La ONU reprende a España por las denuncias infundadas contra ecologistas
Los activistas elevaron el caso a Naciones Unidas al entender que una compañía minera trata de intimidarles
La ONU saca los colores a España y a la empresa minera Tungsten San Finx. El organismo internacional ha publicado el oficio que les ha enviado sobre la situación que padece un grupo de ecologistas por revelar las prácticas de una mina de estaño y wolframio situada en el concejo de Lousame, en La Coruña. Los activistas llevaron el caso ante Naciones Unidas al entender que la compañía trata de intimidarles con denuncias infundadas. Los juzgados han archivado tres causas contra ellos, pero aún mantiene abierta la que presentó la Cámara Oficial Minera de Galicia tras su última protesta.
La comunicación que firman Mary Lawlor, Damilola S. Olawuyi y David R. Boyd se envió al Gobierno español y a Tungsten San Finx el pasado 18 de octubre, pero permaneció oculta durante 60 días a la espera de que ambas partes contestaran. El Ejecutivo envió su respuesta el 19 de diciembre, pero la empresa no se ha pronunciado ante los requerimientos de la ONU.
La carta trata de recopilar información sobre el presunto uso abusivo de denuncias por parte de la empresa minera para intimidar a los ecologistas que ponen en tela de juicio sus formas. La misiva, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, recuerda a Tungsten San Finx las normas fundamentales de la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de «promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales».
Los principios de la ONU
Los relatores de la ONU insisten a la compañía en que, según los principios rectores adoptados por unanimidad en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos, las empresas tienen la obligación de remediar cualquier impacto adverso real que causen o al que contribuyan. Además, subraya «el papel esencial» que tiene la sociedad civil y los activistas para «ayudar a identificar los posibles impactos adversos».
El texto también da un tirón de orejas a España, a la que recuerda que los Estados deben garantizar la protección de toda persona, individual o colectiva, frente «a cualquier tipo de violencia, amenaza, represalia, discriminación, presión u otra acción arbitraria que resulte de ejercer los derechos mencionados en la Declaración de Naciones Unidas». El Gobierno se ha comprometido a interesarse por la situación de los activistas e informar a los relatores de la ONU.
La última acción de los activistas se produjo en septiembre, cuando miembros de Ecologistas en Acción irrumpieron en las dependencias de la Cámara Oficial Minera de Galicia, situada en La Coruña, portando botellas de agua recogidas en aquellos lugares donde se producen los presuntos vertidos de la mina. Los participantes invitaron al personal de la patronal minera a beber ese agua tras asegurar en un comunicado (eliminado de la web) que era «inocua para la salud humana y el ecosistema».
Semanas más tarde Aguas de Galicia, la entidad pública que se encarga de gestionar los recursos hídricos de la región, determinó que ese agua contenían «altos niveles de sustancias peligrosas» y la Xunta inició un proceso sancionador contra Tungsten San Finx. La empresa es desde junio propiedad de la firma española Metáis Estratéxicos, que la adquirió a la australiana Pivotal Metals, sobre la que pesan varios procedimientos penales por daños medioambientales y relacionados con la concesión de permisos mineros.
«Un asalto violento»
La Cámara Minera calificó la protesta como «un asalto violento» y afirma que obligaron a las administrativas a beber agua contaminada, algo que rechaza tajantemente los miembros de Ecologistas en Acción, que han sido citados para declarar. Los activistas defienden que la acción no duró más de tres minutos y que fue pacífica. En su opinión, se trata de un caso más de una campaña sistemática de acoso judicial por parte del lobby minero, que usa «acusaciones falsas e infundadas» para silenciarles.
Los problemas de los ecologistas con esta empresa comenzaron mucho antes. En 2017, Tungsten San Finx interpuso demandas civiles contra dos organizaciones por violar la propiedad privada después de que los activistas ingresaran en unos terrenos que son propiedad pública, señalan las fuentes consultadas. Cinco años más tarde, una filial de la compañía interpuso una demanda civil contra varias entidades por allanamiento y robo. Todos los procedimientos fueron archivados.
«Ellos saben que no van a prosperar, las denuncias son ridículas. Se archivan todas, pero eso no significa que la campaña de intimidación no funcione. Muchos compañeros se sienten amenazados, presionados. Si fuésemos una plataforma pequeña o un grupo de vecinos nos haría mucho daño, porque el miedo desactiva, pero nosotros vamos a seguir luchando», reconoce Cristóbal López Pazo, portavoz de Ecologistas en Acción.
Otra de sus protestas, también archivada, tuvo lugar el pasado 5 de julio, cuando una decena de activistas obstruyeron una tubería de vertidos de la mina de San Finx con un tapón simbólico de cartón. La acción duró apenas unos segundos, sostienen los ecologistas. Lo grabaron para difundirlo y llamar la atención sobre el presunto vertido de aguas contaminadas por parte de la empresa y la nueva concesión realizada por la Xunta de Galicia que, en su opinión, también condena a los pescadores, principal actividad económica de la zona.
