El Tribunal de Cuentas rechaza suspender el juicio a Puigdemont por los gastos del 1-O
El procedimiento está fijado para el 17 de noviembre y el expresidente catalán fue citado de forma presencial
Carles Puigdemont antes de explicar el acuerdo entre PSOE y Junts. | Europa Press
Malas noticias para Carles Puigdemont. El Tribunal de Cuentas ha rechazado suspender el juicio por el supuesto desvío de fondos para financiar el procés. El expresidente catalán, que ha sido citado a declarar de forma presencial, solicitó suspender el procedimiento previsto para el próximo viernes, al que se enfrentan una treintena de antiguos cargos del Govern. El órgano fiscalizador trata de recuperar el dinero supuestamente desviado para pagar el referéndum ilegal del 1-O.
La consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez, ha dictado este viernes dos providencias. En la primera deniega la petición de suspensión del procedimiento por causa de prejudicialidad penal que han formulado las representaciones procesales de los codemandados Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig.
Hernáez precisa que no se trata de una cuestión nueva, dado que dicha petición ya fue planteada por estos cuatro codemandados en la audiencia previa celebrada en diciembre del año pasado, cuando fue desestimada mediante auto. Fuentes del órgano explican que se hace una remisión general de su contenido e insisten en que no procede la suspensión solicitada por aplicación del principio de compatibilidad entre las jurisdicciones penal y contable.
La petición de Puigdemont
Desde el órgano fiscalizador afirman que la sentencia del Tribunal Supremo aportada por los solicitantes no resulta de aplicación a su caso concreto. El martes, el Tribunal de Cuentas citó al expresidente catalán el próximo viernes en Madrid para un interrogatorio por el supuesto desvío de fondos. Puigdemont solicitó suspender el juicio porque el órgano «no puede pronunciarse sobre la responsabilidad contable derivada de una conducta presuntamente delictiva mientras no exista una resolución penal firme que declare si se trata de hechos constitutivos de delito».
Esta decisión no garantiza que se celebre el juicio, ya cualquiera de las partes puede solicitar su suspensión incluso durante la vista. En otra providencia, la consejera deniega la solicitud formulada por Sociedad Civil Catalana, personada en el caso. La organización pidió que se reconsideran los pronunciamientos adoptados en la providencia del pasado 17 de octubre, que acuerda que el procedimiento finalice mediante conclusiones orales, y no por conclusiones escritas. Hernáez también rechaza esa petición.
La consejera pone de manifiesto que esa resolución judicial tiene carácter firme y que no fue recurrida ni por Sociedad Civil Catalana ni por ninguna de las demás partes personadas en el procedimiento. Ante este escenario, el Tribunal de Cuentas mantiene «incólumes» todos los pronunciamientos recogidos en la mencionada providencia del 17 de octubre, por lo que el juicio del próximo viernes finalizará mediante el trámite de conclusiones escritas.
El órgano fiscalizador dirimirá la responsabilidad contable de Puigdemont y el resto de demandados. Se trata, por tanto, de un procedimiento complementario a la vía civil o penal. Que exista una propuesta de amnistía sobre la mesa no implica que se detenga el juicio en el Tribunal de Cuentas, ya que van por vías distintas. «Depende del alcance de la ley de amnistía, que debe precisar si deja sin efecto solo las responsabilidades penales o también las contables», precisan fuentes del organismo.
Recuperar fondos desviados
Sociedad Civil Catalana reclama el reintegro de 5,3 millones de euros, mientras que la Fiscalía rebaja la cifra a 3,1 millones que deberían pagar de forma conjunta y solidaria una treintena de exdirigentes de la Generalitat de Cataluña, entre los que se encuentran Puigdemont, Oriol Junqueras y Artur Mas. El Ministerio Público calculó que la cantidad desviada superaba los 9,5 millones, pero modificó su demanda inicial.
En caso de que la medida de gracia perdone también la presunta malversación, el Estado no podría recuperar los más de 10 millones de euros públicos que presuntamente desviaron los antiguos cargos de la Generalitat para celebrar y promocionar el procés. En ese caso, los expertos sostienen que los juzgados también estarían obligados a devolver las fianzas, que superan los 10 millones. La mayor parte, 7,2 millones, fueron depositados por la Caixa de Solidaritat.
