Las asociaciones de fiscales cargan contra García Ortiz tras el comunicado del CGPJ
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) afea la decisión de unos vocales que llevan cinco años con el mandato caducado
El fiscal general abraza a Yolanda Díaz en la apertura de las Cortes. | Eduardo Parra (Europa Press)
Nunca había sucedido en democracia. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concluyó este jueves, por primera vez en su historia, que el fiscal general no es la persona idónea para el cargo. El pronunciamiento del órgano de gobierno de los jueces no es vinculante, pero supone una pesada losa sobre Álvaro García Ortiz, al que el Gobierno ya ha confirmado que continuará otros cuatro años. La mayoría de las asociaciones de fiscales también han cargado contra él por «mostrarse descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno». La Unión Progresista de Fiscales (UPF), en cambio, ha afeado la decisión de unos vocales que llevan cinco años con el mandato caducado.
García Ortiz logró en julio del año pasado el aval de 12 miembros del CGPJ, el mismo respaldo que obtuvo su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, en enero de 2020. Tras 14 meses en el cargo, ahora la mayoría le da la espalda. A pesar de la decisión del órgano de gobierno de los jueces, que nunca había informado en contra del candidato de Moncloa, el Gobierno podrá seguir adelante con la renovación del fiscal general.
Ocho de los 16 vocales que conforman el órgano en la actualidad, los del bloque conservador, votaron en contra de la continuidad de García Ortiz. Otros siete votaron a favor (seis de tendencia progresista). Enrique Lucas, alineado habitualmente con el ala progresista, se ha ausentado porque su hermano es uno de los cinco magistrados que firman la sentencia del Supremo que achacó al fiscal general «una desviación de poder» por ascender a su predecesora a la máxima categoría de la carrera fiscal tras haber estado al frente del Ministerio Público.
El desvío de poder de García Ortiz
Esa resolución ha pesado de forma determinante en la decisión del CGPJ. No es el único motivo que ha declinado la balanza, ya que la mayoría de sus miembros le acusan de falta de imparcialidad, nombramientos a dedo y silencio ante la ley de amnistía y las denuncias de lawfare. Los vocales del órgano de gobierno de los jueces también critican que García Ortiz no ampare a los cuatro fiscales que participaron en el procés y que le reclamaron amparo institucional sin éxito.
Unas motivaciones que comparten la mayoría de las asociaciones de fiscales. «No reúne el talante ni las formas para ocupar el cargo», señala a Miguel Pallarés, que acaba estrenarse en la presidencia de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Su organización tomó la delantera al CGPJ al afirmar el pasado domingo, en la conclusiones del congreso que celebró, que García Ortiz no debía seguir en su puesto. «Es una persona que se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación debida a la institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias».
APIF también denuncia que el fiscal general haya sido condenado por desviación de poder en el Supremo «en términos inusualmente duros» lo que «supone transmitir a la sociedad una dependencia del Gobierno que ya se plasmó en aquella manifestación ya tristemente popular: ¿la fiscalía de quién depende?», en alusión a la afirmación que realizó Pedro Sánchez cuando era candidato a las elecciones generales en 2019.
Un fiscal «independiente» del Gobierno
«La APIF considera que el estado de derecho en España ha de mantenerse sobre un Ministerio Fiscal independiente del Gobierno y sometido únicamente al imperio de la ley. En este sentido, respetando la designación hecha por el Ejecutivo, consideramos que el presente fiscal general no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser fiscal general del Estado», insistía la asociación en las conclusiones de su congreso.
Su nuevo presidente reconoce que la decisión del CGPJ es preceptiva, pero no vinculante, aunque admite que el Gobierno no cambiará de idea y mantendrá a García Ortiz al frente del Ministerio Público. De hecho, el Ejecutivo ya ha anunciado que seguirá en su cargo cuatro años más, hasta 2027. «El pronunciamiento supone un desgaste más, pero quizás esté ya amortizado, lo encajen y se pongan de perfil», lamenta Pallarés.
La mayoritaria Asociación de Fiscales, pese a desconocer el contenido del debate del CGPJ ni de los informes emitidos por sus vocales, intuye que uno de los motivos que les ha llevado a cuestionar la idoneidad de García Ortiz es la reciente sentencia del Supremo que anula el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de lo Militar al basarla en una desviación de poder.
La portavoz de la organización, Cristina Dexeus, considera «llamativa» la decisión que ha tomado el órgano de gobierno de los jueces, aunque asegura que el pronunciamiento no cambiará la posición del Ejecutivo. El Gobierno considera que el fiscal general cumple con los requisitos de antigüedad exigidos por la ley y considera que el informe del CGPJ ha sido elaborado «al margen de la ley».
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha manifestado en un comunicado su «absoluta sorpresa y desacuerdo» con la decisión adoptada en el último pleno del CGPJ. Resalta que su mandato caducó hace cinco años y sus mayorías «se ven claramente alteradas por las dimisiones de aquellos vocales que, con honestidad y coherencia, renunciaron en su día al cargo para no prolongar esa ilícita situación». Además, aseguran que «ignoran y desconocen» los méritos de García Ortiz «pese a ser públicamente reconocidos».
