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Medio centenar de militares retirados piden al Ejército derrocar a Sánchez

Los firmantes superan el medio centenar y entre ellos hay varios generales de división y de brigada

Medio centenar de militares retirados piden al Ejército derrocar a Sánchez

Pedro Sánchez, tras la investidura de este jueves. | EP

Un grupo de militares de distintos empleos, armas y cuerpos, todos en situación de retirado, han elaborado un manifiesto en el que piden «a los responsables de la defensa del ordenamiento constitucional» la destitución del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria de elecciones generales, según el texto adelantado por InfoLibre y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Los firmantes superan, por el momento, el medio centenar y algunos formaron parte del Ejército del Aire. Entre ellos hay varios generales de división y de brigada, si bien la mayoría de ellos son coroneles. Todos ellos en situación de retiro, por lo que no les alcanza el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas ante una iniciativa golpista como la que piden. En el documento, someten su propuesta «a la consideración de la ciudadanía española al objeto de prevenirla y de que tome conciencia de la gravedad de la situación actual».

También justifican el manifiesto «ante el deterioro de la situación política en relación con los valores de la Constitución, con absoluto desprecio de las Instituciones» y en base «a los principios morales de la Defensa de la unidad territorial, del ordenamiento  constitucional y de su soberanía e independencia».

Este grupo de militares denuncia la «ausencia de Justicia, Igualdad y Democracia en España» fruto del «acoso» al Estado de derecho por parte del Ejecutivo de Sánchez «al copar la mayoría de los órganos judiciales» y «anular» la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tal y como «ya han aseverado diversas asociaciones de magistrados, jueces y fiscales, así como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo».

Los firmantes invocan el artículo 8.1 de la Constitución, «que señala en relación con las misiones de las Fuerzas Armadas, además de garantizar la soberanía e independencia de España y la defensa de su unidad territorial, la de defender el ordenamiento constitucional».

En este sentido, consideran «en grave peligro» la Carta Magna «por la falta de independencia judicial, la desigualdad de los ciudadanos españoles ante la ley y la posible ruptura de la unidad de la Nación española». Al manifiesto se ha adherido este viernes la Asociación de Militares Españoles (AME).

Además, se detienen en la situación del Tribunal Constitucional, máximo órgano de garantías constitucionales, presidido por Cándido Conde-Pumpido, «un magistrado con antecedentes que no permiten la neutralidad de sus acciones al haber manifestado que ‘hay que mancharse la toga con el barro del camino’ en relación con procedimientos para la integración de una organización terrorista como partido político, en contra de una sentencia del Tribunal Supremo».

También se quejan de que el TC esté compuesto «parcialmente» por magistrados que recientemente han detentado «relevantes cargos políticos» en el Ejecutivo, «lo que anula su neutralidad». Así, advierten de la «extralimitación» de las funciones del Constitucional, «asumiendo el papel de corrector de las sentencias del Tribunal Supremo, función que no le corresponde al no estar integrado en el poder judicial, debiendo exclusivamente garantizar la constitucionalidad o no de las mismas».

Tras ello, cargan contra la Fiscalía General del Estado, «proclive a la asunción permanente de los dictados del poder Ejecutivo, y en contra de su misión que es la de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social».

Los firmantes consideran que el Gobierno de Sánchez ha hecho un «uso inadecuado» de la figura del indulto para «los delincuentes del golpe de Estado de octubre de 2017», así como la supresión del delito de sedición en el Código Penal y la reducción de pena en la malversación, «solamente por intereses políticos».

Estos mandos castrenses retirados entran a continuación de lleno en la proposición de ley sobre la amnistía que el PSOE ha registrado en la Cámara Baja. Una iniciativa «sin cabida en la actual Constitución Española, que eliminaría la igualdad ante la Ley de todos los españoles y que borraría los delitos cometidos por quienes dieron el golpe de Estado en Cataluña en octubre de 2017» si es aprobada.

«Y ello por el solo interés personal para ser investido Presidente del Gobierno del actual en funciones, como él mismo ha manifestado, lo que deja inerme al Estado de Derecho al anular las sentencias y procedimientos en vigor de los delincuentes protagonistas de dicho golpe», se indica en el texto publicado por la AME este jueves tras la votación en el Congreso.

Los firmantes alertan de la «posible ruptura» de la unidad de la Nación española, «única e indivisible», al aceptar Sánchez la celebración de un referéndum de autodeterminación «y habiendo aceptado la denominación para Cataluña de ‘minoría nacional’, con los privilegios que esto conlleva en el derecho internacional».

Este grupo de militares también denuncia el ataque a las Fuerzas Armadas «con la cesión de Cuarteles, la eliminación de los desfiles militares, la petición por parte de los partidos políticos del País Vasco de la cesión del Polígono de Tiro de las Bárdenas Reales, fundamental para el entrenamiento de los pilotos de combate de nuestro Ejército del Aire».

Dicho «desprecio» por parte del Ejecutivo se extiende, a su juicio, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado «propiciando la desaparición de la Guardia Civil de Navarra, la cesión de Comisarías en Cataluña y la violación continuada de nuestras fronteras por inmigrantes ilegales, sin que el Gobierno las defienda debidamente». Una crítica extensible a las relaciones internacionales con el caso del «sorprendente cambio de criterio en el asunto del Sáhara, anteriormente en conjunción con las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas».

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