Rato pide la nulidad del registro que inició la causa contra él por incrementar su patrimonio
El juicio ha arrancado este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid y extenderá sus sesiones hasta finales de mayo
El exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo RatoRato pide la nulidad del registro que dio inicio a la causa contra él por el incremento de su patrimonio MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) - La defensa del exministro de Economía Rodrigo Rato ha pedido al inicio del juicio que se celebra contra él la nulidad del auto de entrada y registro de 2015, que está en el origen de la causa que se sigue contra él por un supuesto incremento ilícito de su patrimonio, porque vulneró el derecho a la defensa y la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y el secreto profesional. Tras la exposición de cuestiones previas de la fiscal, que se ha limitado a aportar una serie de documentación, en el turno de la defensa de Rato, ésta ha sostenido que los dos documentos en los que se apoyó el instructor para dar luz verde a ese auto, un informe de riesgos fiscales del investigado "genérico" realizado por la Agencia Tributaria y la denuncia de Fiscalía, no eran suficientes. Sobre el primero ha explicado que se trataba de una "exposicion muy amplia" que incluía "actuaciones vagas e imprecisas, y con falta de rigor". En cuanto a la denuncia, ha apuntado que era "mendaz" y ha puesto el foco en que los hechos expuestos en la misma eran "contradictorios y ademas atípicos". "El propio texto dice una cosa y la contraria en varias ocasiones y en una lectura crítica hubiese debido dar lugar a preguntas o verificaciones y no al automatismo", ha apostillado. Al respecto, ha recordado que esa denuncia incluía el delito de alzamiento de bienes, que era "radicalmente falso" y que por tanto el propio Ministerio Público retiró. También ha combatido los delitos fiscales que se le achacan teniendo en cuenta la declaración voluntaria que el expresidente del FMI realizó. "La información tributaria que se refleja --en la denuncia de Fiscalía-- como cuotas defraudadas era irrelevante desde punto de vista penal porque se declararon voluntariamente antes de la denuncia", ha explicado. En esta primera sesión, la jueza Ángela Acevedo ha dispensado al acusado José Manuel Fernández Norniella, quien fuera consejero delegado de Bankia, de asistir al juicio salvo en el día que deba declarar dado su "delicado estado de salud. EL 'CASO RATO' El juicio contra el que fuera el súper ministro de Economía del Gobierno de Aznar y más de una docena de personas ha arrancado este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid y extenderá sus sesiones hasta finales de mayo. La Fiscalía pide para él una pena de cárcel que asciende a aproximadamente 70 años por 11 delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y otro de corrupción en los negocios en el marco de la causa sobre el presunto incremento ilícito de su patrimonio. Habría defraudado a Hacienda 8,5 millones de euros. Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, recogido por Europa Press, el que también fuera presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) habría mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares. El análisis de la documentación intervenida, señalaba la Fiscalía, permitió identificar incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda. La Fiscalía recordaba además que Rato se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal y apuntaba que omitió cualquier referencia a varias sociedades que poseía declarando así un patrimonio en el exterior de 115.333,50 euros y pagando a la Hacienda española 11.533,35 €. Anticorrupción indicaba al respecto que Rato, "lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente --su fortuna-- utilizó en realidad la declaración tributaria especial (DTE) como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años por su patrimonio exterior". | Alberto Ortega - Europa Press
La defensa del exministro de Economía Rodrigo Rato ha pedido al inicio del juicio que se celebra contra él la nulidad del auto de entrada y registro de 2015, que está en el origen de la causa que se sigue contra él por un supuesto incremento ilícito de su patrimonio, porque vulneró el derecho a la defensa y la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y el secreto profesional.
Tras la exposición de cuestiones previas de la fiscal, que se ha limitado a aportar una serie de documentación, en el turno de la defensa de Rato, ésta ha sostenido que los dos documentos en los que se apoyó el instructor para dar luz verde a ese auto, un informe de riesgos fiscales del investigado «genérico» realizado por la Agencia Tributaria y la denuncia de Fiscalía, no eran suficientes.
Sobre el primero ha explicado que se trataba de una «exposición muy amplia» que incluía «actuaciones vagas e imprecisas, y con falta de rigor». En cuanto a la denuncia, ha apuntado que era «mendaz» y ha puesto el foco en que los hechos expuestos en la misma eran «contradictorios y ademas atípicos». «El propio texto dice una cosa y la contraria en varias ocasiones y en una lectura crítica hubiese debido dar lugar a preguntas o verificaciones y no al automatismo», ha apostillado.
Al respecto, ha recordado que esa denuncia incluía el delito de alzamiento de bienes, que era «radicalmente falso» y que por tanto el propio Ministerio Público retiró. También ha combatido los delitos fiscales que se le achacan teniendo en cuenta la declaración voluntaria que el expresidente del FMI realizó.
«La información tributaria que se refleja –en la denuncia de Fiscalía— como cuotas defraudadas era irrelevante desde punto de vista penal porque se declararon voluntariamente antes de la denuncia», ha explicado. En esta primera sesión, la jueza Ángela Acevedo ha dispensado al acusado José Manuel Fernández Norniella, quien fuera consejero delegado de Bankia, de asistir al juicio salvo en el día que deba declarar dado su «delicado estado de salud.»
El «caso Rato»
El juicio contra el que fuera el súper ministro de Economía del Gobierno de Aznar y más de una docena de personas ha arrancado este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid y extenderá sus sesiones hasta finales de mayo. La Fiscalía pide para él una pena de cárcel que asciende a aproximadamente 70 años por 11 delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y otro de corrupción en los negocios en el marco de la causa sobre el presunto incremento ilícito de su patrimonio. Habría defraudado a Hacienda 8,5 millones de euros.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, recogido por Europa Press, el que también fuera presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) habría mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.
El análisis de la documentación intervenida, señalaba la Fiscalía, permitió identificar incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda.
La Fiscalía recordaba además que Rato se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal y apuntaba que omitió cualquier referencia a varias sociedades que poseía declarando así un patrimonio en el exterior de 115.333,50 euros y pagando a la Hacienda española 11.533,35 €.
Anticorrupción indicaba al respecto que Rato, «lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente –su fortuna– utilizó en realidad la declaración tributaria especial (DTE) como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años por su patrimonio exterior».
