Una veintena de fiscales piden a García Ortiz que actúe contra la portavoz de Junts
Los miembros del Ministerio Público solicitan que utilice las medidas y acciones «pertinentes, apropiadas y necesarias»
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. | Álex Zea (Europa Press)
Las palabras de Míriam Nogueras contra la judicatura siguen levantando ampollas. Una veintena de fiscales de la Sección Penal del Tribunal Supremo ha enviado este martes una carta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para pedirle que actúe «contra los ataques, insultos y amenazas» realizadas por la portavoz de Junts per Cataluña la semana pasada en el Congreso. Le solicitan que utilice las medidas y acciones legales «pertinentes, apropiadas y necesarias».
Nogueras acusó a jueces y periodistas de actuar contra el independentismo catalán en el debate que abrió el procedimiento para aprobar la ley de amnistía. La dirigente catalana pidió una nueva comisión de investigación sobre la llamada Operación Cataluña, supuestamente orquestada por el Gobierno de Mariano Rajoy para perjudicar a los soberanistas. Atacó a los magistrados Manuel Marchena, Carmen Lamela, Carlos Lesmes y Pablo Llarena, a los que tildó de «indecentes». E insistió: «En un país normal serían cesados y juzgados de inmediato».
La misiva, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, ha sido firmada por 21 fiscales de Sala y fiscales de lo Penal del Supremo. Todos ellos trasladan a García Ortiz que proceda para defender a sus compañeros de los ataques de la portavoz de Junts por «haber actuado profesionalmente por motivos políticos e ideológicos en algunos procesos judiciales en los que han intervenido».
Junts incendia el Congreso
Los fiscales piden a su superior que actúe conforme el artículo 124 de la Constitución, que dispone que «el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad». Los firmantes expresan en la carta su «más enérgico rechazo a los insultos, amenazas y falsas acusaciones» vertidas por Nogueras.
Se lamentan que la portavoz de Junts se dirigiera desde la tribuna parlamentaria contra varios jueces y destacan que sus palabras «no solo son gravemente lesivas para la dignidad personal e institucional de los afectados, sino que además son absolutamente incompatibles con la ética y el respeto institucional propios de un Estado de derecho, al tiempo que representan un ataque injustificable contra la independencia judicial y contra la separación de poderes como principio vertebrador de una sociedad democrática».
Estos 21 miembros del Ministerio Público que reclaman el amparo de García Ortiz aseguran que su deber constitucional es «promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social». En esa dirección, aseguran, apunta también el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
«La sujeción a ese mandato constitucional y estatutario nos obliga a solicitar a vuestra excelencia que se proceda sin más dilación al cumplimiento de los deberes constitucionales y legales anteriormente expuestos, y a que adopte como primer defensor y garante del orden constitucional las medidas y acciones legales de todo orden que sean pertinentes, apropiadas y necesarias para preservar la legalidad y la independencia de los tribunales, cuya actuación está siendo indebidamente cuestionada por las manifestaciones ya referidas», continúan los fiscales en su misiva.
Comunicado conjunto
La mayoría de asociaciones de jueces y de fiscales han expresado su preocupación por los ataques de Nogueras. Cuatro organizaciones suscribieron el pasado miércoles un comunicado conjunto para mostrar su repulsa. «El normal funcionamiento de la justicia, a través de su sistema de recursos, es garantía para la ciudadanía de un poder judicial sometido a la ley y garante de sus derechos», afirmaba el texto, firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente y la Asociación Profesional e independiente de Fiscales (APIF).
La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) emitió una nota para condenar el señalamiento de Junts, aunque en solitario. También se pronunció el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, que calificó lo sucedido de «inadmisible». En su declaración insistía en que cualquier miembro de la carrera judicial que pueda encontrarse en esas circunstancias encontrará en el órgano de gobierno de los jueces «la más firme oposición».
Las voces críticas también llegaron desde el Tribunal Supremo. Su presidente interino, Francisco Marín Castán, rechazó en un comunicado el «ataque personal» de Nogueras y advirtió de que sus palabras «no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de derecho». Además, canceló su reunión con el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, por «causas sobrevenidas», aunque detrás de ese plante se encontraba el descontento que le trasladaron los magistrados porque el Gobierno no les defendió de los ataques.
Bolaños ha aclarado este martes que los jueces «no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación parlamentarias», como afirmó Nogueras la semana pasada. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que del «marco legal y constitucional que regula las comisiones de investigación se deriva que estas no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales».
«Todo el conocimiento que tienen los jueces y magistrados de esas causas penales es por haber sido los jueces y magistrados de esos procedimientos. Y es justo lo que prohíbe la ley prohíbe, que se pueda revelar, por tanto yo creo que este debate, solo de la lectura de la Constitución, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del propio Reglamento del Congreso, es un debate que se resuelve con mucha claridad», ha zanjado Bolaños.
