El PSOE registra la ley de amnistía en solitario sin la firma de sus socios de investidura

El PSOE ha dado el siguiente paso en su avance hacia la investidura de su líder, Pedro Sánchez, y ha registrado este lunes en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía, como le exigían sus socios independentistas. Una ley que le ha servido al Partido Socialista las críticas tanto de la derecha como dentro de su propio partido, con concentraciones y manifestaciones masivas en las calles.

Los socialistas han solicitado que la proposición de ley destinada a amnistiar a los encausados en el proceso independentista catalán desde 2012 tramite por el procedimiento de urgencia, lo que supone reducir los plazos a la mitad, y ello podría permitir que el texto aprobado se remitiese al Senado en menos de un mes.

Además del PSOE, la iniciativa iba a llevar la firma de Sumar y de los socios independentistas de Esquerra (ERC), Junts y Bildu y de los nacionalistas del PNV y del BNG, pero obtener el visto bueno de todos estos grupos ha ido retrasando hasta última hora el registro del texto.

ERC ha evitado firmar la proposición de ley de amnistía registrada este lunes por el PSOE en solitario, al albergar dudas técnico-jurídicas sobre el redactado de la última versión del texto, que han pactado los socialistas con JxCat. Fuentes republicanas consultadas por EFE han subrayado que priorizan la «máxima seguridad jurídica del contenido de la ley» y, ante las «prisas» de los socialistas por registrar la proposición en el Congreso, han optado por no añadir su firma y seguir revisando el texto, para acabar de cerrar los últimos flecos «en las próximas horas o días», aunque, en todo caso, su apoyo a la ley no peligra.

Fuentes del PNV también han señalado que no han firmado la iniciativa porque las partes negociadoras no lo han requerido, aunque «en líneas generales» están de acuerdo con el texto de la proposición de ley.

El debate de investidura de Pedro Sánchez se realizara los próximos días 15 y 16 de noviembre, tal y como ha anunciado este lunes la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Los grupos parlamentarios que han pactado con el PSOE su apoyo a la investidura habían recibido el texto de la ley de amnistía aproximadamente a las 10.00 horas, para revisarlo y firmarlo. 

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El pasado jueves, 9 de noviembre, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de JxCat, Jordi Turull, firmaron en Bruselas el acuerdo que desbloqueaba la investidura. Un acuerdo que llegaba después de que los socialistas cerraran su pacto con ERC y poco antes de que los de Pedro Sánchez cerraran el apoyo del PNV a su investidura.

La proposición de ley para amnistiar al independentismo catalán abarca 11 años del ‘procés’, desde el 1 enero de 2012 –pasando por la consulta del 9 de noviembre de 2014, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y los disturbios tras la sentencia del ‘procés’ en 2019– hasta este lunes 13 de noviembre. Así consta en el texto, en el que se propone amnistiar delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación.

Además, como ya adelantó THE OBJECTIVE, la ley de amnistía también incluye a los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, para que se les anulen las causas pendientes en varios juzgados de Cataluña por su intervención durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

En este sentido, plantea exonerar «los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos».

Así, quedaría amnistiados los actos determinantes de «responsabilidad penal, administrativa o contable», ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña –tanto el 9-N como el 1-O– «de su preparación o de sus consecuencias, siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023».

En el texto se apunta también que los jueces tendrán que aplicar la amnistía con carácter preferente y urgente y que las decisiones se deberán adoptar en un plazo máximo de dos meses; ello sin perjuicio de los recursos que se presenten que, según señala, no tendrán efectos suspensivos.