Aragonès pedirá al juez que «llegue hasta el final» para esclarecer el espionaje con Pegasus
El presidente de la Generalitat considera que debe conocerse quién autorizó su vigilancia y con qué motivo
Aragonès interviene tras un Consell extraordinario por los pactos de investidura. | David Zorrakino (Europa Press)
Pere Aragonès quiere que se depuren responsabilidades por el espionaje con Pegasus. El presidente de la Generalitat comparecerá este miércoles ante el juez en calidad de perjudicado. Le pedirá que «llegue hasta el final». Considera que aunque se intente ralentizar el procedimiento, debe conocerse quién autorizó su vigilancia, con qué motivo y qué se ha hecho con la información extraída. El dirigente de ERC está entre las 18 personas que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) admitió haber espiado, aunque la lista que publicó Citizen Lab elevaba la cifra a más de medio centenar de políticos independentistas.
El presidente catalán está citado por el espionaje de Pegasus a las 9.30 horas en el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, donde interpuso la denuncia. Aragonés llegará media hora antes acompañado de su jefa de gabinete, Helena Ricomà, y de su abogado, Andreu Van den Eynde, que ha declinado hacer declaraciones a THE OBJECTIVE. También estaba citada, en calidad de investigada, la exdirectora del CNI Paz Esteban, aunque su intervención ha sido pospuesta a finales de enero a petición de su defensa, que ejerce la Abogacía del Estado.
«Responderá a todas las preguntas ya que, como víctima, su interés es que se esclarezcan los hechos», afirma una fuente próxima a Aragonès. El presidente considera que la infiltración perseguía objetivos políticos, por lo que celebra que se esté investigando. El resto de causas sobre Pegasus están varadas en tribunales ordinarios. Hay casos en juzgados madrileños, pero la mayoría están dispersados por Cataluña. Muchos han sido archivados de forma provisional a la espera de que responda Israel, país en el que se ubica NSO Group, la empresa que creó el software espía.
Israel y Pegasus
Un escenario que ya obligó al juez José Luis Calama en julio a clausurar la investigación en la Audiencia Nacional por la «absoluta» falta de cooperación de Israel. El magistrado le afeó que no respondiera a las comisiones rogatorias y estimó que la única forma de desatascar las pesquisas sería que el Gobierno abriera «una eventual vía diplomática». El Defensor del Pueblo cerró el caso dos meses antes. En sus conclusiones manifestó que el CNI actuó con respeto a la ley en las intervenciones, aunque solo sobre una parte de las personas espiadas.
El estudio publicado en abril de 2021 por Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto (Canadá), descubrió que los teléfonos de 65 dirigentes independentistas fueron infectados ilegalmente con Pegasus entre 2015 y 2020. El periodo coincide prácticamente con el auge del movimiento secesionista. Las intervenciones habrían comenzado tras el referéndum que convocó Artur Mas y finalizado tras la sentencia del Tribunal Supremo por la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017 y las protestas violentas de Tsunami Democràtic.
Entre los teléfonos intervenidos, según Citizen Lab, se encontraba el de Aragonès. Su móvil fue infectado a través de mensajes de texto enviados los días 4, 5 y 13 de enero de 2020, cuando era vicepresidente de la Generalitat. Un informe pericial presentado en el juzgado avala el espionaje al presidente catalán, que denunció delitos de intromisión no autorizada en equipos informáticos, interceptación ilegal de comunicaciones, espionaje informático y contra los derechos fundamentales.
El juez Santiago García considera que las características «hacen presumir la posible existencia de infracciones penales». Por ese motivo acordó una batería de diligencias, entre ellas solicitar a Pablo Lucas, el magistrado del Tribunal Supremo que debe autorizar las escuchas del CNI, que certifique si autorizó el uso de Pegasus o programas similares para intervenir las comunicaciones de Aragonès. Además, pidió desclasificar informes y citó a declarar a la entonces directora de la agencia española de inteligencia.
La declaración de Esteban
Las sospechas se dirigieron directamente al CNI porque este programa solo se vende a agencias gubernamentales. Esteban reconoció en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, donde compareció a puerta cerrada, que solo se habían espiado a 18 de los 65 nombres que aparecían en la lista de Citizen Lab, pero siempre con autorización judicial. Entre los políticos que admitió haber seguido se encontraba Aragonès, lo que abrió una crisis política en la que ERC exigió su cabeza.
El Gobierno destituyó a Esteban como directora del CNI en mayo del año pasado por la polémica de Pegasus. Unos meses antes, el profesor de Ciencias Políticas José Javier Olivas Osuna desmontó en la comisión PEGA del Parlamento Europeo el informe elaborado por Citizen Lab por su falta de «rigor académico». Esta semana el Gobierno ha abierto la puerta a desclasificar los informes elaborados por la agencia española de inteligencia, como ha reclamado el juez que investiga el caso de Aragonès.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, uno de los tres que fueron espiados con Pegasus, reveló la posibilidad de hacer públicos los documentos el lunes. No obstante, matizó que solo se haría en aquellos casos «que sean solicitados por la autoridad competente y que se entienda que es oportuno, razonable y conforme a la ley». Esteban, única imputada en la causa, ha recurrido este martes la solicitud del magistrado.
El escrito, según explica eldiario.es, pide anular el grueso de las diligencias acordadas por el juez a principios de noviembre. La exdirectora del CNI considera reclamar los informes es «impertinente», «innecesario» y hasta «prospectivo». El magistrado ya determinó aplazar su declaración sobre el espionaje a Aragonès porque sin los documentos solicitados su interrogatorio habría resultado estéril.
