Consuelo Ordoñez y el abogado Diego Gómez se llevan el VIII Premio 'Hay Derecho'
Son galardonados por la lucha por la justicia de las víctimas de terrorismo y la campaña contra la cita previa obligatoria
Consuelo Ordoñez (izquierda) y Diego Gómez (derecha) con el premio 'Hay Derecho' | Hay Derecho
‘Hay Derecho’, fundación independiente cuyo objetivo es defender el Estado de Derecho, el buen funcionamiento institucional y promover la lucha contra la corrupción y el abuso de poder, ha querido dar reconocimiento por octavo año consecutivo la acción valiente de la ciudadanía. Por ello, ha entregado su VIII Premio a la presidenta de Covite, Consuelo Ordoñez, y al abogado Diego Gómez.
La directora general, Safira Cantos, presentó las diez candidaturas y resaltó que se trata de un premio guiado por el inconformismo. Es un reconocimiento a quienes actúan contra el abuso de poder, la injusticia, la corrupción o la delegación institucional, si es menester incomodando y arriesgándose.
La politóloga y socióloga, Cristina Monge, fue la encargada de entregar los premios a los galardonados. Durante su intervención destacó la importancia y posibilidad de la ciudadanía para avanzar en consensos sociales necesarios en una democracia. Además, declaró que los partidos políticos no saben o no quieren hacerlo por su lógica competitiva.
Criterio del Jurado
En el caso de Consuelo Ordóñez, defensora de las víctimas y presidenta de la asociación COVITE, el Jurado valoró su labor de investigación y de difusión para que se conozcan las historias de vida de todas las víctimas de terrorismo. Cuando recibió el galardón, reveló que nunca había recibido un premio y afirmó que «la defensa de ninguna causa política puede justificar atentar contra la vida de un ser humano» y que «las víctimas de todos los terrorismo merecen justicia»
En cuanto a Diego Gómez, el Jurado ha reconocido su capacidad de colocar en el centro del debate público la ilegalidad de la cita previa obligatoria y cómo supone una falta de prestación de servicios públicos, que afecta particularmente a las personas de mayor edad o con menos recursos. El premiado subrayó en su discurso que «en una democracia es la sociedad civil, la ciudadanía, la que realmente puede exigir a los poderes públicos que cumplan con sus obligaciones.»
También fueron candidatos Alberto Alarcón, ciudadano activista, la abogada Celia Carbonell por su defensa altruista de inocentes condenados a prisión, Daniel Sánchez Bernal, abogado activista contra el retraso en la justicia, Franciso Jurado, politólogo y director audiovisual por su documental «Polarizados» y la abogada y activista Patricia Fernández por su defensa frente a violaciones de derechos humanos de los poderes públicos.
El presidente de la fundación, Segismundo Álvarez Royo-Villanueva, fue el encargado de clausurar el acto. En su intervención declaró que «en un Estado social y democrático de derecho no puede oponerse la ley a democracia. Solo en la ley puede descansar la democracia y hacer de dique de contención al abuso de poder.»
