El CGPJ insta a los grupos parlamentarios a que se abstengan de citar jueces por 'lawfare'
El Pleno hace un llamamiento para renovar el Consejo «cuanto antes» y acabar con «la anomalía constitucional»
El presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte. | Carlos Luján (Europa Press)
Respuesta unánime del Consejo General del Poder General (CGPJ) frente a las acusaciones de lawfare. El Pleno del órgano de gobierno de los jueces ha acordado este jueves instar al Congreso y al Senado a que se abstengan de citar a jueces y magistrados para que declaren ante las comisiones de investigación, ya que no tienen la obligación de acudir. Además, ha realizado un llamamiento para renovar el Consejo «cuanto antes» y acabar con «la anomalía constitucional», ya que lleva cinco años con el mandato caducado. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ha comparecido a primera hora en la Cámara Baja, ha hecho un llamamiento similar aprovechando la inminente reunión entre los líderes de PSOE y PP.
«No deberán comparecer en ellas y el CGPJ tampoco autorizará comisiones de servicio por tal motivo», subraya la declaración del Pleno a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. En caso de que los jueces fuesen citados, el texto indica que la Comisión Permanente denegará la autorización para que comparezcan. El documento ha sido presentado por la mayoría conservadora del Consejo, la misma que pidió a su presidente, Vicente Guilarte, incluir en la reunión el debate sobre la legalidad de las comisiones de investigación por supuesto lawfare impulsadas por las formaciones independentistas.
El texto acordado sostiene que los artículos 76 y 117 de la Constitución, así como los 396 y 399 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, impide que jueces y magistrados declaren ante las comisiones de investigación constituidas sobre hechos que hayan conocido en las actuaciones objeto de su actividad profesional. Un escenario del que llevan días advirtiendo las asociaciones y el propio Bolaños, que el martes afirmó que estas comisiones «no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales».
La respuesta del CGPJ
La petición para abordar el asunto de las comisiones por supuesto lawfare fue presentada por nueve vocales del CGPJ: José María Macías, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, Wenceslao Olea, Nuria Abad, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona. Junto a Guilarte conforman el llamado bloque conservador. Todos ellos consideraban necesario analizar la legalidad de estas comisiones.
«El continuo flujo de inadmisibles declaraciones, descalificaciones, señalamientos, querellas e incluso amenazas que vienen sufriendo los jueces y magistrados por el mero ejercicio de sus funciones constitucionales, así como la creación de diversas comisiones parlamentarias de investigación nombradas con la indisimulada intención de criminalizar la labor judicial, exigen de este CGPJ un claro y rotundo posicionamiento que ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de derecho», afirmaban en el texto registrado.
En los últimos días, varios vocales del CGPJ habían planteado la posibilidad de redactar un informe con razones jurídicas que respalde a los jueces y magistrados que se nieguen a comparecer en dichas comisiones. La propuesta ha tenido buena acogida interna, por lo que el órgano de gobierno de los jueces estudia la posibilidad de elaborarlo.
Este movimiento tiene lugar después de que el Congreso acordara la semana pasada crear tres comisiones de investigación para indagar en la denominada Operación Cataluña, los atentados islamistas que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017 y el espionaje a los independentistas con el programa Pegasus. La formalización de estas comisiones son resultado de los acuerdos entre el PSOE y las formaciones independentistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.
Nogueras pasa al ataque
La intervención en el Congreso la semana pasada de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, soliviantó los ánimos de la judicatura, especialmente en el CGPJ. La dirigente catalana acusó a jueces y periodistas de actuar contra el independentismo y pidió una nueva comisión de investigación. Además, atacó a varios magistrados con nombre y apellidos y les tildó de «indecentes».
«En un país normal serían cesados y juzgados de inmediato», insistió Nogueras. Una postura que mantuvo este miércoles en el Congreso, en su intervención tras la comparecencia del presidente del Gobierno. Llegó más lejos al cargar contra Guilarte por «la injerencia de la cúpula judicial» en el poder legislativo. La portavoz de Junts también pidió a Sánchez que frenara «la judicialización de la política».
Los ataques de la semana pasada provocaron el rechazo de Guilarte, que tildó las palabras de Nogueras de «inadmisibles». En una declaración institucional, el presidente interino del CGPJ afirmó que «el señalamiento (y la finalidad que de él se desprende) de varios magistrados del Tribunal Supremo resulta inadmisible en un Estado de derecho uno de cuyos principios fundamentales es la separación de poderes».
El presidente del Alto Tribunal, Francisco Marín Castán, también criticó el «ataque personal» de la portavoz de Junts. Incluso canceló una reunión con Bolaños ante el enfado de muchos jueces con el Gobierno, al considerar que no les defendió. Este miércoles, también por unanimidad, el Consejo Fiscal decidió amparar a los compañeros que actuaron o actúan en los procedimientos derivados del procés tras los ataques por lawfare.
Sánchez que dependerá de los independentistas se encontrará con un grupo que tiene una idea de los que es la justicia incompatible con la UE. El proyecto de sistema judicial de la República de los independentistas catalanes.“De los 801 jueces, sabemos perfectamente los que se quedarán y los que se irán. Tenemos perfectamente diseñada la estructura judicial de la República y sabremos con qué jueces podemos contar”. Santi Vidal.
Lo que quieren es el control judicial para ” consolidar un estado clientelar en el que la incompetencia, la corrupción , el despilfarro y el abuso de poder “de los nuestros “ no tengan sanción . Su posición es propia de la cultura política de países con democracias del tercer mundo en las que el Estado , sus instituciones y los recursos públicos son el botín del que gana las elecciones
El 30 de enero pasado se ha publicado el ranking correspondiente al 2023 sobre percepción de la corrupción en el que España baja un puesto en su posición en el ranking mundial (36/180) y cuatro con respecto al IPC 2020 (32/180). El presidente del Comité Asesor del Transparencia Internacional ,Manuel Villoria, ha subrayado en rueda de prensa que en materia de percepción de la independencia judicial España está en la cola de Europa” por interferencias y “la constante intención de presionar del Gobierno” y los políticos en el Poder Judicial…Para Villoria , el estancamiento de este año , unido al descenso de los dos anteriores , pone de manifiesto las dificultades en la que aún se encuentran las políticas públicas en España `para mejorar la prevención y lucha contra la corrupción…En concreto, Villoria plantea la necesidad de reforzar el estatuto de la Fiscalía General especialmente en materia de independencia del Gobierno y la renovación “ con carácter inmediato” del Consejo General del Poder Judicial con los estándares europeos y mejorar su independencia , lo que ha considerado” un reto, porque los partidos políticos no han estado a la altura”. ( entre otros)
Es una declaración que demuestra que no solo hay jueces en España, sino que son muchos y en cargos muy importantes
El sistema actual es inviable y está condenado a su fracaso no solo por la fragmentación parlamentaria sino por ser contrario a nuestra constitución y a los fundamentos de la UE .La «excepción ibérica judicial » autoritaria sería demoledora para la continuidad de la UE.
La posición de los jueces y fiscales ,que están luchando por la independencia judicial , esta justificada por la necesidad de cumplir los compromisos de una unión política en la que sus miembros han de tener un nivel mínimo de calidad democrática para continuar en ella. Polonia y Hungría es un anticipo de lo que nos pasará Estamos en la UE y gracias a ello ,podemos los ciudadanos evitar que España se convierta en un régimen autoritario.