Las asociaciones de jueces reprueban a Ribera: «Los políticos tienen querencia a señalarnos»

Las palabras de Teresa Ribera han levantado ampollas en la magistratura. Las asociaciones de jueces reprueban a la vicepresidenta tercera del Gobierno, que este viernes ha cuestionado al juez Manuel García-Castellón por tener «querencia» a actuar «en momentos políticos sensibles», en referencia a los pronunciamientos del instructor de Tsunami Democrátic, en el que se acusa al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont de terrorismo. Las organizaciones profesionales recuerdan a la ministra que en un Estado de derecho «las decisiones de los jueces se acatan y, si no se está de acuerdo, se recurren».

Ribera ha asegurado en una entrevista en TVE que García-Castellón acostumbra a «inclinar» sus decisiones «siempre en la misma dirección». La ministra de Transición Ecológica ha insistido en que las divulga «en momentos oportunos, con implicación política importante», como hizo cuando el Gobierno negociaba la amnistía a los líderes del procés. La acusación llega el mismo día que este juez ha imputado al exnúmero dos de Interior durante el mandato de Mariano Rajoy por presiones a Luis Bárcenas.

«La hemeroteca muestra que siempre tiene mucho acierto en las fechas y en la sensibilidad de estas fechas», ha espetado la ministra a la periodista Silvia Intxaurrondo. Desde La Moncloa no han tardado en salir al paso asegurando que «el Gobierno siempre respeta las decisiones del Poder Judicial aunque, en ocasiones, no comparta algunas de ellas». Eso sí, lo ha hecho sin nombrar a Ribera explícitamente.

Ribera y el lawfare

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional emitió este jueves un auto en el que apunta que los indicios de terrorismo contra Puigdemont se están consolidando. Además, rechazó un recurso de la Fiscalía, que se opone a su decisión de enviar las diligencias al Tribunal Supremo para que investigue el caso. El Ministerio Público rebaja lo sucedido a meros desórdenes públicos. Ribera ha sido especialmente dura con el juez al asegurar que algunos miembros del Poder Judicial «tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en la misma dirección en un momento particularmente oportuno».

«Siempre hemos defendido el derecho a la libertad de expresión y a la crítica a las resoluciones judiciales, sin embargo, lo que no resulta de recibo en un Estado de derecho es que un miembro del Gobierno (en este caso Ribera), acuse veladamente a un juez de prevaricar. Nos causa una enorme tristeza (aunque ya nada nos sorprende) que desde el propio Gobierno se asuma el discurso de aquellos que hablan de lawfare y de judicialización de la política», afirma en una nota la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

En opinión de esta organización de jueces, en una democracia plena las decisiones «se acatan y se cumplen» y, cuando no se está de acuerdo con su contenido, «se recurren cumpliendo los trámites legales». En esa dirección se ha expresado Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). En su opinión, los pronunciamos de un juez, y en este caso de García-Castellón, están siempre provocados por la actuación de las partes. «Lo que se deduce de las palabras de Ribera es que se ha hecho a conciencia. Es una acusación encubierta de prevaricación», denuncia.

«Lo que publica un juez no es una decisión definitiva; eso se debe dirimir en un juicio. De todas formas, no justifica ningún señalamiento público, que últimamente se está convirtiendo en una querencia de los políticos cuando un asunto no les gusta o no les viene bien. Los tiempos de la política y los de la justicia no son los mismos», indica Fernando Portillo, portavoz de Foro Judicial Independiente (FJI). E insiste: «En el caso de García-Castellón la Fiscalía recurrió y él se pronuncia».

Plantón a Bolaños

Ascensión Martín, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), prefiere mantenerse al margen de las polémicas declaraciones de Ribera porque forman parte de su libertad de expresión. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, han secundado la opinión de su compañera. Otros, como el ministro de Agricultura, Luis Planas, le ha corregido al asegurar que el Gobierno «respeta plenamente» la actuación judicial de García-Castellón.

Las declaraciones de Ribera han generado un profundo malestar en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE. Sin embargo, no tienen previsto hacer un comunicado público. Algunos magistrados acusan a Ribera de desconocer cómo funciona los procedimientos judiciales, ya que «cuando un fiscal presenta un recurso existen unos plazos concretos para dar respuesta» y que la resolución de García-Castellón, «se produjo en tiempo».

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido una nota en la que reprende a Ribera porque sus palabras «contribuyen al deterioro institucional». El órgano de los jueces entiende que sus manifestaciones son contrarias al principio de lealtad institucional y al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho, «uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes». Los vocales del sector conservador también han pedido a su presidente, Vicente Guilarte, que convoque una reunión extraordinaria para tratar el asunto.

El presidente del Supremo, Francisco Marín Castán, ya plantó en diciembre al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por las críticas que realizó la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, durante la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso tras acusar a los jueces de lawfare. Los magistrados trasmitieron a Marín Castán su descontento con el Gobierno por no haberles defendido de «las graves acusaciones» de la independentista. El dirigente socialista prometió entonces defenderles de cualquier injerencia y ataque.

Comparecencia en el Senado

El PP tilda las declaraciones de Ribera de «extrema gravedad». En su opinión, está acusando al juez de prevaricación y pone «voz a los que dicen que en España existe lawfare». La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que solicitará la comparecencia de la vicepresidenta tercera en el Senado.

«Una vicepresidenta acusando a un magistrado de prevaricación. El ataque del Gobierno a la división de poderes y a la defensa de los políticos indepes a costa de nuestro Estado de derecho sigue su escalada», ha denunciado en redes sociales el portavoz popular, Borja Sémper. El PP reprocha a los socialistas que «no cuestionaban la imparcialidad del juez García-Castellón cuando instruía casos como Púnica, Lezo o Kitchen».