La huelga de los abogados del turno de oficio pone en riesgo miles de juicios en España
La pandemia y los distintos paros desarrollados este año ya obligaron a suspender más de un millón de vistas
Concentración de los abogados del turno de oficio el pasado mayo en Madrid. | Eduardo Parra (Europa Press)
La justicia se encuentra con una nueva piedra en el zapato. La huelga que han convocado los abogados del turno de oficio a partir del 21 de noviembre pone en riesgo miles de juicios en toda España. Una circunstancia que amenaza con agravar los problemas que arrastran los tribunales, a los que la pandemia y los distintos paros que se han desarrollado este año ya obligaron a suspender más de un millón de vistas. Estos profesionales no tienen la posibilidad de cancelar los procesos; dependen de que así lo decidan jueces y letrados de la Administración de Justicia.
No existen datos oficiales. Ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni el Ministerio de Justicia recopilan cifras de las incidencias. La única constatación de la situación que atraviesa la justicia la aportan los sindicatos. El 27 de marzo los letrados pusieron fin a dos meses de paros con un balance demoledor: casi 400.000 juicios suspendidos, a las que hay que sumar una cifra similar durante la huelga de los funcionarios de Justicia, cuyo conflicto continúa abierto.
Los trabajadores lanzaron un mensaje de socorro. La sucesión de huelgas también demoró otros trámites, lo que dejó a los juzgados al borde del colapso. Comparan la situación con la vivida durante la pandemia, cuando era imposible celebrar juicios y se canceló la atención ciudadana. La covid obligó a suspender más de medio millón de juicios, con el consiguiente retraso, que todavía no se ha recuperado la justicia española. Los sindicatos sostienen que se trata de un problema endémico, aunque reconocen que los últimos acontecimientos lo agrava.
Sin juicios en pandemia
Los abogados del turno de oficio llevan meses fraguando la protesta. En abril una docena de asociaciones ya se concentraron frente al Congreso. En julio consiguieron paralizar los juzgados gallegos, aunque de momento, sin éxito. Recogen el testigo de los funcionarios de Justicia y de los letrados de la Administración, con suerte dispar en sus reivindicaciones. Los jueces y fiscales, que amenazaron con colgar las togas, consiguieron un acuerdo sin necesidad de ir a la huelga, algo que habría empeorado la situación.
«Esperamos que los objetivos de esta huelga, que no son otros que dignificar el turno de oficio, sean una realidad y nos permitan negociar unos baremos justos y adecuados a todo el trabajo que realizamos», anunció en sus redes sociales Belén García, secretaria general del Sindicato de abogados Venia, que representa a 153.000 profesionales.
Los abogados del turno de oficio reclaman, entre otras cosas, una regulación jurídica profesional, mejorar sus retribuciones, que les abonen los costes por prestar el servicio y su derecho al descanso y a la conciliación. Los profesionales consultados por THE OBJECTIVE denuncian que los baremos llevan casi una década sin actualizarse. El Ministerio de Justicia ha anunciado un aumento del 5% que el sindicato considera «miserable».
En un comunicado, el sindicato afirma que en septiembre trasladó el problema que viven al departamento que dirige Pilar Llop y a las 12 comunidades autónomas con las competencias transferidas (todas excepto Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares). El objetivo era iniciar un diálogo, pero por el momento ninguna Administración les ha convocado. En España existen 148.451 profesionales, según el último censo del Observatorio de la Justicia Gratuita.
Un derecho fundamental
Miguel Ángel González de Miguel, portavoz de la plataforma que convocó la concentración ante el Congreso el pasado abril, explica que algunas de las 15 asociaciones que la componen han decidido desligarse de la huelga que propone Venia porque «es más simbólica que efectiva». Este abogado del turno de oficio asegura que durante la protesta están obligados a dar todos los servicios y que la decisión de suspender los juicios depende de letrados de la Administración y magistrados.
«Nuestras protestas son inusuales. No podemos hacer huelgas, como otros Cuerpos. Es el mayor civismo posible. Dicen que se lesiona el derecho a una tutela efectiva, un derecho fundamental», subraya González de Miguel. En caso de convocar paros, asegura que se enfrentarían a responsabilidades civiles, penales e incluso disciplinarias. Un motivo por el que su plataforma llevó ante la Comisión Europea la vulneración del derecho fundamental a la huelga, aunque siguen esperando respuesta.
El sindicato Venia contradice esa versión: «La huelga es un derecho fundamental y no puede ser negado a aquellos que actúan de forma dependiente tanto de los Colegios como de la Administración». Desde esta organización reconocen que existe una laguna legal y eso les autoriza a realizar este tipo de protestas, que ya llevaron a cabo el pasado 12 de julio en Galicia. Ese día se suspendieron decenas de juicios, lo que facilitó que la Xunta se aviniera a reunirse para negociar mejoras.
