El juez de Tsunami pide datos a la OTAN de las incidencias aéreas en el bloqueo de El Prat
García-Castellón ordena a Francia que localice a la mujer del fallecido por si quiere declarar cuatro años después
Concentración de manifestantes en El Prat tras conocerse la sentencia del ‘procés’ en 2019. | Marc González (Europa Press)
El juez del caso Tsunami Democràtic vuela hasta la OTAN para esclarecer el bloqueo de El Prat. Manuel García-Castellón ha pedido a varios organismos nacionales e internacionales, entre ellos la alianza militar, datos de las incidencias que ocasionó en el tráfico aéreo el bloqueo del aeropuerto de Barcelona durante las protestas originadas tras conocerse la sentencia del procès en 2019. Las empresas afectadas cuantifican los daños causados en más de dos millones de euros. El magistrado también ordena a Francia que localice a la mujer del fallecido en la acción para ofrecerle ejercer como acusación y declarar cuatro años después.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha emitido este lunes un auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, para conocer el impacto que causó el bloqueo de El Prat. Ha solicitado información tanto de la OTAN como de otros organismos. Las respuestas serán enviadas al Tribunal Supremo, al que ha pedido que asuma la investigación por afectar a aforados como el expresidente catalán Carles Puigdemont.
García-Castellón ha pedido información al Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN en Torrejón de Ardoz (CAOCTJ) para conocer las incidencias que afectaron al aeropuerto de El Prat aquel 14 de octubre. La protesta concentró a unos 8.000 manifestantes y dejó cuantiosos destrozos. Se rompieron equipos antiincendios, cámaras, sistemas de seguridad, ventanas, papeleras y se rallaron coches en el parking de las terminales 1 y 2.
Tsunami acusado de terrorismo
No solo reclama información a la OTAN. El juez se ha dirigido a ENAIRE, entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Transportes, y a la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) para conocer los datos registrados de aquella aciaga jornada.
Las acciones acabaron con abundantes destrozos mobiliarios, 125 heridos, 194 detenidos y 169 vuelos retrasados. Vueling, la compañía más afectada, estimó en 978.000 euros las pérdidas tras las protestas, que Tsunami califica de espontáneas, aunque los investigadores sostienen que habían sido preparadas con mucho tiempo de antelación. Aena cifró los años en más de 1,2 millones de euros, por lo que la cifra supera los dos millones.
El auto también pide que el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) informe de todas las incidencias médicas contabilizadas en el aeropuerto el 14 de octubre de 2019. Demanda todos los registros que tengan de aquel día que contengan las circunstancias relativas al fallecimiento de un turista, por el que el juez imputa a Tsunami un delito de terrorismo, y su traslado al hospital en helicóptero. García-Castellón acuerda ofrecer a su familia la posibilidad de emprender acciones penales y ejercer así la acusación.
El magistrado imputa a Tsunami un delito de terrorismo por la muerte de un ciudadano francés durante la acción, extremo que rechaza la Fiscalía. Los Mossos han trasladado al magistrado los atestados de aquella jornada, que no aluden al turista fallecido, por lo que separan su óbito de las protestas. Un juzgado de Hospitalet ya archivó la causa en 2019 al no apreciar delito, ya que la víctima padecía problemas cardíacos y la autopsia reveló que había sufrido un infarto. No obstante, su hija ha revelado a El Mundo que, bajo circunstancias normales, no habría perdido la vida. No descarta presentar una denuncia.
Recusación del juez
El jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha pedido a García-Castellón que se aparte de la causa. Le recusa por unas manifestaciones que realizó en el Foro La Región de Ourense en alusión a la amnistía. Se trata de la tercera recusación después de las planteadas por otros dos investigados: el empresario Oriol Soler y el consejero de Òmnium Oleguer Serra, que según los investigadores tuvieron un papel determinante en la organización de Tsunami.
La plataforma independentista buscaba subvertir el orden constitucional a través de movilizaciones masivas, según los informes policiales. La primera acción se produjo el mismo día que se hizo pública la sentencia del procés. Miles de manifestantes fueron convocados para bloquear El Prat. Horas antes, Soler envió un mensaje a Marcel Mauri de los Ríos, vicepresidente de Òmnium Cultural, para solicitarle sin éxito que «políticos y famosos» se dirigieran al aeródromo.
