La Fiscalía considera insuficientes los indicios para imputar a Puigdemont por terrorismo
Contradice al juez y afirma ahora que la Audiencia Nacional no es competente para investigar Tsunami Democràtic
Incidentes tras una manifestación convocada por Tsunami Democratic en diciembre de 2019. | David Zorrakino (EP)
La Fiscalía de la Audiencia Nacional contradice al juez Manuel García Castellón. El Ministerio Público considera que no hay indicios suficientes para investigar por delitos de terrorismo a Carles Puigdemont, Marta Rovira y el resto de imputados por el magistrado en el caso Tsunami Democràtic, según un recurso de apelación interpuesto este viernes y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
El Ministerio Público se posiciona en dirección opuesta a lo que defendía hace apenas cuatro meses. El pasado 19 de julio, el fiscal del caso llegó a calificar en un escrito como presuntos delitos de terrorismo los hechos investigados por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 en la causa Tsunami Democràtic. Sin embargo, la Fiscalía ahora «entiende que las actuaciones llevadas a cabo en el marco de las diligencias incoadas hace cuatro años no han arrojado elementos que permitan sostener la existencia de una organización o grupo criminal, ni tampoco su carácter terrorista que es lo que justificaría la competencia de la Audiencia Nacional».
El fiscal considera que «en los hechos recogidos en la causa no se han acreditado jerarquías, ni distribución de funciones entre los investigados, ni la existencia de un órgano directivo, ni tampoco la perpetración concertada de diferentes hechos delictivos, requisitos necesarios, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para encontrarnos ante una organización criminal».
La Fiscalía pide apartar a la AN
Al descartar ahora que existan indicios de terrorismo, el Ministerio Público subraya en su recurso a la Sala de lo Penal que la Audiencia Nacional habría dejado de ser el órgano competente para investigar los hechos. Y añade que la causa debe volver a los juzgados de instrucción de Barcelona, donde se inició originalmente la investigación sobre Tsunami Democrètic.
«Los únicos hechos delictivos que se deducen de los actuado en la causa serían los llevados a cabo en el aeropuerto del Prat y en el puesto fronterizo de la Junquera, constitutivos de desórdenes públicos graves, tras la derogación de la sedición», indican en el texto.
El Ministerio Público no ha ocultado su choque con el juez en esta causa. De ahí que, en un comunicado, la fiscalía de la Audiencia Nacional haya anunciado que «interpone recurso directo de apelación ya que el instructor dio traslado a la fiscalía del informe final de recapitulación de los hechos efectuado por las fuerzas policiales el día 3 de noviembre y dictó la resolución que ahora se recurre el día 6 de noviembre, primer día hábil siguiente a dicho traslado, considerando por ello estéril la interposición previa de recurso de reforma contra dicha resolución».
Amnistía al independentismo
El choque entre la Fiscalía y el juez se produce en plena negociación por la amnistía entre el PSOE y los partidos independentistas. Una imputación por terrorismo podría hacer que Puigdemont, Rovira y el resto de investigados en Tsunami pudieran no ser amnistiables, ante la gravedad del delito que se les atribuye. Un contundente informe aportado a la causa por la Guardia Civil la semana pasada avala las tesis de juez y contradice lo señalado por la Fiscalía.
Un documento de más de 200 páginas donde el Instituto Armado desgrana la creación, estructura, líderes, financiación y hoja de ruta del colectivo independentista que sembró el caos en las calles de Cataluña durante los días siguientes a la publicación de la sentencia por la que fueron condenados los líderes del procés independentista, en 2019. Un documento en el que vincula a la actual ‘número dos’ de ERC, Marta Rovira, con las actividades de coordinación de Tsunami en lo relativo a búsqueda de apoyos institucionales y de su partido político. Y que también acredita presuntas reuniones en Ginebra en las que habría participado, al menos en una ocasión según la Guardia Civil, el propio Puigdemont.
El informe, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, concluye que el objetivo perseguido con la creación de la plataforma Tsunami Democratic, cuyos responsables podrían verse beneficiados de la futura ley de amnistía, era «provocar grandes perjuicios económicos a las principales estructuras del sistema económico y, por ende, desestabilizar la economía española (bloqueos de los aeropuertos de Madrid y Barcelona), aislar a España del resto de Europa (corrtes de la autopista AP-7 en la frontera con Francia) o internacionalizar el conflicto proyectando una imagen antidemocrática de España en el exterior)».
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