Encuesta | ¿Debe la Justicia perseguir como delito el apaleamiento de muñecos de políticos?

La polvareda levantada después de que un grupo de manifestantes en la calle Ferraz el pasado domingo apaleasen un muñeco que representaba a Pedro Sánchez despierta una pregunta después de que el PSOE estudie si demandar a aquellos que participaron en el ‘linchamiento’: ¿Debe la Justicia perseguir como delito de odio el apaleamiento de muñecos de políticos?

Lo cierto es que no es la primera vez que un grupo de manifestantes golpean, queman o vilipendian un muñeco que representa a un político de cualquier signo. La quema de fotos del Rey Juan Carlos I en 2008 o la de un muñeco del expresidente catalán Carles Puigdemont en 2019 son algunos de los casos, en los que los tribunales descartaron un presunto delito de incitación al odio, que preceden al apaleamiento que tuvo lugar la pasada Nochevieja a una piñata que simulaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press recuerdan que solo es posible apreciar el delito de incitación al odio cuando la actuación se dirige a una minoría protegida en situación de vulnerabilidad –un grupo discriminado por motivos raciales, religiosos, de orientación sexual, por ejemplo–. En este sentido, subrayan que el presidente del Gobierno no pertenece a este grupo sino a una institución del Estado.

Al margen, precisan que más allá del acto de apaleamiento al jefe del Ejecutivo habría que prestar atención a si se realizaron menciones del tipo «así habría que hacer con él». Insisten en que el hecho de que se queme o golpee un muñeco puede ser considerado una crítica política según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), pero advierten de que una cuestión diferente sería sumar frases que encajen en un presunto delito de provocación a la comisión de delitos.

Así las cosas, avisan de que, en caso de que los hechos que tuvieron cerca de la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz fuesen conductas perseguibles a nivel penal, habría que investigar a los actores concretos y no necesariamente a los organizadores de la manifestación.