El 'lawfare' resucita a Manos Limpias: denuncia a Puigdemont por insultar a los jueces
Le atribuye un presunto de odio y otro de injurias por referirse en Instagram a los jueces españoles como «cuervos togados»
Manos Limpias intenta recuperar protagonismo como dique de contención ante el ‘lawfare’ y la amnistía. La organización liderada por Miguel Bernad ha interpuesto una catarata de acciones legales en el Tribunal Supremo en los últimos meses para defender la independencia del Poder Judicial frente al pacto entre Pedro Sánchez y los partidos independentistas catalanes. La última de ellas, según informan fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE, ha sido una denuncia contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, por referirse a los jueces como «cuervos togados» en redes sociales.
En un escrito remitido a la Sala Segunda del Alto Tribunal, el colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias denuncia a Puigdemont por un presunto delito de odio y otro de injurias. En un mensaje publicado en Instagram el pasado 1 de diciembre, según la denuncia, el líder de Junts descalificó a los jueces españoles al referirse a ellos como «cuervos togados» que «se revuelven y enseñan garras y colmillos».
Tras denunciar una supuesta campaña judicial para destruir su imagen y la de su organización, por haber sentado en el banquillo a la infanta Cristina en el caso Noos, Bernad sale en defensa de los jueces y denuncia que esas palabras de Puigdemont en Instagram se circunscriben en «una conducta con un elevado grado ofensivo y una clara finalidad difamatoria». En su denuncia, Manos Limpias considera que esas manifestaciones tuvieron un «amplio eco de medios de comunicación nacional e internacional».
Manos Limpias y el ‘lawfare’
Las mismas fuentes jurídicas confirman que Manos Limpias había presentado ya otras denuncias ante el Supremo para intentar frenar la amnistía y la creación de comisiones parlamentarias para analizar la actuación de jueces. La primera de esas denuncias fue contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, por un presunto delito de prevaricación al permitir la «fraudulenta» cesión de diputados del PSOE y Sumar a Junts y ERC para que los partidos independentistas pudieran contar con grupo parlamentario propio, teniendo acceso así a cuantiosas subvenciones públicas.
Otra de las denuncias interpuestas ante el Alto Tribunal por Manos Limpias fue contra el pacto firmado entre el PSOE y Junts por un presunto delito de usurpación de funciones. La organización entiende que el acuerdo «criminaliza al Poder Judicial» al introducir en su redactado el término ‘lawfare’. Esto último estaba contemplado en la segunda ampliación de la querella por la que Manos Limpias denunció inicialmente, a principios de noviembre, al presidente del Gobierno Pedro Sánchez por un presunto delito de usurpación de funciones en perjuicio de la independencia del Poder Judicial.
Suspensión cautelar de la amnistía
En la denuncia inicial, según avanzó Europa Press, el secretario general del sindicato, Miguel Bernad, apuntaba que también iba contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; el ministro de Transportes, Óscar Puente; el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; y la eurodiputada socialista Iratxe García Pérez como colaboradores necesarios en el delito.
Desde un inicio, Manos Limpias solicitaba al Supremo la suspensión cautelar de la ley de amnistía -cuando ni siquiera se había registrado aún en el Congreso de los Diputados- y advertía de que esta medida «no supone invadir en este caso competencias del Ejecutivo» porque con la tramitación de la proposición de ley se estarían «hurtando competencias del poder judicial».