La mayoría conservadora del CGPJ pide un pleno para abordar los ataques a los jueces
Los vocales exigen «un posicionamiento rotundo» tras la creación de comisiones de investigación en el Congreso
El presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte. | A. Martínez Vélez (Europa Press)
El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se planta. Nueve vocales han solicitado a su presidente, Vicente Guilarte, que el pleno del próximo 21 de diciembre examine «las relaciones entre el Poder Judicial y los restantes poderes del Estado» y aborde «la legalidad de las comisiones parlamentarias de investigación y deber de comparecencia de los jueces». Los miembros del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato caducó hace cinco años, están molestos por los ataques en el Congreso de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras.
Los vocales Wenceslao Olea, Carmen Llombart, José María Macías, María de los Ángeles Carmona, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Nuria Díaz Abad han enviado un escrito al presidente del CGPJ para solicitar que el próximo pleno incluya «el continuo flujo de inadmisibles declaraciones, descalificaciones, señalamientos, querellas e incluso amenazas que vienen sufriendo los jueces y magistrados por el mero ejercicio de sus funciones constitucionales».
El texto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, también solicita un debate sobre la creación de diversas comisiones parlamentarias de investigación «nombradas con la indisimulada intención de criminalizar la labor judicial». En su opinión, este hecho exige «un claro y rotundo posicionamiento que ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de Derecho».
La respuesta del CGPJ
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, acusó el martes a jueces y periodistas de actuar contra el independentismo catalán en el debate que abrió el procedimiento para aprobar la ley de amnistía. La dirigente catalana pidió una nueva comisión de investigación sobre la llamada Operación Cataluña, supuestamente orquestada por el Gobierno de Mariano Rajoy para perjudicar a los soberanistas. Atacó a los magistrados Manuel Marchena, Carmen Lamela, Carlos Lesmes y Pablo Llarena, a los que tildó de «indecentes».
«En un país normal serían cesados y juzgados de inmediato», insistió Nogueras. Las acusaciones causaron un terremoto sin precedentes en la cúpula judicial. Cuatro asociaciones de jueces y fiscales calificaron de «inasumible en democracia» y «tremendamente irresponsables» las palabras de la portavoz de Junts en sede parlamentaria. En su opinión, traslada a la ciudadanía «el falso mensaje de que sus jueces actúan movidos por intenciones ajenas a la aplicación de la ley».
El representante de Junts en el Senado, Josep Lluís Cleries, también acusó a los togados de emprender «una batalla política»
para «intentar torpedear» la ley de amnistía. En esa ocasión el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, salió en defensa de los jueces y de su independencia.
Las palabras de Junts han generado «un profundo malestar» tanto en el CGPJ como en el Tribunal Supremo, cuyo presidente, Francisco Marín Castán, canceló la reunión prevista con Bolaños. Guilarte también ha calificado el señalamiento como «inadmisible». En un comunicado avanzó que «se adoptarán todas las medidas necesarias previstas por el ordenamiento jurídico para proteger su independencia», que pasan por el amparo y la remisión a Fiscalía en caso de apariencia de delito.
Ataques a los jueces
Los vocales conservadores exigen dar un paso más para que el órgano de gobierno de los jueces anticipe su respuesta ante las probables citaciones en las comisiones de investigación pactadas entre el PSOE y los independentistas en el Congreso. Según el acuerdo suscrito con Junts, sus conclusiones se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones de lawfare y las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad.
En esta escenario también se enmarcarían iniciativas como las del Parlament de Cataluña, que amenazó al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, encargado del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de incurrir en responsabilidades penales si no desvelaba la información secreta del caso Pegasus, por el que fueron espiados más de medio centenar de dirigentes independentistas, entre ellos el president Pere Aragonès, que compareció este miércoles ante el juez.
