Moscú advirtió a Puigdemont de que le retiraría su apoyo si defendía al opositor Navalni

Alekséi Navalni se convirtió en una piedra en el zapato del Kremlin hace más de una década. El abogado consiguió movilizar a decenas de miles de personas tras las elecciones legislativas de diciembre de 2011, en las que denunció irregularidades. Permanece recluido en una remota cárcel del Ártico tras semanas ilocalizado. Su equipo llegó a temer por su vida, ya que hace años intentaron envenenarle. El régimen ruso ha protagonizado diversos choques con Occidente por este asunto. De hecho, Moscú advirtió al entorno del expresident Carles Puigdemont de que retiraría su apoyo al procés si defendía públicamente al principal opositor de Vladimir Putin.

El juez Joaquín Aguirre ha prorrogado seis meses la investigación del caso Voloh, que investiga el papel que desempeñó Rusia en España a través del independentismo catalán. El magistrado sospecha que Putin trató de desestabilizar a nuestro país en su estrategia de poner en jaque a la UE. Pone el énfasis en la reuniones que habrían mantenido Puigdemont y su entorno con emisarios del Kremlin en otoño de 2017, justo antes de que estallara el procés, y vincula el apoyo a cambio de «unas concretas prestaciones». Entre ellas, realizar una legislación favorable para la proliferación de la criptomoneda.

En el auto de prórroga, que se ha conocido este lunes, el juez considera acreditado que dos personas muy cercanas al expresident estaban detrás de los contactos con Rusia, después de que la detención del empresario catalán Víctor Terradellas le dejara «marcado e inutilizado como contacto» por su detención en mayo de 2018 en la Operación Estela, que investiga el fraude de subvenciones públicas. Su testigo lo tomó supuestamente Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont.

El silencio de Puigdemont

Aguirre considera acreditado que Alay tuvo varias conversaciones con el abogado de Puigdemont a través de mensajería instantánea en las que revelan «de manera inequívoca» sus contactos con altos dirigentes del Kremlin. Se refieren a la necesidad de que el expresident no criticara públicamente la gestión de Putin respecto al disidente Navalni ni atacara al presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, socio preferente de Rusia.

Navalni fue condenado el pasado 4 de agosto a 19 años de cárcel por «financiar e instigar actividades extremistas». Los cargos presentados estaban relacionados con su papel en el movimiento político que lideraba, ahora prohibido. Las autoridades rusas argumentan que su objetivo era fomentar una revolución al intentar desestabilizar la situación sociopolítica del país. Curiosamente, el mismo delito al que apunta el juez Aguirre contra Puigdemont y los independentistas con el Kremlin como telón de fondo.

El fallo contra Navalni se emitió a puerta cerrada. Extendía la pena de nueve años de reclusión que ya pesaba sobre el opositor por supuesto fraude. Fue acusado de enriquecerse con las donaciones realizadas a su plataforma contra la corrupción. A esto hay que sumarle otra condena de dos años y medio en 2021 por un caso que se remonta a hace más de una década. En total, pesan sobre él más de tres décadas de prisión.

Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, visitó Moscú en febrero de ese año, donde criticó el encarcelamiento de Navalni. Unas palabras que no sentaron nada bien al ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, que recriminó al jefe de la diplomacia europea que pusiera en duda decisiones de la justicia de su país sacando a relucir que España también tenía sus presos políticos, en referencia a los condenados por el 1-O.

Una prisión complicada

El equipo legal del opositor denunció en diciembre que había perdido el contacto con él hace tres semanas. Rusia advirtió entonces a Occidente (especialmente a Estados Unidos y la UE, que habían expresado su inquietud por la ausencia de información) de que no se entrometiera en un asunto de carácter interno. Días más tarde, sus colaboradores anunciaron que lo habían localizado sano y salvo en una cárcel situada en una remota región ártica del norte de Rusia.

El traslado de Navalni a una de las prisiones más duras del país estaba prevista, pero sus abogados dieron la voz de alarma tras desconocer el proceso. La cárcel en la que se encuentra está ubicada en la colonia penal IK-3 de Jarp, en la región de Yamal-Nenets, a casi 2.000 kilómetros de Moscú. Los inviernos son especialmente complicados en esta zona, con apenas unas horas de luz solar y termómetros cayendo por debajo de los 50 grados bajo cero.

Navalni fue envenenado en agosto de 2020 e ingresado en un hospital en la ciudad rusa de Omsk. Apenas unos días más tarde, vio la luz una carta en la que una veintena de eurodiputados solicitaban al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que indultara al informático Edward Snowden, que se refugió en Rusia tras difundir datos de la Agencia Nacional de Seguridad. Entre los firmantes se encontraba Puigdemont. En una conversación interceptada judicialmente, Alay reconoció al abogado del expresident que la misiva había sido «una apuesta muy arriesgada».

El abogado le restó importancia, pero el jefe de la oficina de Puigdemont le respondió que se trataba un tema similar al de Navalni. El responsable legal del expresident le replicó que «los rusos están apoyando esto». El principal opositor de Putin acabó siendo trasladado a un hospital alemán, donde permaneció varios días en coma inducido. Recibió el alta en septiembre y a principios del año siguiente regresó a Rusia, donde fue detenido tras aterrizar.

La primera condena llegó apenas un mes más tarde por no haberse presentado a una cita judicial que databa de 2014. Su detención provocó manifestaciones multitudinarias en Rusia y la condena de la comunidad internacional, pero Puigdemont calló para evitar poner en peligro el apoyo de Putin al procés. El expresident tampoco se manifestó en agosto, tras la última condena al opositor ruso a pesar de que la decisión levantó las críticas de la UE, a la que representa como eurodiputado.