El juez reabre la causa de los 'ongi etorris' para investigar las filtraciones al entorno de ETA
Las alegaciones presentadas por Dignidad y Justicia revelan comunicaciones entre el Gobierno y la izquierda ‘abertzale’
Manuel García-Castellón reabre la causa de los ongi etorris para investigar las filtraciones al entorno de ETA. El juez de la Audiencia Nacional que investigaba la organización de homenajes a presos de la banda terrorista ha decidido revocar el cierre de la instrucción que dictó en octubre a petición de la Asociación Dignidad y Justicia, que hace unas semanas presentó un escrito de alegaciones plagado de mensajes entre miembros de la izquierda abertzale para dictar «directrices e instrucciones» que incluían comunicaciones sensibles presuntamente remitidas por el jefe de prisiones de Fernando Grande-Marlaska.
La resolución, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, está fechada el 29 de enero y consta de cuatro páginas. García-Castellón ha decidido estimar el recurso de reforma interpuesto por la organización que preside Daniel Portero, cuyo padre fue asesinado por ETA. Se han sumado la Asociación Víctimas del Terrorismo y el PP, que ejercen la acusación popular. Los tres solicitaban que se ampliaran las diligencias y el tiempo para practicarlas, criterio al que se opuso la Fiscalía.
El Ministerio Público pidió imputar a los etarras Antonio López Ruiz, alias Kubati, principal investigado; Carlos Sáez de Eguilaz y Felipe San Epifanio; y los miembros de Sortu Haymar Altuna, Oinaha Garmendia y Oihana San Vicente. El escrito deja sin efecto el auto que dictó el magistrado el pasado 27 de octubre, en el que decidió no prorrogar la instrucción. García-Castellón califica aquella decisión de «prematura» ya que «faltaban diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos».
Presos de ETA
El juez decide ahora alargar la instrucción durante seis meses, hasta el 29 de julio, y ordena a Telegram a través de la unidad policial investigadora que informe de la titularidad de diferentes canales e identifique a sus administradores. Dichos chats eran frecuentados por dos veteranos de ETA que se encontraban entre los investigados por organizar un centenar de ongi etorris entre 2016 y 2019, los mencionados Sáez de Eguilaz y San Epifanio.
«Ambos investigados son usuarios de canales de Telegram donde se imparten directrices e instrucciones sobre diversas cuestiones y ámbitos relacionados con los presos y fugados de ETA, recibiendo abundante información y promoviendo campañas y movilizaciones a favor de los presos de la organización terrorista», señala el auto. García-Castellón asegura desconocer quienes son los administradores de dichos chats, pero subraya que dos pertenecen a Sortu y uno a la plataforma Sare, una de las organizaciones encargadas de los actos para homenajear a los presos etarras.
La decisión de reabrir el caso de los ongi etorris, que arrancó en 2018, viene motivada por las alegaciones que presentó Dignidad y Justicia hace unas semanas ante la Audiencia Nacional. El escrito incluía mensajes interceptados por la Guardia Civil en el transcurso de la investigación. En ella se incluye la información sensible que compartía presuntamente el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz con el entorno de ETA entre 2019 y meses antes de que se produjera el traspaso de competencias al País Vasco, en octubre de 2021.
Los investigadores no identifican a Ortiz, pero los documentos en poder del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional apuntan directamente a él porque su nombre aparece de forma íntegra en las comunicaciones, a las que ha tenido acceso este diario. Mensajes de texto, audios y correos electrónicos en los que daba cuenta de forma periódica sobre acercamientos, progresiones de grado de los presos etarras y hasta de la estrategia procesal de algunas víctimas de ETA, en este caso el propio Portero.
Ampliar la investigación
Los interlocutores del jefe de prisiones eran Joseba Azkarraga (dirigente de Sare) y los abogados de presos de ETA Julen Arzuaga y José María Matanzas, que en 2007 fue condenado a 14 años de cárcel por «integración en organización terrorista». Todos ellos informaban de las conversaciones con Ortiz Kubati, a quien la Fiscalía pidió procesar hace tres semanas por organizar presuntamente un centenar de ongi etorri.
En sus alegaciones, la Asociación Dignidad y Justicia solicita ampliar la investigación y tomar declaración a Azkarraga, Arzuaga y Matanzas «por la existencia de indicios racionales de criminalidad que permiten determinar, si quiera indiciariamente, su participación en los hechos investigados». En los mensajes interceptados, Azkarraga y Arzuaga desvelan incluso su calendario de reuniones con Ortiz y preguntan a su entorno si les interesa que le trasladen algún asunto concreto.