Giro insólito de la Fiscalía: atribuyó a Tsunami delitos de terrorismo hace solo cuatro meses
Calificó el 19 de julio como terrorismo los hechos investigados. Días después reculó y dijo haber cometido un error
Incidentes tras la manifestación convocada por Tsunami Democratic por el partido entre el FC Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou, a 18 de diciembre de 2019. | David Zorrakino / Europa Press / ContactoPhoto
Giro insólito de la Fiscalía en el caso Tsunami Democràtic. El Ministerio Público, que ahora planea recurrir la decisión del juez de imputar a Carles Puigdemont y Marta Rovira en la causa, emitió el pasado 19 de julio un informe al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE en el que calificó como «delito de terrorismo» los hechos investigados por la Audiencia Nacional en relación a la plataforma independentista que convocó masivas protestas en toda Cataluña, durante el otoño de 2019, en protesta por la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del ‘procés’.
Uno de los investigados como presunto responsable de Tsunami Democràtic, el empresario Oriol Soler, había solicitado la inhibición de la Audiencia Nacional y el traslado del procedimiento a los juzgados de Barcelona. La Fiscalía se opuso el 19 de julio alegando que «los hechos objeto de la presente causa son susceptibles de ser calificados como delito de terrorismo de los artículos 571 y siguientes del Código penal, tal y como ha venido manteniéndose desde el inicio de las actuaciones, mediante dictámenes que se ratifican en el presente». El escrito iba firmado por el fiscal del caso, Víctor González-Herrero.
Sin embargo, unos días después, el pasado 26 de julio, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, remitió un nuevo escrito al juzgado en el que corregía a su subordinado y aseguraba que había calificado los hechos investigados como terrorismo por un «error». Pedía que esa calificación efectuada por González-Herrero no fuese tenida en cuenta, al considerarla prematura. Por esas fechas, el independentismo catalán ya había puesto sobre la mesa la amnistía como condición indispensable para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Y una imputación por terrorismo, como la dictada este lunes por el juez Manuel García Castellón, podría dejar fuera de la amnistía a Puigdemont, a la número dos de ERC y al resto de investigados en la causa de Tsunami Democràtic.
La Fiscalía corrige su «error»
«El Ministerio Fiscal no se encuentra realmente en condiciones, a la vista del estado del procedimiento, para adelantar su criterio de una forma taxativa y concluyente sobre si procede o no la citada de inhibición, sin perjuicio del dictamen emitido con fecha 19 de julio, el cual es debido a un traslado erróneo efectuado por este Ministerio, lo que es obligado manifestar de cara a ulteriores devenires del procedimiento, sin que pueda tachase por tanto la actuación del fiscal como contradictoria, y sin que se entienda como definitiva la calificación sostenida en el mencionado informe que por tanto queda matizado en el sentido expresado», indicaba el fiscal jefe de la Audiencia Nacional en el segundo escrito.
Jesús Alonso aseguró que el dictamen del fiscal del caso había sido evacuado «erróneamente» por «estar enfocado al sostenimiento o no de la prórroga de las actuaciones, las cuales se habían efectuado y mantenido de forma correcta y adecuada por ser, en estos momentos, este órgano judicial el competente para su mantenimiento o desistimiento». El fiscal jefe de la Audiencia Nacional precisó, además, que para poder entrar sobre el fondo del asunto planteado por el empresario Oriol Soler (la inhibición en favor de los juzgados de Barcelona) sería necesario esperar a que se entregasen todas las diligencias de investigación pendientes.
Entre otras, quedaba por aportar al Juzgado Central de Instrucción número 6 el informe de la Guardia Civil por el que García Castellón ha decidido citar a declarar en calidad de investigados a una decena de independentistas vinculados a Tsunami Democràtic, además de Puigdemont y Rovira. «Para dictaminar el fondo del asunto, esto es, la inhibición de las actuaciones a los juzgados de Barcelona, es necesario que se incorpore a la causa el informe ejecutivo final conjunto ya peticionado (así como otras diligencias que quedan pendientes de ser recibidas), por lo que se interesa de este juzgado central que una vez se encuentre en el expediente el conjunto de diligencias solicitadas se pase de nuevo a informe de este Ministerio Público para emitir dictamen definitivo de competencia y en su caso inhibición de las actuaciones a los juzgados correspondientes de Barcelona», indicaba el fiscal jefe Alonso.
El juez aprecia terrorismo
La Fiscalía de la Audiencia Nacional adelantó ayer su intención de recurrir el auto del juez Manuel García Castellón, que dirige la investigación por terrorismo sobre el movimiento Tsunami Democràtic contra el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otra decena de investigados. El Ministerio Público no aprecia ahora que los investigados pudieran haber incurrido en delitos relacionados con terrorismo.
Sin embargo, el pasado 19 de julio, el Ministerio Público aseguraba que, a su parecer, «los hechos objeto de la presente causa son susceptibles de ser calificados como delito de terrorismo de los artículos 571 y siguientes del Código penal, tal y como ha venido manteniéndose desde el inicio de las actuaciones, mediante dictámenes que se ratifican en el presente». Añadía, en contra de lo alegado por Oriol Soler, que los propios atestados elaborados hasta entonces la Guardia Civil «permiten sostener de manera razonable el juicio aún provisional según el cual se ha cometido un delito de terrorismo».
El informe de la Guardia Civil
La posición del fiscal González-Herrero sería corregida siete días después por el jefe del Ministerio Público en la Audiencia Nacional, que ahora sostiene lo contrario a pesar del contundente informe aportado por la Guardia Civil la semana pasada. Tras analizar en profundidad el documento de los investigadores, el juez Manuel García Castellón ha citado a declarar como investigados a Rovira, Alay, Puigdemont y otras nueve personas. Entre ellas, el empresario Oriol Soler, el exconsejero de ERC Xavier Vendrell, el consejero de Omnium Cultural Oleger Serra y otros posibles implicados en la creación y gestión de Tsunàmi Democratic como Marta Molina, Josep Campmajó, Jesús Rodríguez, Jaume Cabani y Nicola Flavio.
En las más de 200 páginas del informe aportado la semana pasada por la Guardia Civil se desgrana la creación, estructura, líderes, financiación y hoja de ruta del colectivo independentista que sembró el caos en las calles de Cataluña durante los días siguientes a la publicación de la sentencia por la que fueron condenados los líderes del proces independentista, en 2019. Un documento en el que vincula a la actual ‘número dos’ de ERC, Marta Rovira, con las actividades de coordinación de Tsunami en lo relativo a búsqueda de apoyos institucionales y de su partido político.
El Instituto Armado también apunta a Carles Puigdemont, quien según las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil se habría reunido con Rovira en Ginebra en el verano de 2019, poco antes del surgimiento de Tsunami Democràtic. En las misma ciudad suiza, la número dos de ERC mantuvo otro encuentro con el jefe de la oficina de Puigdemont, José Luis Alay, el 15 de octubre de aquel año; es decir, un día después de que Tsunami Democràtic cortase todos los accesos al aeropuerto de El Prat en Barcelona.
