El CGPJ se planta ante Sánchez: «La amnistía abole el Estado de derecho»
Es la primera vez que el órgano se posiciona oficialmente sobre la amnistía, aunque aún no se conozca un texto detallado
El presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín (i) y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte (d). | Europa Press
El Poder Judicial se posiciona claramente contra la amnistía. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado —con nueve votos a favor, cinco en contra y uno en blanco— una declaración institucional en relación con la eventual amnistía de los delitos cometidos con ocasión del procés en Cataluña. En la misma, se afirma que la norma que en principio prevé apoyar el Gobierno de Pedro Sánchez para lograr el apoyo del independentismo catalán a su investidura «supone la degradación, cuando no abolición, del Estado de derecho en España».
«La concesión de una amnistía en nuestro actual sistema constitucional constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales y del propio sistema de división de poderes en que se inspira nuestra Constitución y sobre el que se asienta el Estado de derecho», continúa la declaración, un rechazo frontal con el que los miembros del órgano esperan que provocar una reacción de la Unión Europea y que Bruselas dé un tirón de orejas público al Gobierno en funciones presidido por Pedro Sánchez.
«Cualquiera que sea la justificación formal o aparente que se le quiera dar en el preámbulo de la futura ley, su motivación real ya ha quedado expresada, y más allá de la discusión sobre si realmente son constitucionalmente aceptables leyes singulares de amnistía para soslayar la prohibición constitucional de indultos generales, lo que en ningún caso cabe aceptar es una amnistía, y ni tan siquiera un indulto particular de los admitidos genéricamente por la Constitución, con el fundamento real expresado por el Presidente del Gobierno en funcione», aseguran en el texto.
Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, la declaración finalmente ha salido adelante con los votos de sus ocho promotores –los vocales conservadores Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona– más el de su compañero Wenceslao Olea, también del bloque conservador.
Aunque solo hacían falta ocho votos, han conseguido sumar a Olea modificando el texto original. El presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, –también en la órbita conservadora y al que Marlaska confesó sus dudas sobre la amnistía— ha optado por votar en blanco. En su caso, redactará una explicación de voto donde evidenciará que no está de acuerdo con la amnistía pero que cree conveniente esperar a que haya una proposición de ley para que el CGPJ se pronuncie oficialmente.
Boicot del sector progresista
Por su parte, los cinco vocales progresistas que han asistido al Pleno han votado en contra. El sexto integrante de este bloque, Álvaro Cuesta, no ha acudido al cónclave al considerar que era «manifiestamente ilegal» porque su finalidad es contraria «al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales» del CGPJ. Su ausencia ha allanado la aprobación de la declaración institucional, ya que la ha hecho posible únicamente con los votos de los ocho promotores. De haber acudido, habrían sido necesarios al menos 9.
Es la primera vez que el CGPJ se posiciona de manera oficial sobre la futura amnistía. Y lo hace sin que aún se conozca un texto detallado. De hecho, la principal crítica de los vocales progresistas es que ni siquiera hay una proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados. Desde el ala progresista subrayan que hasta ahora el CPGJ solo se había pronunciado con un texto registrado en el Congreso. Y, además, recuerdan que el Consejo solo tiene competencias para hacer informes sobre anteproyectos de ley y no tiene control alguno sobre las iniciativas y pactos de los grupos parlamentarios.
El presidente interino del Consejo, Vicente Guilarte, convocó esta reunión extraordinaria después de que el pasado 1 de noviembre 8 de los 16 vocales que forman ahora el CGPJ le pidieran estudiar, votar y emitir una declaración institucional en la que se exprese la «intensa preocupación y desolación» del órgano por la ley de amnistía que el PSOE está ultimando con ERC y Junts, en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente el Gobierno.
Necesitamos para que nuestra democracia tenga el nivel de independencia judicial del resto de miembros. corregir un gran error histórico, la declaración de constitucionalidad en 1986 de la aprobación del gobierno socialista de Felipe González en 1985 de una reforma legal ( LOPJ 1de julio) que concedía a los partidos representados en el Parlamento la facultad de elegir a la totalidad de vocales del CGPJ.
Entrar en la UE nos obligaba a cambiar de modelo.
La independencia judicial es clave para cumplir los compromisos de una unión política en la que sus miembros han de tener un nivel mínimo de calidad democrática para continuar en ella
.La falta en el programa del PSOE de una reforma para asegurar la separación de poderes es ir en contra del interés general del país y de los fundamentos del estado de derecho y democrático y poner en riesgo la permanencia de España en la UE.. Jueces como Margarita Robles son corresponsable de esta situación de sumisión política por lo que no pueden dar lecciones de independencia judicial
Hay en nuestro país dos tipos de políticos , intelectuales periodistas y hasta jueces , los partidarios de un régimen democrático ( con su izquierda y derecha) , que respetan las normas y las resoluciones judiciales , los derechos y libertades de todos los ciudadanos y los principios democráticos y los partidarios de regímenes autoritarios , como los que dirigen Cataluña y una gran parte del gobierno de Sánchez, que no lo hacen . La democracia no es su sistema ni lógicamente el de la Unión Europea , que se basa en el. Nunca respetarán nada de lo anterior ,” les sobra” toda su legislación , la separación de poderes, el Parlamento , el control de la gestión política, el periodismo independiente y solvente, los que no opinan como ellos y hasta la oposición.
No todos los que se llaman “ progresistas” son demócratas.
Maduro y Ortega son progresistas
Democracy Index ” reparte los países en : Democracia plena, Democracia imperfecta , Régimen híbrido y Régimen autoritario.
Están situados en el grupo de Régimen autoritario , entre otros , Venezuela y Cuba .
Podemos, Izquierda Unida , E.R.C. y EH BILDU ( y más como la CUP….) han demostrado su admiración por su régimen político .
No son” populistas” ni “de izquierdas ni de extrema izquierda” . Su sistema político es otro.