¿Puede el 'caso Popular' acabar como Bankia?: el papel del Banco de España será decisivo
Nueve meses después de concluir la investigación sobre la caída del Popular, el juez aún no desvela su principal línea de acusación
Banco Popular. | Europa Press
Han pasado casi nueve meses desde que concluyó la instrucción del caso Popular en la Audiencia Nacional. Tras seis años de investigación, y otros tres trimestres más desde el fin de las pesquisas, el juez José Luis Calama aún no ha dictado el auto de transformación de una causa sobre la que sobrevuela la sombra de lo ocurrido con Bankia. Una investigación judicial que guarda varias similitudes y diferencias con respecto al caso Popular, y cuyo juicio por el presunto fraude a sus accionistas —celebrado en 2020 en la Audiencia Nacional— acabó con la absolución de Rodrigo Rato y el resto de los 34 acusados por la salida a Bolsa de Bankia. Y, como ya ocurrió en aquel juicio, el papel del Banco de España será determinante en el caso Popular.
Fuentes jurídicas admiten la incertidumbre que existe entre las partes ante la larga espera para conocer cuál será la decisión final del juez Calama. Aunque la instrucción acabó el pasado 30 de abril, el magistrado mantiene aún en vilo a los principales imputados, entre ellos los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, además de la firma auditora PwC. Se desconoce cuál será la principal línea de acusación y sobre cuál de las dos excúpulas del Banco Popular descargará principalmente la responsabilidad por la caída de una entidad que acabó siendo adquirida en 2017 por el Santander a cambio de un solo euro, pese a contar con un patrimonio de más de 11.000 millones de euros en activos.
Aunque las fuentes consultadas señalan diversas similitudes y diferencias que pueden ser claves para intuir si el desenlace del caso Popular acabará siendo parecido o muy distinto a lo que ocurrió con la acusación y el juicio por la salida a Bolsa de Bankia. No obstante, entre las semejanzas entre ambos casos subrayan una cuestión por encima de todas. Un asunto del que dependerá gran parte de lo que ocurra durante el juicio: el papel del Banco de España y los múltiples informes aportados por el regulador -como pasó ya con Bankia- durante la larga instrucción del caso Popular.
Similitudes entre Bankia y Popular
Tanto el proceso de fusión de las cajas como la posterior operación de salida a bolsa de Bankia fueron avaladas por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según acreditó la sentencia absolutoria confirmada por la Audiencia Nacional. Ambos organismos reguladores también han certificado durante la instrucción del caso Popular, en diferentes informes y en las testificales de sus exresponsables y peritos, que la entidad presidida entonces por Ángel Ron contó con su aval para la ampliación de capital de 2.500 millones de euros suscrita por el Banco Popular durante el año 2016, once meses antes de su ejecución bajo la presidencia de Saracho.
Asimismo, según los peritos del Banco de España, ambas operaciones cumplieron con la normativa contable vigente en el momento en que se produjo la salida a Bolsa de Bankia y las ampliación de capital del Popular. Además, en el caso de la extinta entidad, otro reciente informe pericial del organismo regulador —aportado en una causa paralela cerrada recientemente por el juez Santiago Pedraz, pero pendiente de recurso ante la Sala de lo Penal— calificó también como «exitosa» la ampliación de capital que el Banco Popular había realizado también en el año 2012. Además, los expertos del Banco de España dijeron que gracias a esa primera ampliación el precio de la acción y la situación contable de la entidad se mantuvieron estables hasta diciembre de 2015. Una conclusión que avala la principal línea de defensa de Ron y de PwC para demostrar que su gestión fue siempre avalada por el regulador y cumplió con la normativa contable.
La Justicia no vio delito en Bankia
Las analogías entre Bankia y el caso Popular no terminan ahí. Las acciones de salida a Bolsa de la primera entidad y los títulos emitidos por la segunda en la ampliación de capital de 2016 se comercializaron tanto entre inversores minoritarios como entre institucionales. Es decir, como pondría de manifiesto la sentencia de Bankia, fueron los directores de las sucursales quienes se encargaron de comercializar entre sus clientes —en su mayoría particulares y pymes— la venta de acciones.
Además, en ambas causas se investigó a los imputados por una supuesta estafa a los inversores y falsedad contable. Sin embargo, en el caso de Bankia la sentencia dictaminó que no tuvo lugar ese delito. Entre otras razones, como ha señalado también el Banco de España y el juez Pedraz en el caso de la ampliación del 2012 del Popular, porque no hubo engaño a los accionistas en los pliegos de ambas operaciones. En ambos casos, los organismos reguladores consideraron que los folletos contenían información suficiente para los inversores y que esta reflejaba la realidad del banco.
PwC y Deloitte
A pesar de las similitudes, también son varias las diferencias que hacen que algunas fuentes del caso Popular pronostiquen un desenlace muy distinto al del juicio de Bankia. Y uno de los principales focos en este sentido es el papel de las auditoras. En el caso de Bankia, Deloitte no respaldó las cuentas de la entidad. Sus auditores alegaron durante la instrucción y durante el juicio que «no pudieron hacer su trabajo porque faltaban documentos para realizar la auditoría completa». Aunque acabó absuelta, Deloitte fue procesada y se sentó en el banquillo de los acusados en el caso Bankia pese a haber marcado distancias siempre con Rato y el resto de directivos de la antigua Caja Madrid que decidieron la salida a Bolsa de la entidad.
Lo contrario ocurre con la auditora del Banco Popular. Durante toda la insturcción, PwC ha respaldado las cuentas de la entidad supervisadas hasta diciembre de 2016. Por aquellas fechas se produjo el relevo en la cúpula del Popular. Saracho ocupó el lugar de Ángel Ron y la entidad acabó siete meses después solicitando su resolución. En su análisis sobre la auditoría de las cuentas del Banco Popular, y durante la instrucción del caso, los auditores de PwC han cerrado filas con la gestión de Ron y han recordado que desde el Banco de España no se trasladó ninguna preocupación sobre la contabilidad del Popular.
El Popular contó con el aval del BdE
El Popular contó también con el aval del regulador para la ampliación de capital de 2016, según los peritos del Banco de España, mientras que en el caso de Bankia los informes del organismo eran contrarios a su proceso de creación mediante fusión, previo a la salida a Bolsa. La propia sentencia del Supremo que confirmó la absolución de Rato y de los otros 33 acusados por Bankia, subrayó que el perito del Banco de España José Antonio Casaus advirtió que el grupo bancario resultante de la fusión de varias cajas de ahorro «no solo era inviable económicamente sino también financieramente». Por el contrario, los peritos del BdE afirmaron en un extenso informe aportado durante la instrucción del caso Popular, que esta última entidad era solvente antes de su resolución y que su crisis se debió a un problema de liquidez.
Otra de las principales diferencias que destacan las fuentes del caso Popular es que la cúpula directiva de Bankia estaba formada por algunos dirigentes próximos a partidos políticos, como el caso del exministro Rodrigo Rato y otros exconsejeros de la entidad. Sin embargo, en el caso del Banco Popular el consejo de administración estaba compuesto por perfiles técnicos con experiencia en banca comercial hasta la llegada de Saracho, que provenía de la banca de inversión y contaba con el aval del Gobierno presidido entonces por Mariano Rajoy.
Y mientras Bankia era un proyecto de nueva creación, basado en la fusión de diferentes cajas de ahorros, el Banco Popular era una entidad sometida a la disciplina de mercado y supervisada por la CNMV desde hacía más de 60 años. Una compañía que, como ha quedado acreditado en la investigación, durante la crisis del sector financiero entre 2008 y 2015 apostó por evitar las fusiones y la solicitud de rescates públicos. Bankia sólo empezó a ser supervisada por el regulador cuando anunció su intención de salir a Bolsa.
