Puigdemont apura sus opciones de librarse de la imputación de terrorismo en 'Tsunami'

El director de la oficina de Carles Puigdemont ha pedido que se archive Tsunami Democràtic. Josep Lluís Alay considera que el juez cometió un error a la hora de prorrogar los plazos de instrucción, lo que supondría anular la causa en la que el magistrado Manuel García-Castellón insiste en imputar al expresidente de Cataluña por terrorismo, extremo al que se opone la Fiscalía. La solicitud tiene lugar apenas un día después de que el PSOE y sus socios parlamentarios incluyeran varias modificaciones en la ley de amnistía referentes a este delito que podría entrar en contradicción con la normativa comunitaria.

Alay ha presentado este miércoles nuevas alegaciones ante el Juzgado Central de Instrucción número 6. El asesor de Puigdemont subraya en un escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE que el plazo máximo de instrucción de Tsunami finalizó el 29 de julio de 2021 «sin que se haya prorrogado con antelación a dicha fecha y se ha continuado prorrogando indebida e ilegalmente la instrucción contraviniendo manifiestamente lo establecido en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo».

«No se pueden acordar diligencias de investigación con fecha posterior al 29 de julio de 2021 por tratarse de un límite infranqueable el del agotamiento del plazo de instrucción», insiste el jefe de la oficina de Puigdemont, que ya recurrió ante la Audiencia Nacional la negativa a recusar a García-Castellón como juez instructor. En el escrito, Alay asegura que hasta esa fecha no se tomó declaración a ninguno de los investigados, así que todas las actuaciones desde entonces «son nulas de pleno derecho».

Asesor de Puigdemont

Esa decisión afectaría de lleno al expresident, al que García-Castellón señaló en noviembre como presunto responsable de Tsunami, que articuló la respuesta de los independentistas a la sentencia contra los líderes del procés que emitió el Supremo en octubre de 2019. El magistrado insiste en imputar a Puigdemont por un delito de terrorismo, ya que como presunto cerebro de la plataforma sería responsable de la muerte de un turista francés en el bloqueo que sufrió el aeropuerto de El Prat.

El PP rebajó a seis meses los plazos de instrucción, pero el PSOE los amplió a un año una vez que llegó al Gobierno. El director de la oficina de Puigdemont sostiene en el escrito que el juez acordó la prórroga de la instrucción un día más tarde de lo que obliga la ley, ya que la entrada en vigor de la reforma de los socialistas, que entró en vigor el 28 de julio de 2020, solo disponía de un año. Ante este escenario, Alay considera que la prórroga es «absolutamente irregular» y se deben anular todos los avances.

«El carácter prospectivo de la investigación queda de manifiesto a partir del momento en el que ni se respetan los plazos máximos de instrucción», insiste el escrito, compuesto por 15 páginas. El asesor de Puigdemont tilda de «errática» la investigación y afirma que «podría reunir las características de una causa general contra líderes independentistas catalanes». De hecho, insiste en que la reactivación dela causa coincidió con las negociaciones con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez y una eventual ley de amnistía.

García-Castellón solicitó elevar el caso al Supremo en noviembre, ya que Puigdemont está aforado por su condición de eurodiputado. Tras cuatro años investigando el caso, y a pesar de que la Guardia Civil no señaló al expresidente catalán en sus informes, el juez considera que está relacionado con los actos organizados por Tsunami, como también lo estaría la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Ambos abandonaron España en octubre de 2017 ante el temor de ser detenidos como responsables del procés.

Influencia rusa en el procés

El Tribunal Supremo dio el lunes el primer paso para decidir si se hace cargo de Tsunami. La Sala de lo Penal dictó una providencia para que la Fiscalía valore la exposición remitida por García-Castellón al Alto Tribunal para que continuara con las pesquisas. El Ministerio Público ya recurrió la decisión porque considera lo sucedido meros desórdenes públicos agravados.

Tsunami es una de las patas del caso Voloh, la macrocausa que tiene en el punto de mira la posible influencia rusa en el procés. Quedan abiertas causas en Barcelona y en Madrid, donde acabó investigado el director de la oficina de Puigdemont, que ha sido hasta en cinco ocasiones en diversas causas, entre ellas financiar viajes con dinero público.

En los mensajes intervenidos en los dispositivos de algunos imputados se acredita que tanto Alay como el exconsejero Xavier Vendrell daban cuenta a Puigdemont de las actividades relativas a la financiación de Tsunami y de la Casa de la República del expresident en Bélgica. Respecto a las operaciones sospechosas de blanqueo, la Guardia Civil sitúa en el centro a Jaume Cabaní, quien llevó las finanzas del Consell de la República entre diciembre de 2017 y mayo de 2018.