La Audiencia Nacional archiva la recusación contra el juez García-Castellón en 'Tsunami'
La defensa de uno de los investigados ha presentado el escrito de recusación con un defecto formal
El juez Manuel García-Castellón entra en la Audiencia Nacional. | Mariscal (EFE)
El juez Manuel García-Castellón podrá seguir instruyendo la causa de Tsunami Democràtic. La magistrada de la Audiencia Nacional Carolina Rius ha acordado el archivo definitivo de la recusación contra el juez que presentó el investigado Josep Lluis Alay, que dirige la oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont. Alega un defecto formal en los documentos. El magistrado ya elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo para pedirle que asuma investigación por presuntos delitos de terrorismo con una docena de personas, entre los que se encuentra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el propio Puigdemont.
En una providencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Rius señala que concurre la inadmisión de la recusación y su archivo definitivo al no haberse subsanado el defecto formal apreciado en los escritos de los pasados 12 y 19 de diciembre y haber transcurrido un tiempo superior al fijado en el artículo 223.12ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por tanto, la magistrada de la Sala Penal ni siquiera ha entrado a valorar la pertinencia de que García-Castellón siga investigando la causa de Tsunami.
Alay solicitó en noviembre que García-Castellón, magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, se apartara de la causa en la que investiga a Tsunami Democràtic por su papel en los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del procés en otoño de 2019 por unas manifestaciones que realizó en el Foro La Región de Orense en alusión a la amnistía.
Alay y su papel en Tsunami
Era la tercera recusación que recibía, tras las planteadas por otros dos investigados: el empresario Oriol Soler y el consejero de Òmnium Oleguer Serra. Un escenario que le obligó a solicitar amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras las críticas vertidas por diversos miembros del Gobierno en funciones. La Audiencia Nacional aún debe pronunciarse sobre los recursos interpuestos por la Fiscalía para elevar la causa de Tsunami al Supremo.
«Yo únicamente como ciudadano puedo decir dos cosas. Uno: que en la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y sin embargo no es posible. Y no está prohibida expresamente. Y dos. Bien, estos señores han dicho si en cuanto puedan van a volver a repetirlo por lo tanto ¿será esta amnistía la primera de muchas otras después?», espetó el juez García-Castellón en el citado foro.
El abogado de Alay, investigado pos su papel en Tsunami, recordó en su escrito que esa ley de amnistía, «llegado el caso, podrá ser de aplicación al procedimiento que el magistrado viene instruyendo por espacio de cuatro años y que, a la vista de sus manifestaciones, rechaza de plano». «Rechazo que, evidentemente, apunta al interés del magistrado por el presente procedimiento y su terminación hasta el punto de llegar a comparar una futura ley de amnistía con la esclavitud», aseguró.
García-Castellón es uno de los jueces más señalados por el independentismo, que denuncian un supuesto lawfare o persecución judicial contra políticos por su ideología. El presidente en funciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, ya archivó el expediente gubernativo contra el magistrado después de que este decidiera rechazar la recusación de uno de los investigados en Tsunami. Las presiones sobre el juez se redoblaron cuando amplió la investigación a Puigdemont y Rovira en plenas negociaciones entre el PSOE y Junts para investir presidente a Pedro Sánchez.
