Sánchez cede en todo ante Puigdemont y da un salto al vacío con un amplio rechazo social
El PSOE acepta una amnistía para el ‘procés’ sin arrepentimiento ni renuncia a la unilateralidad
Pedro Sánchez comparece el 3 de octubre en Moncloa tras el encargo del Rey. | Alejandro Martínez (EP)
Una ley de amnistía que perdona todo el procés de 2012 a 2023, un relator internacional para «vigilar que se cumplen los acuerdos alcanzados» y tabla rasa con todas las causas de la llamada doctrina lawfare, la palabra inglesa con la que se identifica a un sistema judicial cuyo fin es la persecución política. Pedro Sánchez cedió en todo para conseguir los siete diputados de Carles Puigdemont en el noveno aniversario del 9-N, la primera consulta ilegal celebrada en Cataluña, sin que Junts renunciase a la unilateralidad.
El texto de cuatro páginas que condensa el pacto cuenta con un total de 120 líneas, de las que «119 son cesiones», en palabras de Juanma Moreno. «La otra es lo que solo le importa (a Sánchez): su sillón en La Moncloa», resumió el presidente de la Junta de Andalucía tras vaticinar la «defunción» del PSOE que se ha conocido a lo largo de sus 110 años de historia.
Un salto al vacío con el que el líder del PSOE se garantiza seguir en el poder tras una investidura que se celebrará los próximos 15 y 16 de noviembre, pero que provocó un amplio rechazo social, empezando por los jueces y fiscales, que emitieron sendos comunicados a los que se sumaron todas sus asociaciones. Una unanimidad, de izquierda a derecha, para alertar de que el acuerdo entre PSOE y Junts supone romper la separación de poderes y que no se veía desde hace mucho tiempo. También hubo reacciones del CGPJ, los inspectores de Hacienda y de Trabajo, los letrados de la Administración de Justicia y el Colegio de Abogados de Madrid, Además, en la capital y otras ciudades se volvieron a producir concentraciones para expresar su malestar por las cesiones de Sánchez al independentismo catalán. Junto a Ferraz, y por séptimo día consecutivo, se congregaron más de 8.000 personas.
Incluso, el documento del PSOE y Junts abre la vía a un futuro referéndum ya que entre «los contenidos de los acuerdos a negociar» en la recién empezada legislatura está «el ámbito del reconocimiento nacional» de Cataluña, para el que Puigdemont defenderá una consulta de autodeterminación mientras que los socialistas pedirán el desarrollo del Estatut de 2007 y mayores cuotas de autogobierno.
El texto comienza con un relato político, que parte de la interpretación de los nacionalistas y del actual PSOE sobre las raíces del procés, y en el que carga la responsabilidad de lo sucedido al PP por recurrir la aprobación del Estatut en Cataluña. También reparte culpas al Tribunal Constitucional por actuar ante la inconstitucionalidad de algunos puntos de la norma y determina la necesidad de abrir una nueva página en las relaciones entre España y la comunidad autónoma de Cataluña. En este sentido, Puigdemont ha dejado claro que «los únicos límites a la negociación los pondrá el Parlament» en una etapa inédita que «se deberá saber explorar y explotar».
«A diferencia de la legislatura pasada, en la que el Gobierno de Pedro Sánchez arrancó con la estabilidad garantizada, aquí se la tendrá que ganar», recalcó el expresidente catalán en una comparecencia sin preguntas desde Bruselas. A modo de advertencia, insistió en que «sin acuerdos y sin cumplimientos», la legislatura no tendrá ningún recorrido. «El ‘a cambio de nada’ ha ido a la papelera de la Historia», puntualizó.
La amnistía será la primera prueba de fuego. El perdón judicial beneficiará a todos los procesados por el procés desde el año 2012 hasta la actualidad. El número tres de los socialistas, Santos Cerdán, no entró en detalles acerca de nombres concretos -en referencia a Laura Borràs, condenada por trocear contratos públicos para beneficiar a un amigo-, pero señaló que todos aquellos que se hayan visto afectados «de forma directa o indirecta» por estos hechos se verán beneficiados por la norma.
La propuesta de ley será presentada a los grupos parlamentarios de ambos partidos el próximo lunes, momento en el que quedará registrada en el Congreso de los Diputados para su tramitación. Aunque Cerdán y el documento entre ambas partes no explica los pormenores del acuerdo de la amnistía, la enorme duración del periodo del que se podrán beneficiar los independentistas, así como la asunción de la cuestión del lawfare, abren la puerta a que la familia Pujol y el expresidente Artur Más se puedan aprovechar por la medida de gracia de los socialistas.
Para librarse de la carga de explicar los nombres propios de la negociación, Santos dejó claro que serán los jueces los encargados de determinar en el futuro, una vez aprobada la ley, quiénes se pueden acoger a esta nueva norma y quiénes no. El expresident Mas, por ejemplo, fue condenado por la consulta ilegal del 9-N de 2014, por la que fue inhabilitado y se le impuso una sanción de 36.000 euros por desobediencia al Tribunal Constitucional. Los magistrados respaldaron la sentencia del Supremo que rechazó todos los argumentos del expresident, quien invocó sus derechos constitucionales a la participación y a la libertad ideológica y de expresión en busca de su absolución.
El caso Pujol es más amplio y complejo. Aún no han sido condenados los patriarcas de la familia por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad, todos a raíz de las declaraciones del exmandatario en los que admitía que tenía dinero en el extranjero. THE OBJECTIVE ya adelantó que el plan de Puigdemont era limpiar los delitos de todo el clan del expresident Pujol.
Toda la familia Pujol está inmersa en juicios por presuntos casos de corrupción y la primera imputación del expresidente Jordi Pujol fue el 16 de diciembre de 2014. Entonces, el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona llamó a declarar el 27 de enero de 2015 a Pujol, a su esposa, Marta Ferrusola, y a sus hijos Marta, Mireia y Pere, por presuntos delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. El origen del caso partió de la confesión en julio de 2014 del expresidente de que la familia había tenido dinero sin regularizar en el extranjero (Andorra) durante tres décadas y que, según Pujol, procedía de una herencia de su padre.
A partir de entonces, se multiplicaron los casos que afectaban a la familia. En mayo de 2017, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial concluyó que la familia Pujol-Ferrusola obtuvo un «beneficio económico no justificado» de 69 millones de euros en sus cuentas de Andorra desde 1990, cuando comenzaron una operativa para ocultar «grandes sumas de origen desconocido» que responde a un «plan preconcebido y ordenado». En julio de 2020, el juez José de la Mata Amaya de la Audiencia Nacional dio por concluida la fase de instrucción, considerando que había indicios de delito para juzgar a toda la familia Pujol por delitos de pertenencia a una organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude a la hacienda pública y falsedad documental.
En julio de 2020, De la Mata consideró que la fase de instrucción podía darse por terminada y que había indicios de delito para juzgar a toda la familia Pujol. La Fiscalía Anticorrupción dio a conocer en mayo de 2021 su petición de penas para la familia Pujol, que suman 92 años de cárcel, con el primogénito, para quien solicita una condena de 29 años de prisión, a la cabeza. El juicio aún no se ha celebrado.
Además, con el reconocimiento como víctimas de ese supuesto lawfare podrían verse amnistiadas varias figuras del independentismo que, como Laura Borràs o el abogado Gonzalo Boye, han sido investigados, procesados o condenados por hechos que nada tienen que ver con el procés.
El PSOE niega que vaya revisar sentencias o fiscalizar jueces
Incluso, podría aplicarse al propio Puigdemont o la número dos de ERC, Marta Rovira, recientemente imputados en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de terrorismo en el caso Tsunami Democràtic. El texto del pacto entre PSOE y Junts apunta, en este sentido, a que la próxima legislatura se constituirán comisiones de investigación parlamentarias, cuyas conclusiones se tendrán en cuenta para «la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».
El PSOE tuvo que matizar este jueves, ante el enorme revuelo creado por este punto entre jueces y fiscales, que las citadas comisiones son las que pactó con Junts y ERC para la elección de la Mesa del Congreso. Es decir, la reactivación de la comisión sobre la llamada ‘Operación Cataluña’ y una nueva sobre el espionaje de Pegasus.
«Ninguna otra», subrayó Ferraz. «El Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial. El Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado. El PSOE respeta la plena independencia judicial, la labor de jueces y magistrados y la separación de poderes», apuntaron fuentes socialistas.
La figura del relator internacional en el acuerdo es un punto largamente perseguido por Puigdemont desde su referéndum ilegal de 2017. Tanto PSOE como Junts reconocen que no confían el uno en el otro, razón por la que se determina la presencia de este mediador extranjero en las negociaciones. Por tanto, ambos «han acordado dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue».
En la primera reunión de negociación, a celebrar en este mismo mes de noviembre en un país por determinar, se planteará que Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña «y amparado en el artículo 92 de la Constitución». Este artículo autoriza a someter a referéndum consultivo «las decisiones políticas de especial trascendencia» como lo fue la permanencia de España en la OTAN en 1986.
En este sentido, el referéndum «será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados» por mayoría absoluta. El TC ya dejó claro que no pueden plantearse referendos consultivos sobre asuntos que van en contra de la Constitución, como intentó en 2008 el llamado ‘plan Ibarretxe’ del Ejecutivo vasco.
«Saben que en cualquier cosa que se haya hablado sobre el referéndum, nosotros nos hemos limitado siempre al marco de la Constitución»
Santos Cerdán (PSOE)
Además, una consulta de autodeterminación choca contra el artículo de la Carta Magna que fija la «indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles» y tendría que ser votada por todos los españoles, por lo que es una incógnita el camino que se tomará en este sentido para contentar a todos por igual.
Cerdán indicó que todo lo que haga el PSOE será «dentro de la Constitución». Por si no quedó claro, el número tres del PSOE insistió en lo mismo: «Esa ha sido nuestra línea roja y saben que en cualquier cosa que se haya hablado sobre el referéndum, nosotros nos hemos limitado siempre al marco de la Constitución», subrayó. Pero no convenció a la oposición.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue la primera en reaccionar. Este pacto entre PSOE y Junts supone, a su juicio, la conversión de España en «una dictadura» impuesta a los españoles «por la puerta de atrás». «El camino es entrar en una dictadura, han estado con el señuelo de que viene Franco o la ultraderecha, el blanco y negro, el nos van a meter a todos en casa, las mujeres en la cocina y nos han colado una dictadura. Nos la han colado por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella», aseveró la dirigente popular.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, valoró el acuerdo entre Sánchez y Puigdemont como «un ataque sin precedentes a la democracia» española, al tiempo que hizo hincapié en que «la humillación» a la que Sánchez «está sometiendo a nuestro país está siendo completa e inapelable, hasta el punto de que los independentistas han decidido anunciar este acuerdo en el aniversario de la convocatoria ilegal» del 9 de noviembre de 2014.
