El Supremo podrá acudir a la UE para frenar los planes electorales de Junqueras y Puigdemont

La aprobación de una futura ley de amnistía que beneficie a los independentistas catalanes no despeja de inmediato el camino para que Oriol Junqueras vuelva a la política activa ni tampoco hace inminente el regreso a España de Carles Puigdemont. Fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE exponen que el Tribunal Supremo tiene en sus manos la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial sobre la futura norma ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que podría demorar los planes de ambos líderes independentistas e impedir que sean candidatos a las elecciones al Parlament de Cataluña en 2025.

El Supremo puede presentar de forma simultánea una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y acudir ante la justicia europea mediante este mecanismo de la cuestión prejudicial para que determine si dicha ley de amnistía vulnera o no el derecho comunitario. «Una cosa es el recurso de inconstitucionalidad, que solo suspende la norma si lo interpone el Gobierno, y otra es la cuestión prejudicial, que no suspende la ley pero sí su aplicación en el proceso judicial en concreto», resumen las fuentes consultadas.

En este escenario, se suspendería la aplicación de la ley hasta que el tribunal europeo resolviera. Según los juristas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuenta con «una media de resolución de estos asuntos de más de un año», lo que podría chocar con los intereses electorales de Junqueras -quien sí ha manifestado su voluntad de ser candidato si con la medida de gracia decae su actual inhabilitación- y de Puigdemont, que por el momento niega que quiera concurrir a unos comicios autonómicos.

Decisión de los jueces

Esta situación se puede extender a todos los procedimientos judiciales donde se cuestione la ley de amnistía y que afectan a dirigentes de ERC como Lluís Salvadó y Josep María Jové, procesados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos por su implicación en el referéndum del 1-O, así como en los casos vigentes en distintos juzgados catalanes contra miembros de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) o en la causa de Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional.

Los jueces que tengan dudas sobre si la futura norma vulnera el derecho europeo pueden elevar sus cuestiones prejudiciales ante la justicia comunitaria. Varios expertos han señalado que, además del Supremo, no es descartable que otros tribunales también acudan ante el TJUE al considerar que una ley de amnistía puede contradecir los valores de igualdad ante la ley y respeto al Estado de Derecho que establece el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, relativo a que «la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto a los derechos humanos».

En la misma línea, añaden las fuentes consultadas, el hecho de que una amnistía deje sin efectos las condenas por malversación también puede tener recorrido ante los tribunales europeos en el caso de que no fuera compatible con la nueva legislación de la Comisión Europea que quiere unificar las penas de este delito en todos los estados miembros.

Elecciones catalanas

La fecha máxima para que los catalanes vuelvan a las urnas se sitúa en febrero de 2025. Y este horizonte electoral puede chocar con los plazos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, como suele ser habitual, puede tardar más en responder a las eventuales cuestiones prejudiciales planteadas por el Supremo u otros tribunales españoles.

Incluso en el supuesto que el Congreso de los Diputados tramite una eventual ley de amnistía por lectura única y que el Tribunal Constitucional resuelva con celeridad los recursos de inconstitucionalidad, la última palabra -y el manejo de los tiempos- pueden recaer ante la justicia europea.