CCOO carga contra Bolaños por dar portazo a sus reivindicaciones laborales en Justicia
El sindicato denuncia que la mesa sectorial no incluye incrementos retributivos ni la negociación de la carrera profesional
Bolaños se reune con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. | A. Martínez Vélez (Europa Press)
CCOO mantiene el pulso con Félix Bolaños. El Ministerio de Justicia ha convocado a la mesa sectorial el próximo miércoles, pero el sindicato que lidera Unai Sordo denuncia que el orden del día no incluye la negociación de los incrementos retributivos ni de la carrera profesional para los funcionarios de Justicia. Ha solicitado por escrito que se modifique el plan inicial e introduzca «todas las reivindicaciones que provocaron la huelga». El departamento que dirige Bolaños se comprometió el pasado 21 de diciembre con los sindicatos a iniciar en enero la negociación para poner fin al conflicto que comenzó en abril.
«Dice el refrán que si no quieres arreglar un problema, crea un grupo de trabajo», se queja Luis Calero, portavoz de CCOO para el sector de Justicia. El sindicalista explica a THE OBJECTIVE que su organización recibió este viernes la convocatoria de la mesa sectorial de negociación con tan solo dos puntos en el orden del día: la constitución de grupos de trabajo para distintas cuestiones y su calendario de reuniones, tal y como prometió el equipo de Bolaños antes de que acabara el año.
Calero sostiene que la agenda debería contener ofertas concretas sobre el incremento salarial en el complemento general del puesto. Estas propuestas, prosigue, deberían tener una cuantía equiparable a la acordada con las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia, que ronda los 430 euros al mes, tener carácter retroactivo desde el 1 de enero del año pasado y eliminar las diferentes retributivas por grupos de población.
La promesa de Bolaños
Las demandas a Bolaños incluyen el inicio de las negociaciones de un real decreto sobre la carrera profesional de los funcionarios de Justicia y de la futura Ley de Eficiencia Organizativa, que no se aprobó en la pasada legislatura. CCOO propone que se establezca una relación de las funciones de cada uno de los cuerpos que integran el sector. Además, insiste en poner en marcha un plan de recuperación de los atrasos producidos por la huelga y que quienes la siguieron recuperen el dinero perdido gracias a un complemento de productividad.
El Ministerio de Justicia ha convocado a los sindicatos (además de CCOO acudirán CSIF, STAJ y UGT) con un orden del día que incluye solos dos puntos. El primero versa sobre la constitución de grupos de trabajo para analizar el impacto de las nuevas leyes de eficiencia en el trabajo que realizan los funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia al que se refiere la disposición adicional novena del real decreto ley aprobado el pasado 19 de diciembre. Además, busca determinar el reglamento sobre el teletrabajo, al que se refiere la disposición final sexta.
El segundo punto tiene como objetivo crear un calendario para esas reuniones de trabajo. CCOO considera que esta fórmula es insuficiente y que sus reivindicaciones siguen siendo paralizar le Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realizan los funcionarios de la Administración de Justicia, el incremento del complemento general del puesto y los complementos y criterios de la carrera profesional.
Los desencuentros entre CCOO y Bolaños comenzaron a principios de diciembre, cuando el sindicato convocó una concentración frente a la sede ministerial, tal y como había amenazado si el Gobierno no convocaba de forma inminente una reunión para tratar las reivindicaciones laborales de los funcionarios de la Administración de Justicia. El resto de sindicatos se desmarcaron de ese «movimiento unilateral» y acusaron a los de Unai Sordo de romper la unidad de acción.
CCOO protesta ante el ministerio
El Ministerio de Justicia emplazó a los sindicatos por separado el 21 de diciembre para «intercambiar pareceres» y aplacar sus ánimos ante la amenaza de huelga. Todos acudieron a la cita, pero la convocatoria no sirvió para que CCOO cancelara su protesta. Ya había advertido de que no otorgaría ni un solo día de gracia al nuevo ministro, Félix Bolaños, ya que su número dos, Manuel Olmedo, ya conocía sus reivindicaciones.
En la anterior legislatura, Olmedo ocupó el cargo de secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público y fue el interlocutor del Gobierno que negó el aumento salarial a los funcionarios de la Administración de Justicia. No obstante, semanas antes de la nueva investidura de Pedro Sánchez se comunicó por teléfono con los representantes de los trabajadores para asegurarles que se llegaría a un acuerdo inminente. CCOO lamenta que este aún no se ha producido y que la creación de grupos de trabajo va a demorar ese objetivo durante meses.
El conflicto se originó hace casi dos años, cuando los sindicatos se sintieron desplazados en la negociación colectiva del proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público, uno de los planes estrella de Pilar Llop, predecesora de Bolaños. Los sindicatos denuncian que la norma, que no llegó a aprobarse, se remitió a las Cortes «sin haber sido negociado a pesar de afectar de forma directa a nuestras condiciones laborales».
El aumento salarial de los letrados de la Administración de Justicia les llevó a convocar paros a partir de abril. Se convirtieron en una huelga el 22 de mayo, días después de que el Gobierno aceptara subir los sueldos de jueces y fiscales, que amenazaron con ir a la huelga. Los sindicatos intensificaron sus protestas, que acordaron suspender por la inminencia de las elecciones generales, aunque prometieron retomarlas si el nuevo ministro rechazaba sentarse a negociar. CCOO no descarta esa posibilidad.
