios de la Administración de Justicia al tratarse de un cuerpo único nacional», insiste en un texto remitido a este diario. En Cantabria y País Vasco el teletrabajo para estos profesionales quedó sin efecto el 4 de julio, afirman las fuentes gubernamentales.
«No entendemos por qué se ha decidido acabar con el teletrabajo a pesar de la inversión tan grande en medios tecnológicos que ha realizado el Ministerio de Justicia», se queja Juan José Yáñez, portavoz de los letrados de la Administración de Justicia, otro de los Cuerpos afectados. En su caso denuncia que la decisión supone «un agravio suplementario», ya que como sus funciones no están transferidas podrían ser los únicos que no tuvieran posibilidad de trabajar en remoto hasta en 12 regiones.
