La 'mano derecha' de Puigdemont recurre el auto del juez sobre el bloqueo de El Prat
El magistrado solicita información a la OTAN, la UE y el Ministerio de Transportes por si los hechos son delito de terrorismo
Carles Puigdemont | Europa Press
El jefe de la oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha recurrido el auto por el que el juez que investiga a ‘Tsunami Democràtic’ solicitaba información a la OTAN, la Unión Europea y el Ministerio de Transportes sobre el «bloqueo» del aeropuerto de El Prat para determinar si las incidencias que tuvieron lugar merecen la calificación de terrorismo.
En un recurso de apelación, recogido por Europa Press, la defensa de Alay pide a la Sala de lo Penal que revoque esa resolución en la que el magistrado Manuel García Castellón insiste en que lo ocurrido el 14 de octubre de 2019 en el aeropuerto de El Prat encaja en delitos de terrorismo porque se trata de un ‘hub’ aéreo, considerado por tanto «infraestructura crítica», con cuyo «bloqueo» se perseguía «desestabilizar gravemente el funcionamiento (…) de las estructuras económicas o sociales del Estado».
En ese auto el juez también ofreció personarse a la familia del turista francés fallecido de un infarto en los disturbios en el aeropuerto. El magistrado destacaba que, si bien la información recibida de los juzgados que investigaron la muerte y el informe forense hablaban de muerte natural por una afección cardiaca, este último indicaba también que «el diagnóstico de esta categoría está determinado tanto por los hallazgos patológicos como por el historial médico y de las circunstancias de la muerte«.
«Precisamente, esas circunstancias fueron el colapso del aeropuerto, subrayaba García Castellón. En el citado recurso, Alay expresa su «sorpresa y preocupación» por el hecho de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 continúe «actuando como si no se encontrase recusado por diversas partes».
Críticas al juez
Además, critica que el magistrado sostenga en ese auto que «hay que investigar los hechos que fueron base» de la apertura de esta causa en 2019. «¿Qué se ha estado haciendo estos últimos 4 años?, ¿Cuánto dinero nos ha costado a los contribuyentes hasta la fecha esta investigación prospectiva? ¿Qué hechos nuevos se han descubierto recientemente para generar la actual dinámica procesal que estamos viendo?», se pregunta la defensa de Alay.
En esta línea, asegura que «si esto no es una dilación indebida y una vulneración de la tutela judicial efectiva» entonces desconoce «qué lo sería». «Porque esperar más de cuatro años para acordar diligencias que se pudieron acordar en 2019 es, francamente, una clara denegación de justicia y desatención de las funciones propias de cualquier órgano judicial», añade.
Asimismo, sostiene que «causa rubor ver cómo se están malgastando los recursos públicos en una prospección que no tiene como finalidad esclarecer hechos y atribuir responsabilidades, sino simplemente investigar a personas por lo que son o representan, no por lo que hayan podido hacer o dejar de hacer».
Por último, la defensa de Alay califica la «actuación procesal» de García Castellón como «absolutamente errática y carente de cualquier base indiciaria». Podría reunir las características de una causa general contra líderes independentistas catalanes, dado su carácter prospectivo», concluye.
