La jurisprudencia del Tribunal de la UE abre la puerta a que el PP pueda revocar la amnistía

Las negociaciones entre el PSOE y Junts per Catalunya están atascadas porque Carles Puigdemont pide a sus interlocutores garantías de que una futura ley de amnistía sea «amplia» y que los tribunales españoles no puedan actuar en su contra. En especial, después de que la Audiencia Nacional haya decidido imputarlo por terrorismo junto a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otros líderes independentistas, en la causa sobre Tsunami Democràtic. Sin embargo, este compromiso que exige Puigdemont para que los siete diputados de Junts apoyen la investidura de Pedro Sánchez puede naufragar si hay un cambio de gobierno.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2021 consideró legal la revocación de una amnistía realizada por el nuevo gobierno de Eslovaquia en 2017. Los hechos se remontan a 1998, cuando el Ejecutivo eslovaco decidió amnistiar a miembros de varias agencias de seguridad que, entre otros delitos, habían secuestrado al hijo del entonces presidente del país.

Uno de los individuos que volvió a ser acusado se hallaba viviendo en Mali pero no se descartaba que se encontrara a un país europeo y un tribunal eslovaco elevó una cuestión prejudicial ante la justicia europea, que resolvió que el levantamiento de la medida de gracia era plenamente legal y que no vulneraba el artículo 50 de la Carta Fundamental de Derechos Humanos de la Unión Europea que establece que una causa penal no puede juzgarse dos veces (principio non bis in idem).

Detención de Puigdemont

En la resolución judicial, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se especifica que dicho artículo debe interpretarse en el sentido que «no se opone a la emisión de una orden de detención europea contra una persona que ha sido objeto de diligencias penales que inicialmente se archivaron a causa de una resolución judicial firme adoptada al amparo de una amnistía y que se reanudaron tras la aprobación de una ley por la que se revocó esa amnistía y se anuló la referida resolución judicial, en caso de que esta última sentencia se hubiera adoptado con carácter previo a cualquier tipo de apreciación de responsabilidad penal de la persona interesada».

La justicia comunitaria no entra en el fondo de la cuestión, pero dicta que es ajustado a derecho que un nuevo ejecutivo nacional pueda revocar una amnistía. Y no solo esto, sino que tras tumbar el perdón pueda reclamar la entrega del implicado a cualquier Estado miembro si no ha sido juzgado. Un escenario que guarda paralelismos con la situación de Puigdemont y el resto de fugados independentistas.

Caso eslovaco

El 3 de marzo de 1998 el presidente del Gobierno de la República Eslovaca decretó una amnistía que abarcaba a las personas que en 1995 fueron objeto de diligencias penales en Eslovaquia por una serie de delitos. El Tribunal Comarcal de Bratislava archivó las referidas diligencias penales al amparo de dicha amnistía.

Esta resolución, que adquirió firmeza, produjo, en derecho eslovaco, los mismos efectos que habría tenido una sentencia absolutoria. Posteriormente, el 4 de abril de 2017 entraron en vigor dos nuevas leyes constitucionales por las que el Consejo Nacional de la República Eslovaca revocaba la amnistía. Una decisión que fue avalada por el Tribunal Constitucional eslovaco.

Una vez se reanudaron las diligencias penales, el tribunal comarcal elevó una serie de cuestiones prejudiciales ante el TJUE. Una de ellas hacía referencia a a un acusado contra el que se pretendía emitir una orden europea de detención. La justicia europea estableció que dicha reclamación era procedente y que no se vulneraba el artículo 50 de la Carta Fundamental de Derechos Humanos de la UE.