Un vocal del CGPJ pide desconvocar el pleno sobre la amnistía por considerarlo «ilegal»
El vocal progresista Álvaro Cuesta ha anunciado que no asistirá al pleno en caso de celebrarse
El vocal de CGPJ Álvaro Cuesta Martínez. | Alberto Ortega (Europa Press)
El vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Álvaro Cuesta ha pedido la desconvocatoria del pleno extraordinario de este lunes en el que se abordará la amnistía del procés al considerar que es «manifiestamente ilegal» y ha anunciado que no asistirá en caso de celebrarse.
Cuesta asegura en un escrito remitido a la Presidencia de este órgano, que recoge la agencia Efe, que no quiere contribuir «a la indignidad y al desprestigio de que vocales elegidos por las Cortes españolas en el año 2013 puedan ser tenidos por sublevados contra iniciativas del Parlamento legítimamente elegido el 23 de julio del año 2023».
El Consejo celebra este lunes un pleno extraordinario, a petición de los vocales conservadores, duramente criticados por los progresistas, que ven su propuesta como una «incitación a la sublevación de las togas». El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, aceptó la propuesta de estos ocho vocales que consideran la amnistía una «medida de abolición del Estado de Derecho» que «violenta la Constitución» y convierte a la Justicia en «una quimera», a pesar de que no se conoce por el momento el texto de la ley.
Cuesta subraya que no quiere participar de «decisiones que sin duda mancillan el nombre de este Consejo General del Poder Judicial» y recuerda que sigue en funciones diez años después de haber expirado su mandato.
Califica de «proclama» la propuesta de declaración institucional sobre la amnistía de los ochos vocales conservadores que esperan que respalde este lunes el pleno, que subraya que la amnistía no es viable dentro del marco constitucional y que es incompatible con el Estado de derecho. A su juicio, «a modo de panfleto político», esta declaración «se deshace en descalificaciones muy graves tales como que la declaración del presidente del Gobierno supone una ‘degradación, cuando no abolición’ del Estado de derecho en España».
Además, señala que se descalifica y ataca una eventual proposición de ley de amnistía, aún no presentada ni registrada en el Congreso, y los eventuales acuerdos políticos o decisiones parlamentarias sobre la posible investidura del presidente de Gobierno.
Incide en su escrito este vocal que la resolución que se pretende aprobar es «una muy grave irresponsabilidad y podría contribuir, fomentar, promover o incitar la crispación política, social o institucional, generando alarma social, ataques a las instituciones democráticas o desórdenes públicos».
Asimismo, cree que usurpa atribuciones de fiscalización que no le corresponden al CGPJ, interfiere «de forma grosera» en el debate de investidura y condiciona la independencia y actividad de los jueces y tribunales. Recuerda que el Consejo no tiene competencia para emitir pronunciamientos sobre proposiciones de ley, salvo que así se lo haya pedido el Congreso», e insiste en que la convocatoria del pleno es «improcedente e ilegal».
