La UE rechaza investigar el 'caso Pegasus' porque ya está en los tribunales de España
Puigdemont denunció que el último Informe sobre el Estado de derecho omitía «la persecución política» de Cataluña
Puigdemont pide amnistía durante una rueda de prensa en Bruselas. | Europa Press
Europa da largas a Carles Puigdemont. El expresidente de Cataluña denunció en octubre que el Informe sobre el Estado de Derecho 2023 omitía «la persecución política del pueblo catalán por parte de España». La protesta se produjo en plenas negociaciones por la investidura de Pedro Sánchez, con la amnistía como telón de fondo. El ahora eurodiputado preguntó a la Comisión Europea por qué el documento ignoró el Catalangate, el caso de espionaje contra independentistas perpetrado con el programa Pegasus. El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha respondido que en el último año no hubo novedades y que el asunto ya está siendo investigado por los tribunales españoles y el Defensor del Pueblo.
Reynders contestó a Puigdemont el pasado 6 de diciembre por escrito. «En su capítulo sobre la situación en España, el Informe sobre el Estado de Derecho en 2022 ya indicaba que el uso de Pegasus y otros programas espía equivalentes estaba siendo objeto de una investigación por parte del Defensor del Pueblo y de procedimientos judiciales», indica el texto que ha enviado el comisario de Justicia europeo días después de verse con el ministro Félix Bolaños en Bruselas.
«La Comisión entiende que, durante el período de referencia para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2023 (de julio de 2022 a julio de 2023), no se produjeron novedades de importancia sobre este tema, aparte de las mencionadas en el documento en relación con los periodistas españoles. La Comisión seguirá supervisando la situación en el marco de la preparación del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024», insiste Reynders en su respuesta.
Israel y Pegasus
A pesar de la respuesta de Reynders, el Defensor del Pueblo cerró su actuación de oficio en mayo. Concluyó que al menos una parte de las intervenciones efectuadas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se habían producido con respeto a las disposiciones legales relativas al control judicial previo. Dos meses más tarde, la Audiencia Nacional archivó el caso ante la «absoluta» falta de cooperación jurídica de Israel, país en el que se ubica la sede de la empresa que creó Pegasus, NSO Group.
El Tribunal Supremo constató ese mismo mes que los datos «objetivos» aportados por la Audiencia evidenciaban que el CNI no espió con Pegasus al expresidente de Cataluña Quim Torra y al exvicepresidente del Parlament Josep Costa. En un auto fechado el pasado 6 de julio, los magistrados inadmitieron el recurso de casación que interpusieron ambos líderes independentistas al considerar que habían sido vulnerados sus derechos fundamentales por la presunta «intervención, escucha y difusión» de sus comunicaciones.
Las causas sobre Pegasus siguen su curso en tribunales ordinarios. Hay casos en juzgados madrileños, pero la mayoría están dispersados en cinco juzgados de Cataluña. Los exconsejeros Roger Torrent y Ernest Maragall, ambos de ERC, fueron los primeros en interponer una denuncia en julio de 2020. Los informes de CitizenLab revelaron que sus móviles habían sido interceptados con el software espía el año anterior. El caso recayó en el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, pero fue archivado de forma provisional a la espera de que Israel responda la comisión rogatoria. Esa situación bloquea la posibilidad de acumular el resto de causas.
En ese mismo juzgado se abrió otro procedimiento por espionaje a los diputados de la CUP Albert Botran y Carles Riera y el exparlamentario David Fernàndez. El juez no admitió parte de las diligencias y la defensa acudió a la Audiencia Provincial, que dio la razón a las supuestas víctimas. El Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona instruye las querellas presentadas por la eurodiputada Diana Riba y el diputado Josep Maria Jové, ambos de ERC.
La declaración de la exjefa del CNI
El espionaje a los independentistas catalanes también se dirime en los juzgados de Instrucción número 19, 24 y 29 de Barcelona. El president Pere Aragonès presentó su querella en este último, pero tendrá que esperar a finales de enero para escuchar la declaración en calidad de investigada de la exdirectora del CNI, Paz Esteban. Su declaración estaba fijada para este miércoles, pero su defensa, que ejerce la Abogacía del Estado, ha solicitado retrasarla. Quien sí comparecerá será Aragonès.
El Gobierno destituyó a Esteban al frente del CNI en mayo del año pasado por la polémica con Pegasus, que además de Aragonès y más de medio centenar de dirigentes independentistas alcanzó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a tres de sus ministros. Su cese fue una exigencia de ERC. En marzo, el profesor de Ciencias Políticas José Javier Olivas Osuna desmontó en la comisión PEGA del Parlamento Europeo el informe elaborado por Citizen Lab por su falta de «rigor académico».
El Gobierno estudia ahora desclasificar los informes del CNI sobre Pegasus, según reveló este lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, uno de los afectados por el espionaje. El dirigente socialista ha señalado que se hará «en su caso con aquellos documentos que sean solicitados por la autoridad competente y que se entienda que es oportuno, razonable y conforme a la ley». El Ministerio de Defensa también se han mostrado proclive a este escenario.
El juez José Luis Calama archivó en julio la investigación en la Audiencia Nacional por la «absoluta» falta de cooperación jurídica de Israel. El magistrado afeó al país hebreo que no respondiera a las comisiones rogatorias y estimó que la única forma de desatascar la investigación sería que el Gobierno abriera «una eventual vía diplomática». El Defensor del Pueblo cerró el caso unos meses antes. En sus conclusiones manifestó que el CNI actuó con respeto a la ley «en las intervenciones de las comunicaciones que se han producido sobre una parte (18) de las personas aludidas».
«Profunda preocupación»
Para entonces, el Parlamento Europeo ya había solicitado a España (lo hizo en junio) que investigara «a fondo» cualquier espionaje con Pegasus y otros programas informáticos similares, especialmente en el medio centenar de casos que sigue sin estar claro si hubo una orden judicial para las escuchas. En septiembre fue el Consejo de Europa quien instó al Gobierno a investigarlo en un plazo máximo de tres meses, que se cumple en las próximas semanas.
La institución manifestó su «profunda preocupación» ante «las crecientes pruebas» de que programas como Pegasus «han sido usados ilegalmente o con fines ilegítimos por varios Estados miembros contra periodistas, opositores políticos defensores de derechos humanos y abogados». El Informe del Estado de derecho en España 2023, como recuerda Reynders a Puigdemont, ya alertaba de que «los periodistas siguen enfrentándose a ciertas dificultades en el ejercicio de su actividad profesional».
El documento subrayaba que se habrían producido varios casos de ataques o amenazas a la seguridad de los periodistas en España durante 2022. Entre las quejas se incluían amenazas, agresiones verbales y físicas durante manifestaciones. El último informe alude a que el estudio anterior ya se refería a que la infección de teléfonos móviles con Pegasus también perjudicó a periodistas y advertía de las consecuencias para su trabajo en caso de aprobarse una reforma de la ley de Seguridad Ciudadana.
