La Fiscalía se opone a que los tribunales estudien la petición de paralizar la amnistía
Alega que la demanda tiene la consideración de acto parlamentario y no de acto de naturaleza administrativa
Fachada de los juzgados de Plaza Castilla | Eduardo Parra (Europa Press)
La Fiscalía Provincial de Madrid se ha opuesto a que un juzgado de la capital estudie la petición de medida cautelar de un particular de paralizar la tramitación parlamentaria de la futura ley de amnistía en el Congreso, en el marco de una demanda presentada contra los grupos parlamentarios del PSOE, Junts, ERC, Sumar, así como contra la Mesa del Congreso y la Presidencia de la Cámara Baja.
Fuentes fiscales han explicado a Europa Press que el Ministerio Público interpuso un recurso de reposición ante el Juzgado de Primera Instancia 104 de Madrid después de que suspendiese la vista fijada para el próximo lunes para estudiar el asunto hasta que las partes presenten sus alegaciones sobre la posible falta de jurisdicción del propio Juzgado. La mencionada petición, según la Fiscalía, tiene la consideración de acto parlamentario y no de acto de naturaleza administrativa.
Por ello, considera que «no es competencia del orden jurisdiccional civil, ni siquiera del orden contencioso-administrativo, pues el enjuiciamiento, tanto de las pretensiones que afectan al fondo, como de las referidas a la justicia cautelar del litigio, corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional«. En este sentido pide que, «dado que en el presente caso existe una manifiesta falta de jurisdicción», el juzgado se abstenga de estudiar estas medidas cautelares.
La demanda contra la amnistía
La demanda que dio lugar a este procedimiento, recogida también por esta agencia de noticias, alega entre otras cuestiones una posible vulneración del derecho a la igualdad, «ya que se pretende amnistiar a unas personas determinadas mediante un acto político y no de justicia rogada o de gracia».
El firmante entiende que «la futura aprobación de dicha amnistía puede estar vulnerando» sus derechos y el «principio constitucional de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos» recogido en la Constitución. En este sentido, recalca que «las autoridades no pueden tomar decisiones arbitrarias entendiéndose por tales, fundamentalmente, aquellas que supongan una infracción del principio de igualdad de trato de los administrados ante la aplicación de la ley y las reglas objetivamente determinadas».
A su juicio, la ley de amnistía que se negocia es «una vulneración de los derechos humanos de aquellos españoles que residan en el País Vasco o Cataluña que deberán renunciar a ser españoles si quieren seguir viviendo en dichos territorios, y de los españoles que vivimos fuera de esos territorios, ya que se verán privados de parte de su propio país».
Así las cosas, la demanda asegura que aprobar esta norma «para no castigar a quienes han delinquido contra todos los españoles sería como reconocer que políticos han cometido delitos en un sistema no democrático y, por ende, que España no es una democracia, por lo que estaríamos fuera tanto del Consejo de Europa como del tratado de la Unión Europea». Y defiende que con la aprobación de la ley «se estaría dando un golpe mortal a la democracia, a la Constitución y al principio de separación de poderes».
